El Consejo de Gobierno de Ceuta se reunió de forma extraordinaria el jueves 3 de septiembre de 2026 para tomar una decisión que lleva a la Ciudad Autónoma al banquillo de los acusadores: personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal los días 30 y 31 de julio. La acusación particular es la figura con la que quien se considera perjudicado por un delito se convierte en parte del proceso penal: puede pedir diligencias, proponer pruebas y reclamar penas e indemnizaciones, en paralelo a la Fiscalía. El acuerdo lo dio a conocer Europa Press esa misma tarde; el Gobierno de Ceuta no lo había publicado en su sala de prensa a la mañana siguiente y el escrito de personación no es público.

Qué alega la Ciudad

El Ejecutivo local sostiene que aquellos dos días afectaron “de manera directa y grave” a bienes e intereses públicos de Ceuta: al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y la tranquilidad ciudadanas y al sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, sometido a fuerte presión por el aumento de llegadas.

Con la personación, según su propia explicación, busca tres cosas: defender los derechos de las víctimas de los hechos investigados —a las que identifica con “el pueblo de Ceuta”—, lograr que se valoren los perjuicios sufridos por la ciudad y sus servicios públicos, e “impulsar la exigencia de las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse” de lo que averigüe el tribunal.

Una causa que aún no ha decidido si es suya

La investigación a la que quiere sumarse el Gobierno de Ceuta está lejos de ser un juicio. Son diligencias previas —la fase inicial en la que un juez comprueba si los hechos denunciados pueden ser delito— que abrió la magistrada María Tardón tras una denuncia del partido Iustitia Europa contra funcionarios, “integrantes de organizaciones criminales” y autoridades españolas y extranjeras “que pudieran ser identificadas”. Ninguna persona figura investigada, y la propia jueza ni siquiera ha resuelto si la Audiencia Nacional es competente para instruir el caso: trasladó esa cuestión a la Fiscalía. Que la Ciudad acuerde personarse tampoco significa que ya sea parte: corresponde al tribunal admitir o rechazar la personación.

Lo que sí ha hecho Tardón es pedir documentación a la Guardia Civil y a la Policía sobre lo ocurrido: si alguien avisó, qué dispositivo había desplegado y qué se sabe de los muertos y los supervivientes. Esa vía ha derivado en el episodio más ruidoso de la causa hasta ahora: el 2 de septiembre el director general de la Policía, Francisco Pardo, aseguró al ministro del Interior que “no existe informe policial alguno” que atribuya la entrada a Marruecos, y horas después dos medios publicaron por separado extractos de un informe de inteligencia policial que sí lo hace, remitido a esa misma jueza. El ministro Fernando Grande-Marlaska había pedido esa misma mañana que se le verificara el documento.

El hecho de fondo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró el 4 de agosto en 72.000 las personas que cruzaron a Ceuta y en unas 70.000 las que ya habían salido; el Gobierno de Ceuta eleva las entradas a unas 75.000 y no existe un recuento público ajeno a las administraciones que permita contrastarlas. La Delegación del Gobierno confirmó ese mismo día al menos 75 muertos. El episodio, según recuerda Europa Press, obligó a activar en la ciudad autónoma dispositivos extraordinarios de atención, seguridad y acogida.

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Fuentes. Europa Press, «El Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional por la entrada masiva» (3 de septiembre de 2026, 20:49 hora peninsular). Es la única fuente del hecho: esta redacción no ha localizado nota oficial del Gobierno de Ceuta en su sala de prensa ni acceso al escrito de personación, y las resoluciones de la causa no son públicas en esta fase.