El PP llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su plan para la crisis migratoria de Ceuta. Es una proposición no de ley registrada a mediados de agosto, a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press. La iniciativa se ordena en cuatro pilares —infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales— y añade dos bloques más: relaciones con Marruecos y dinero.

Conviene saber qué se vota. Los artículos 193 a 195 del Reglamento del Congreso permiten a los grupos parlamentarios presentar «propuestas de resolución a la Cámara»: eso es una proposición no de ley. No cambia ninguna norma. Si el Pleno la aprueba, el Congreso insta al Gobierno a hacer algo, y del Gobierno depende hacerlo.

Espigón, policías, jueces

En infraestructuras, la petición concreta es alargar el espigón del Tarajal —el dique que se adentra en el mar junto al principal paso fronterizo con Marruecos— para reforzar el perímetro.

En personal, el PP pide consolidar refuerzos permanentes de Guardia Civil y Policía Nacional, dotar a Ceuta de las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los expedientes, reforzar a los profesionales sanitarios y promover ante los órganos competentes un aumento de jueces y fiscales. Ese último frente ya se movió por su cuenta: el Consejo General del Poder Judicial destinó el 28 de agosto a un magistrado de refuerzo al tribunal de instancia de la ciudad, en comisión de servicio de seis meses prorrogables.

Expulsiones y Frontex

La proposición insta al Ejecutivo a activar «de manera inmediata» los procedimientos de retorno voluntario o expulsión de todas las personas que accedieron ilegalmente a España, a desplazar a Ceuta las unidades de Extranjería necesarias y a aprobar un calendario para culminar la tramitación de los expedientes. Son, sobre todo, los de quienes entraron en la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Pide además el despliegue inmediato de Frontex —la agencia europea de la guardia de fronteras y costas—, incluidas sus unidades de intervención rápida; procedimientos de triaje, es decir, la clasificación rápida de los recién llegados para identificarlos y someterlos a controles de seguridad; y procedimientos fronterizos acelerados de asilo y retorno. Reclama también activar los mecanismos del reglamento europeo previstos para situaciones de crisis e instrumentalización, y usar «todos los instrumentos jurídicos nacionales y europeos» para defender la integridad territorial de España.

Frontex ya trabaja en Ceuta, y el Gobierno lleva semanas pidiendo más: el 28 de agosto el ministro del Interior reclamó por carta a Bruselas diez agentes adicionales para el triaje, entrevistadores de la Agencia de Asilo de la UE y cooperación reforzada de Europol. Y el miércoles 2 de septiembre, según Europa Press, Pedro Sánchez anunció en el Congreso que España solicitará la «presencia permanente» de Frontex en el puerto y el espigón de Ceuta, una petición sobre la que Bruselas espera aclaraciones para cerrar su evaluación. El orden importa: la proposición del PP se registró a mediados de agosto, semanas antes de ese anuncio.

La reforma legal apunta a una sentencia del Supremo

Es el punto con más recorrido jurídico. El PP quiere modificar la Ley Orgánica de Extranjería para extender a las entradas irregulares por mar el «rechazo en frontera»: la devolución inmediata, sin procedimiento administrativo, que la disposición adicional décima de esa ley permite con quien es detectado «mientras intenta superar los elementos de contención fronterizos» de Ceuta o Melilla.

Esa reforma tiene una diana precisa. El Tribunal Supremo resolvió el 8 de julio de 2026 que la disposición no ampara el rechazo de quienes son interceptados en el mar al intentar llegar a nado, y que a esas personas hay que aplicarles el procedimiento ordinario de devolución. El asunto está resuelto en vía judicial; cambiar la ley es la única vía para revertir esa interpretación. El PP ya registró en julio, además, una proposición de ley —esa sí modifica la norma— con el mismo objetivo, respaldada por el Gobierno de Ceuta.

El texto propone también reformar la Ley de Asilo «de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho».

Marruecos, Bruselas y 650 millones

Sobre Marruecos, la proposición pide «reorientar» las relaciones bilaterales sobre los principios de «respeto y reciprocidad», promover una relación que «no admita amenazas ni chantajes» y reafirmar que la integridad territorial de España «no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas». Ante la Unión Europea, reclama el reconocimiento de la situación «singular y excepcional» de las dos ciudades, con un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas en fondos, fiscalidad y fronteras, y representación propia de ambas en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

El último bloque es dinero: un Plan de Reactivación Económica de Ceuta y Melilla dotado con «al menos 650 millones de euros» entre 2027 y 2032, pactado con las dos ciudades y con participación de su sociedad civil. Lo acompañaría una Ley de Régimen Especial de Ceuta y Melilla que garantice por ley bonificaciones a la Seguridad Social del 50 % y del 75 % en las actividades económicas que se determinen, más incentivos para el comercio, la hostelería y los autónomos, mejoras de conectividad con la Península, un plan de choque contra el paro juvenil, medidas de acceso a la vivienda y mayor presencia estructural del Estado en sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

Las dos cifras que circulan estos días no son comparables sin ponerles base. Los 650 millones que pide el PP cubren seis años y dos ciudades. El real decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre moviliza 309 millones solo para Ceuta y solo en los cuatro meses que quedan de 2026.

Tres peticiones que el Gobierno ya cumplió

Como la proposición se registró a mediados de agosto, arrastra tres reclamaciones que el Ejecutivo ha materializado desde entonces: declarar Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y nombrar una autoridad funcional que dirija y coordine la respuesta. Ese mando único recayó el 25 de agosto en Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Queda por saber el resto. El texto íntegro no está publicado todavía en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de modo que lo que se conoce de él procede de la agencia que accedió al documento registrado. Tampoco consta el día exacto de la votación, ni qué apoyos reúne el PP en una Cámara donde el Gobierno carece de mayoría.

Fuentes

• Europa Press, «El PP lleva al Congreso su plan para Ceuta: reforzar frontera, agilizar expulsiones y más policías», 5 de septiembre de 2026.
• Reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 193 a 195, texto consolidado en el «BOE».

Fuente única. Esta noticia se sostiene en un solo medio, Europa Press (confianza alta), que es además el único que ha tenido acceso al texto registrado. La proposición no de ley no está publicada.