La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que sea ese tribunal, y no otro, quien investigue lo que pasó en la frontera de Ceuta el 30 y el 31 de julio de 2026. Su fiscal jefe, Jesús Alonso, ha trasladado a la jueza María Tardón que la Audiencia Nacional es «competente para conocer del asunto referido», según una nota de prensa de la propia Fiscalía recogida por Europa Press el viernes 4 de septiembre. El argumento es de geografía penal: «el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional».

El escrito reconoce que buena parte de lo que precedió a aquellos dos días ocurrió al otro lado de la valla. «Una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español», sostiene la Fiscalía. De ahí, concluye, que el caso corresponda a un órgano «con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados».

Los delitos que la Fiscalía ve, por ahora

El Ministerio Fiscal enumera qué delitos podrían apreciarse «en esta fase inicial del procedimiento» y «sin perjuicio de la ulterior calificación jurídica que resulte de la instrucción» —es decir, una lista provisional que la investigación puede ampliar, reducir o descartar—: favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por poner en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas; homicidio y lesiones por imprudencia grave, en concurso con el anterior (varios delitos derivados de unos mismos hechos, que se juzgan juntos); y organización o grupo criminal.

La instrucción deberá determinar además, según la Fiscalía, si los hechos «pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado».

Conviene subrayar lo que esa lista no dice: es una calificación preliminar de unos hechos, no una acusación contra nadie. En esta causa no consta ninguna persona investigada, como ya ocurría cuando Tardón pidió información a la Guardia Civil sobre posibles alertas previas.

Qué significa el secreto parcial

Alonso pidió también que, «dada la concurrencia de razones excepcionales», la jueza declare el secreto parcial de las actuaciones. Es una medida tasada: el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez, a propuesta del fiscal, de las partes o de oficio, declarar la causa «total o parcialmente secreta para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes», y solo para evitar un riesgo grave a la vida, la libertad o la integridad de alguien, o para proteger el resultado de la investigación. En la práctica, quienes se han personado —incluido el propio Gobierno de Ceuta— dejarían de ver una parte del expediente mientras dure. Quien decide es la jueza, no la Fiscalía.

Una causa que todavía no sabe de quién es

Tardón abrió diligencias previas sobre Ceuta a raíz de una denuncia de la organización Iustitia Europa, que se define como partido político, y fue ella quien pidió a la Fiscalía que se pronunciara sobre la competencia antes de decidir si se queda con el caso. Ahora resuelve con este informe encima de la mesa. Según La Vanguardia, la magistrada debe pronunciarse a la vez sobre la admisión a trámite de las querellas presentadas por varias acusaciones, y antes de hacerlo reclamó informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre lo sucedido, sus posibles autores y las alertas de los días previos.

Esos informes son ya materia de conflicto público: la Policía Nacional negó el 2 de septiembre que exista un informe policial que atribuya a Marruecos la planificación de la entrada horas antes de que Europa Press y El Confidencial publicaran extractos de un documento del CENIF —la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras— remitido a Tardón que sí apunta en esa dirección. Esta redacción no ha visto ninguno de los dos documentos. La Vanguardia resume ese contraste diciendo que el informe policial «deslizó la posible complicidad del gobierno marroquí» mientras que la Guardia Civil atribuyó lo ocurrido a las campañas masivas en redes sociales.

El día anterior, el Consejo de Gobierno de Ceuta acordó personarse como acusación particular en esta misma causa. Aquella decisión era sobre quién entra en el procedimiento; esta, sobre qué tribunal lo dirige y cuánto podrá verse de él.

El episodio investigado

Los días 30 y 31 de julio de 2026, miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta a nado y bordeando el espigón de El Tarajal. No existe un recuento independiente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró el 4 de agosto la entrada en 72.000 personas y la Delegación del Gobierno confirmó ese mismo día 75 muertos; el Gobierno de Ceuta elevó las entradas a unas 75.000 y su presidente, Juan Jesús Vivas, llegó a hablar de 80.000, la misma horquilla que maneja La Vanguardia. Dos días después, el instituto forense de la ciudad había recibido 80 cuerpos. La sobrecarga judicial llevó al Consejo General del Poder Judicial a enviar un magistrado de refuerzo a Ceuta el 28 de agosto.

Ni el escrito del fiscal jefe ni la nota de prensa de la Fiscalía están publicados en la web del Ministerio Fiscal a fecha de cierre de esta información: todo su contenido se conoce a través de Europa Press, El País y La Vanguardia, que lo publicaron por separado el 4 de septiembre.

Fuentes

• Europa Press, «La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue la crisis de Ceuta y pide el secreto parcial», 4 de septiembre de 2026.
• La Vanguardia, «La Fiscalía pide a la jueza Tardón que investigue la entrada masiva de migrantes en Ceuta», 4 de septiembre de 2026.
• El País, «La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional inicie una investigación por la crisis migratoria de Ceuta», 4 de septiembre de 2026 (titular y URL verificados en su RSS; el artículo devuelve error 403 a esta redacción).
• BOE, Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 302 (texto consolidado).