El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, coordinará la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria de Ceuta. Lo adelantó El Periódico el viernes 21 de agosto de 2026, y lo confirmaron después, con fuentes del propio ministerio, Europa Press y El Mundo. Ninguna de las tres informaciones se apoya en un documento oficial: no hay resolución publicada, ni comunicado, ni nombre y apellidos de quien lo cuenta.

El matiz importa, porque las tres versiones no dicen exactamente lo mismo. Europa Press escribe que Sánchez «ha pensado» en Torres para designarle «próximamente», y El Mundo que «será designado». El Periódico va más allá y sitúa el encargo en pasado: Torres es «desde hace días» quien recopila la información de todos los departamentos y armoniza su trabajo, y desde Moncloa apuntan que «no será necesario que el Consejo de Ministros haga ninguna designación oficial» el martes siguiente. Es decir: un mando único que existe sin acto administrativo que lo cree, lo delimite o lo haga verificable.

Qué es el «mando único» y quién lo pedía

«Mando único» significa, en la práctica, que un solo responsable centraliza las decisiones que hasta ahora tomaba cada ministerio por su cuenta. Es lo que reclamaba desde el 29 de julio el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, un día antes de la entrada masiva: pidió al Gobierno central un mando único que coordinase a los ministerios, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. Lo repitió el 30 de julio y volvió a plantearlo el lunes 10 de agosto, cuando recibió a Torres en Ceuta y le pidió un «plan específico para recuperar la normalidad», según Europa Press.

El Mundo cifra en seis los ministerios que Torres coordinará «como mínimo» —Interior, Exteriores, Defensa, Migraciones, Sanidad y Juventud e Infancia—, y precisa que en el Gobierno no concretan el número. El Periódico enumera cinco departamentos «volcados» en la respuesta y reparte los papeles: Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), en seguridad y frontera; José Manuel Albares (Exteriores), en el canal con Rabat y Bruselas; Elma Saiz (Inclusión), en la acogida —el 17 de agosto empezó a montar cuatro dispositivos temporales con 1.500 plazas iniciales—, y Sira Rego (Juventud e Infancia), en la protección de los menores.

Por qué Torres, según su ministerio

Las fuentes del Ministerio de Política Territorial que citan las tres cabeceras defienden la elección con tres argumentos. Que dirige una cartera «transversal». Que presidió el Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023 y gestionó allí varias crisis migratorias, «aunque de menor envergadura», precisa El Mundo. Y que impulsó la reforma de la Ley de Extranjería para repartir menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas cuando una de ellas supera su capacidad de acogida.

Esa reforma es el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, convalidado por el Congreso el 10 de abril de 2025 —con los votos en contra de PP y Vox, según El Mundo— y publicado el acuerdo en el BOE. Conviene la precisión que las crónicas se saltan: la norma no reescribió el artículo 35 de la ley, sino que le añadió cuatro artículos nuevos, del 35 bis al 35 quinquies, que crean la figura de la «contingencia migratoria extraordinaria» y el reparto territorial de menores. Es la palanca legal que el Gobierno invoca desde el 30 de julio, y de cuyo uso Torres pidió el 4 de agosto que las comunidades «estén a la altura».

Hay un cuarto argumento que solo aparece en El Periódico, atribuido al Ejecutivo: que Torres ya coordinó la respuesta a la dana de Valencia y tuvo «un papel muy destacado» en el dispositivo del hantavirus de mayo de 2026. Esta redacción no ha localizado ningún registro oficial de aquellas coordinaciones, así que el dato queda como lo que es: la versión del Gobierno sobre sí mismo.

Tres semanas de crisis, y un reparto de culpas

La entrada masiva del 30 de julio sigue sin tener una cifra fiable. El Ministerio del Interior habla de unas 72.000 personas; el Gobierno de Ceuta, de unas 75.000, y Vivas llegó a decir 80.000 —el número que dan por bueno El Mundo y El Periódico—, sin ningún recuento auditable ajeno a las administraciones. La Delegación del Gobierno confirmó al menos 75 muertos. Desde entonces, el Gobierno ha encadenado la barrera de El Tarajal, el triaje de asilo, los dispositivos de acogida y ocho comparecencias ministeriales en el Congreso entre el 25 y el 31 de agosto.

El PP se apunta el tanto. La dirección nacional del partido considera, según El Mundo, que esta es la primera medida que Sánchez «compra» a Alberto Núñez Feijóo, porque figuraba entre «las siete soluciones» que el líder de la oposición detalló en su visita a Ceuta del miércoles 19 de agosto. Esta redacción no ha localizado ese listado publicado por el PP: la afirmación es de fuentes populares anónimas y como tal se recoge.

Fuentes

• El Periódico, «Sánchez designa al ministro Ángel Víctor Torres como coordinador de la respuesta a la crisis de Ceuta» (21 de agosto de 2026), que dio la información primero, citando fuentes del Ejecutivo y de Moncloa.
• Europa Press, «El ministro Ángel Víctor Torres será el coordinador del Gobierno para gestionar la crisis de Ceuta» (21 de agosto de 2026), con fuentes del Ministerio de Política Territorial.
• El Mundo, «El Gobierno designará al ministro Torres como coordinador de la crisis en Ceuta tres semanas después de la avalancha» (21 de agosto de 2026), con fuentes del mismo ministerio y de la dirección nacional del PP.
• BOE, Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y acuerdo de convalidación del Congreso de 10 de abril de 2025.

Al cierre de esta pieza —comprobado el 22 de agosto de 2026 en el portal de La Moncloa y en el listado de última hora de Europa Press sobre Ceuta— el Gobierno no había publicado ningún comunicado, resolución ni referencia del Consejo de Ministros sobre este encargo. Todo lo que se sabe de su alcance y de su forma jurídica procede de fuentes anónimas del Ejecutivo.