Pedro Sánchez presidió la mañana del martes 25 de agosto de 2026, en el complejo de La Moncloa, la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional dedicada a Ceuta. Lo acredita la galería fotográfica que difundió el propio Gobierno: el presidente en la cabecera de la mesa, ministros a ambos lados y una pantalla con quienes seguían la sesión por videoconferencia. Es la primera reunión del órgano desde el 21 de abril, cuatro meses de silencio que este medio contó al conocerse la convocatoria. Según Europa Press, asistieron 17 ministros —entre ellos los tres vicepresidentes— y el presidente de la Ciudad Autónoma, el popular Juan Jesús Vivas.

Después de esa reunión, siempre según Europa Press, el Consejo de Ministros debe aprobar el real decreto que declara Ceuta en situación de interés para la seguridad nacional y que pone al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al frente de un mando único para la crisis migratoria.

Conviene ser exactos con el tiempo verbal: a las 10:05 UTC del martes 25 esa declaración seguía siendo un anuncio. El sumario del BOE de ese día no publica el real decreto —su única entrada referida a Ceuta es una resolución sobre una línea eléctrica—, y la última referencia del Consejo de Ministros publicada por La Moncloa seguía siendo la del 28 de julio. Todo lo que se sabe del contenido del decreto procede del anuncio que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hizo el lunes 24 en Ceuta tras reunirse con Vivas, y de la nota oficial que La Moncloa publicó el martes 25.

Qué activa el decreto, y qué no

La figura está en los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. El artículo 23 la reserva para las crisis que, «por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución», exigen coordinación reforzada de todas las autoridades bajo dirección del Gobierno. Y pone un límite tajante: se afronta «con los poderes y medios ordinarios» y «en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas». No es un estado de alarma.

El artículo 24 exige que la declare el presidente del Gobierno por real decreto —la nota de Moncloa dice que la declarará «en el Consejo de Ministros y mediante Real Decreto»— y fija su contenido mínimo: definición de la crisis, ámbito geográfico, duración y posible prórroga, nombramiento de la autoridad funcional con sus competencias, y recursos humanos y materiales comprometidos. Obliga además a todas las autoridades a aportar los medios que tengan bajo su dependencia y al Gobierno a informar «inmediatamente» al Congreso. Hasta que ese texto exista, el mando único no tiene plazos, ni perímetro, ni competencias que puedan comprobarse.

Una precisión sobre una etiqueta que ha circulado sin matices: Cuerpo y Europa Press describen la declaración como «el máximo nivel de gravedad en materia de protección civil». La figura no pertenece a la legislación de protección civil, sino a la Ley de Seguridad Nacional. El escalón superior de la protección civil es otro —la «emergencia de interés nacional», que declara el ministro del Interior según el artículo 34.2.c) de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil— y no es el que el Gobierno va a activar.

Quién se sienta en el mando único

Según la nota de La Moncloa, el mando único lo encabezará Torres y contará con un comité especializado formado por representantes de la Ciudad Autónoma —con Vivas—, el delegado del Gobierno en Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y «todos los ministros implicados», asesorados por el Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de apoyo de Presidencia en esta materia.

Es la tercera vuelta de tuerca al mismo encargo en cinco días. Torres aparecía como coordinador de la crisis desde el 21 de agosto, cuando tres cabeceras lo publicaron citando fuentes anónimas del Ejecutivo y sin ningún acto administrativo detrás. El decreto, si incluye el nombramiento previsto en el artículo 24, será el primer papel que delimite qué puede decidir y qué no. Quien lo pedía era Vivas: lo reclamó por primera vez el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, y lo repitió durante todo agosto.

Un plan de choque sin cifra

La segunda pata del anuncio es económica. Cuerpo prometió una ampliación «extraordinaria e inmediata» del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, que el Gobierno y la Ciudad Autónoma impulsan desde 2022 y que, según Moncloa, ha movilizado «más de 180 millones de euros», una cifra que el Ejecutivo califica de récord en la ciudad y de la que no ha publicado desglose. La ampliación no tiene todavía importe, medidas ni calendario: el Gobierno y la Ciudad Autónoma las definirán «en los próximos días» con agentes sociales, asociaciones y empresarios, para aprobarlas «cuanto antes». Los tres objetivos declarados son reforzar la seguridad urbana y fronteriza, gestionar los retornos y ofrecer soluciones a las personas migrantes que siguen en la ciudad, y fortalecer los servicios públicos y la economía ceutí.

Las cifras las pone el Gobierno

En su relato, Cuerpo divide la crisis en tres fases: frenar el flujo —logrado el 31 de julio, dice—, asistencia humanitaria con repatriación voluntaria, y la actual, la de repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer, acoger a menores y solicitantes de asilo y evitar que la ciudad pague la factura. Ahí sitúa el dato más llamativo de la nota: el retorno a Marruecos de «más del 90%» de quienes entraron de forma irregular. Es un cálculo del propio Gobierno, sin recuento público auditable que permita contrastarlo.

Tampoco lo hay de la cifra de partida. Europa Press escribe 80.000 entradas entre el 30 y el 31 de julio; es el extremo alto de una horquilla que nadie ha cerrado: el ministro del Interior habló de 72.000, el Gobierno de Ceuta de unas 75.000 y Vivas de hasta 80.000. En aquella jornada murieron al menos 75 personas, según la Delegación del Gobierno. Los expedientes que el mando único promete acelerar son, en buena parte, los de los menores no acompañados que quedaron en la ciudad.

El PP: «Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones»

La oposición ató el calendario a la agenda del presidente. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reprochó en Onda Cero —en declaraciones recogidas por Europa Press— que las medidas extraordinarias lleguen «ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones», casi un mes después de la entrada masiva, y dijo que su partido no recibió información sobre la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. También puso en duda la elección de Torres: «Lo lógico es que quien tuviera el mando único fuese un ministro como el de Interior, la ministra de Defensa… Gente que tiene sus propios servicios, toda la información y los servicios de inteligencia».

El martes 25 arrancó además el calendario de comparecencias extraordinarias de ocho miembros del Gobierno en el Congreso: la primera, la de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fuentes

• La Moncloa: «El Gobierno constituirá un mando único para gestionar la crisis migratoria en Ceuta y ampliará de forma extraordinaria el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad», nota de prensa publicada el 25 de agosto de 2026 (fuente-sujeto: el Gobierno sobre su propia decisión), y galería fotográfica de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional del mismo día.
• Europa Press: «El Gobierno declara la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ por Ceuta y Torres asumirá el mando único» y «El PP reprocha al Gobierno esperar a que Sánchez acabara sus vacaciones para asumir el mando único en Ceuta», ambas del 25 de agosto de 2026.
• BOE: Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (artículos 23 y 24); Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (artículo 34), y sumario del 25 de agosto de 2026.

Comprobado a las 10:05 UTC del 25 de agosto de 2026: el real decreto no figura en el BOE de ese día ni La Moncloa ha publicado la referencia del Consejo de Ministros. Esta pieza se actualizará cuando el texto exista.