La Audiencia Nacional se queda con el caso de Ceuta. La jueza María Tardón firmó el lunes 7 de septiembre de 2026 un auto —una resolución judicial motivada— en el que declara que ese tribunal es competente para investigar la entrada masiva de personas por la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, y describe lo ocurrido como algo muy distinto de una avalancha espontánea de migrantes. Es «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución», escribe la magistrada, según el resumen del auto difundido por el Consejo General del Poder Judicial y la resolución a la que accedió Europa Press.

Qué delitos investiga y por qué le tocan a este tribunal

Tardón encuadra los hechos, de forma provisional, en tres bloques. El primero es un delito que compromete la paz o la independencia del Estado, del artículo 590 del Código Penal, que castiga a quien «con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados» expone «a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes». El segundo, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis) en conexión con homicidios imprudentes —muertes causadas sin intención, por falta de cuidado— del artículo 142. El tercero, organización criminal, del artículo 570 bis.

La competencia le corresponde, argumenta, porque la conducta se cometió fuera de España: la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la jurisdicción española los delitos contra la paz o la independencia del Estado cometidos en el extranjero por españoles o extranjeros, y dentro de ella a la Audiencia Nacional. La jueza sostiene además que el uso de flujos migratorios es uno de los métodos típicos de la llamada «guerra híbrida» o «zona gris» —agresiones que no llegan al conflicto armado abierto y combinan presión migratoria, llamamientos en internet y desinformación—, y que ese tipo de ataques «son cometidos en el extranjero».

La instructora reclama a los juzgados de Ceuta que le remitan las diligencias que hubieran abierto por las muertes ocurridas durante la entrada masiva.

«Permisividad» y «guiado activo» de la policía marroquí

El auto se apoya en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que ya provocó una crisis política la primera semana de septiembre: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió verificarlo y la dirección de la Policía llegó a negar que existiera un informe que atribuyera la entrada a fuerzas marroquíes, mientras el documento circulaba ya por varias redacciones.

Tardón asume sus conclusiones: no fueron actuaciones «de naturaleza incidental, ocasional o espontánea», sino un proceso en el que la finalidad migratoria «operaba solo como cobertura formal». Y va más lejos al describir el comportamiento de los agentes marroquíes en la playa de Fnideq, en Castillejos, «profusamente documentado en el informe» con fotografías y vídeos: esa actitud, dice, «no sólo evidencia permisividad, puesto que a lo largo de los días 30 y 31 de julio no se registró ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo», sino que «los propios policías uniformados van realizando indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera». El informe policial lo llama «guiado activo», y la jueza dice compartir esa calificación. Habla también de una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos».

Hay un detalle que apunta hacia dentro. Según el auto, el propio CENIF emitió el 29 de julio, un día antes de los hechos, una primera «Alerta de Riesgo de Entrada Masiva» difundida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, que preveía un riesgo «extremo» para un escenario de entradas a nado combinadas con salto a la valla. La jueza anuncia que la investigación abarcará también «todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español» relacionadas con la entrada, incluida «la articulación de adecuados medios de respuesta» a la vista de esas alertas previas. En agosto ya había preguntado a la Guardia Civil si recibió avisos en los días previos.

83 muertos y una estructura de cinco niveles

El auto fija en 83 los fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas. Es una cifra superior a los 80 cuerpos que el Instituto de Medicina Legal de Ceuta había recibido a comienzos de agosto. Murieron ahogados o aplastados en la travesía a nado desde la orilla marroquí, «con menosprecio de sus circunstancias físicas y sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de muchas de ellas: personas de avanzada edad, familias con niños, algunos bebés en brazos de sus padres», a quienes se proveyó de «endebles instrumentos de flotabilidad, algunos de ellos poco más que juguetes» para llegar a la playa española de El Tarajal.

Sobre la organización, la magistrada dibuja cinco niveles: la masa de personas que cruzó; los dinamizadores del mensaje en redes sociales; los organizadores sobre el terreno, donde sitúa a los policías uniformados y a «agentes dinamizadores no uniformados»; la planificación, que según ella muestra una «depuración o mejora» respecto a entradas de años anteriores; y la dirección. De tres de esos niveles, sostiene, ya es posible identificar personas concretas; de los otros, todavía no. «Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores de la relevancia de los mencionados en el Nivel 3 y 4», escribe. No hay, por ahora, ninguna persona investigada con nombre en la causa.

Tardón sostiene que hubo intención de atentar contra el Estado «como bien señaló el presidente del Gobierno, quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio de 2026, definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”». Pedro Sánchez pronunció esa frase en la ciudad autónoma la víspera de que el Gobierno instalara una barrera de contención en El Tarajal.

Quién estará en la causa

La jueza abrió las diligencias previas —la fase inicial de una instrucción penal— tras una denuncia de la organización Iustitia Europa, y antes de decidir sobre su competencia pidió opinión a la Fiscalía, que se mostró favorable el 4 de septiembre. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, argumentó que «el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional».

El auto admite además a los denunciantes como acusación popular —la figura española que permite ejercer la acción penal a quien no es víctima ni Ministerio Fiscal—: entre ellos Iustitia Europa, el PP, Vox y Hazte Oír, según Europa Press. El Consejo General del Poder Judicial precisa que la admisión alcanza a todos los denunciantes salvo al partido Se Acabó la Fiesta, exige una fianza previa de 6.000 euros y ordena que se agrupen bajo una sola representación; si no se ponen de acuerdo, la jueza designará a Iustitia Europa por haber denunciado en primer lugar.

Tardón acepta también la petición de la Fiscalía de declarar secretas parte de las actuaciones: el secreto se aplicará a las diligencias cuya ejecución exija «evitar el conocimiento por las partes», salvo para el Ministerio Público.

Contexto

Por la frontera de Ceuta entraron el 30 y el 31 de julio decenas de miles de personas: Interior cifró en 72.000 las entradas y el Gobierno de Ceuta las elevó a unas 75.000, según los datos difundidos el 4 de agosto. Es la mayor entrada migratoria registrada en la ciudad autónoma. La investigación está en su fase inicial: las conclusiones del auto son indiciarias y provisionales, no hay personas investigadas identificadas y ninguna de las calificaciones penales está acreditada.