El Gobierno aprobará este martes 8 de septiembre de 2026, en la reunión del Consejo de Ministros, la desclasificación de los informes sobre la entrada masiva de personas a Ceuta desde la frontera con Marruecos los días 30 y 31 de julio, y esos documentos quedarán a disposición pública el miércoles 9. Lo adelantó Europa Press la mañana del lunes 7, citando «fuentes gubernamentales» que no identifica. No hay, al cierre de esta información, comunicado de La Moncloa ni referencia del Consejo de Ministros que lo confirme: es un plan atribuido a fuentes anónimas, no un acuerdo adoptado.

Lo que dijo el presidente, palabra por palabra

El compromiso de publicar sí está documentado. En su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de la crisis, cuya transcripción publica La Moncloa con fecha del 3 de septiembre, Pedro Sánchez lo formuló así: «He dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse. Por sí solos y por sí mismos». Y remató: «Absoluta, absoluta transparencia, publicidad de todos los documentos para que se sepa exactamente la verdad sobre esta cuestión».

En el texto de esa intervención no aparece la palabra «desclasificación». La diferencia no es de matiz. Publicar un dosier es una decisión de comunicación que el Gobierno puede tomar cuando quiera; desclasificar es un acto formal. La Ley 9/1968 de Secretos Oficiales llama «materias clasificadas» a los asuntos «cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado», las califica como «secreto» o «reservado» y reserva esa calificación al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Su artículo 7 añade que «la cancelación de cualquiera de las calificaciones será dispuesta por el órgano que hizo la respectiva declaración»: de ahí que el levantamiento tenga que pasar por el Consejo de Ministros. Si lo que se lleva el martes al Consejo es una desclasificación en sentido estricto, implica que parte de esos informes estaban formalmente clasificados. Ni La Moncloa ni Interior han precisado cuáles ni en qué categoría.

La prueba de fuego del dosier: la nota del 29 de julio

La utilidad del dosier se juega en un documento concreto, y ese documento ya tiene dos lecturas públicas y contradictorias.

Sánchez sostuvo en el Congreso que el Gobierno no recibió alerta alguna que anticipara lo que pasó: «Hemos examinado todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia [CNI] (…) y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario». Sobre el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) —la unidad de análisis dependiente de la Policía Nacional cuyos informes ya provocaron una crisis política la primera semana de septiembre— detalló que elaboró dos notas, el 28 y el 29 de julio. La del 29, dijo, hablaba de «un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla» y adjuntaba una tabla de escenarios que atribuía probabilidad «media y baja» a un movimiento coordinado de entradas a nado y salto a la valla; la propia nota, según él, admitía que «no puede asegurarse que esto vaya a producirse». De esa nota, añadió, salieron alertas a los puestos fronterizos: la primera, el 29 de julio a las 21:09.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón describe el mismo material de otra manera. En el auto por el que asumió el lunes 7 la investigación de la entrada masiva, la magistrada afirma que el CENIF emitió el 29 de julio una «Alerta de Riesgo de Entrada Masiva» difundida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que preveía un riesgo «extremo» para el escenario de entradas a nado combinadas con salto a la valla, y anuncia que investigará también «la articulación de adecuados medios de respuesta» a la vista de esas alertas previas.

Conviene no forzar el contraste: el presidente cita la probabilidad asignada en la tabla de escenarios de una nota informativa, y la jueza, el nivel de riesgo de la alerta que se derivó de ella. Pueden ser dos casillas distintas del mismo expediente. Pero uno dice «media y baja» y la otra, «extremo», sobre el mismo día y el mismo supuesto. Ninguno de los dos documentos es público. Esa es, exactamente, la discrepancia que un dosier completo permitiría resolver —y la razón por la que importa qué se publica el miércoles y qué no.

No es la primera vez que estos papeles se cuentan de formas incompatibles: el 2 de septiembre la dirección de la Policía Nacional negó que existiera un informe que atribuyera la entrada a fuerzas marroquíes mientras extractos de ese documento circulaban ya por varias redacciones.

Cuántos entraron: las cifras tampoco cuadran

Europa Press habla de «unos 80.000 migrantes». El propio Sánchez dio en el Congreso una cifra sensiblemente menor: «unas 70.000 personas» habían accedido de forma irregular cuando se cerró la frontera la noche del 30 de julio, de las que más de 63.000 habían regresado en 72 horas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró el 4 de agosto las entradas en 72.000, el Gobierno de Ceuta las elevó a unas 75.000 y su presidente, Juan Jesús Vivas, llegó a hablar de 80.000. No existe un recuento independiente y auditable: todas las cifras proceden de administraciones implicadas en la gestión de la crisis, y la horquilla entre la más baja y la más alta ronda las 30.000 personas.

Con los muertos ocurre algo parecido. Sánchez habló en el Congreso de «141 migrantes que murieron en el mar»; el auto de la Audiencia Nacional fija en 83 los fallecimientos acreditados hasta ahora en aguas españolas. Son recuentos de alcance distinto —el mar entero frente a la jurisdicción española— y ninguno de los dos ha sido publicado con su desglose.

Qué falta por confirmar

Esta pieza se apoya en una única fuente periodística, Europa Press, que a su vez atribuye el hecho a fuentes gubernamentales no identificadas. Esta redacción no ha podido contrastar con un comunicado oficial que la desclasificación esté en el orden del día del Consejo de Ministros del martes, ni conocer el alcance exacto de los documentos afectados, ni si se publicarán íntegros o con partes tachadas. La afirmación de que ningún aviso alertaba de una entrada masiva es, por ahora, la versión del Gobierno sobre sus propios informes: no está contrastada con los documentos originales, que nadie ajeno al Ejecutivo y a la instrucción judicial ha visto.

Contexto

Los días 30 y 31 de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta a nado y bordeando el espigón de El Tarajal. El Gobierno declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional y puso la gestión bajo un mando único, la primera vez que se usa ese mecanismo en democracia. La Audiencia Nacional investiga los hechos desde el 7 de septiembre, con el aval de la Fiscalía y parte de las actuaciones declaradas secretas; no hay ninguna persona investigada con nombre en la causa. En el Congreso, el PP lleva esta semana al Pleno su propio plan de frontera para Ceuta.

Fuentes

• Europa Press, «El Gobierno desclasificará este martes los informes de la crisis de Ceuta y estarán a disposición pública el miércoles», 7 de septiembre de 2026.
• La Moncloa, transcripción de la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso sobre la gestión de la crisis de Ceuta, fechada el 3 de septiembre de 2026 (texto editado por la Secretaría de Estado de Comunicación).
• BOE, Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (texto consolidado), artículos 2, 3, 4 y 7.