El Pleno del Congreso rechazó el jueves 10 de septiembre de 2026 la propuesta con la que el PP quería fijar la respuesta del Estado a la crisis migratoria de Ceuta. El resultado fue ajustado: 175 votos en contra, 170 a favor y una abstención, sobre 346 diputados presentes, según el registro oficial de la votación número 4 de la sesión, publicado por el propio Congreso. La crónica del debate la dio Europa Press.

Los 137 diputados del PP votaron a favor. Les acompañaron 31 de Vox y dos del Grupo Mixto: Alberto Catalán, de UPN, y Javier Ortega Smith. Se abstuvo Cristina Valido, de Coalición Canaria. En contra votaron el PSOE (119), Sumar (26), ERC, EH Bildu, el PNV, los seis diputados de Podemos, Compromís y el BNG que se sientan en el Mixto y los siete de Junts. Cuatro diputados no votaron: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Transportes, Óscar Puente; Jacobo González-Robatto, de Vox; y Jordi Salvador, de ERC.

Qué se votaba, exactamente

No se votaba una ley. Lo que decayó es una proposición no de ley: una propuesta de resolución que un grupo parlamentario somete al Pleno, regulada en los artículos 193 a 195 del Reglamento del Congreso. Si sale adelante, la Cámara insta al Gobierno a hacer algo, y del Gobierno depende hacerlo; no cambia ni una coma del ordenamiento. Al no salir adelante, el texto se queda en nada.

Su título oficial, según el registro de la votación, era «para una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla». El mismo registro precisa que se votó «en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular»: el PP retocó su propio texto antes de llevarlo a votación, y el alcance de ese retoque no es público.

Un plan de cuatro pilares y 650 millones

El PP registró la iniciativa a mediados de agosto y la ordenó en cuatro pilares: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales.

En infraestructuras, la petición concreta era alargar el espigón del Tarajal —el dique que se adentra en el mar junto al principal paso fronterizo con Marruecos— para reforzar el perímetro. En personal, consolidar refuerzos permanentes de Guardia Civil y Policía Nacional, dotar a Ceuta de más unidades de Extranjería para tramitar expedientes, reforzar a los sanitarios y promover un aumento de jueces y fiscales.

El bloque legal era el de más recorrido. El PP quería modificar la Ley de Extranjería para extender a las entradas por mar el «rechazo en frontera»: la devolución inmediata, sin procedimiento administrativo, que hoy solo cabe con quien es detectado intentando superar las vallas de Ceuta y Melilla. Esa reforma tenía una diana precisa: el Tribunal Supremo resolvió el 8 de julio de 2026 que esa devolución exprés no ampara a quien es interceptado en el agua intentando llegar a nado. Y quería reformar la Ley de Asilo «de modo que una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho».

El texto instaba además al Gobierno a activar «de manera inmediata» el retorno voluntario o la expulsión de quienes entraron ilegalmente, a pedir el despliegue de Frontex —la agencia europea de la guardia de fronteras y costas—, incluidas sus unidades de intervención rápida, y a aplicar triajes y procedimientos fronterizos acelerados de asilo y retorno. Sobre Marruecos, pedía «reorientar» las relaciones bilaterales sobre los principios de «respeto y reciprocidad» y reafirmar que la integridad territorial española «no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas». Ante la Unión Europea, reclamaba para ambas ciudades un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas.

El último bloque era dinero: un plan de reactivación económica de Ceuta y Melilla dotado con «al menos 650 millones de euros» entre 2027 y 2032. Conviene la base antes de comparar cifras: esos 650 millones cubren seis años y dos ciudades, mientras que el real decreto-ley aprobado el 1 de septiembre moviliza 309 millones solo para Ceuta y solo para lo que queda de 2026.

Tres peticiones que el Gobierno ya había cumplido

Como la proposición se registró a mediados de agosto, llegó al Pleno arrastrando tres reclamaciones que el Ejecutivo ya había materializado: declarar Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y nombrar una autoridad funcional que coordine la respuesta.

Las tres constan en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declara esa situación hasta el 31 de diciembre de 2026 y sitúa la autoridad funcional en «el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática». Es decir, Ángel Víctor Torres, a quien el despacho de Europa Press atribuye una cartera —«Administraciones públicas»— que no es la suya: el real decreto que fija sus competencias lo nombra por su ministerio, el de Política Territorial y Memoria Democrática.

El contexto que nadie ha logrado cuadrar

La crisis que el plan pretendía atajar empezó el 30 y 31 de julio de 2026, con una entrada masiva de personas que cruzaron desde Marruecos a nado o bordeando el espigón del Tarajal. Cuánta gente entró sigue sin saberse con precisión: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló de 72.000 el 4 de agosto; el portavoz del Gobierno de Ceuta, de unos 75.000; y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, de hasta 80.000, frente a las «cerca de 50.000» del primer balance del Gobierno central. Ninguna de esas cifras procede de un recuento independiente y verificable. La Delegación del Gobierno confirmó 75 muertos.

La votación del jueves también dejó una lectura aritmética. En el mismo Pleno, horas después, PP, Vox y Junts sumaron para tumbar por primera vez la Cuenta General del Estado. En Ceuta, esa suma no existió: los siete diputados de Junts votaron con el Gobierno.

Fuentes

• Congreso de los Diputados, registro oficial de la votación nº 4 de la sesión plenaria nº 196 (PDF), 10 de septiembre de 2026; datos por diputado también en formato JSON.
• Europa Press, «El Congreso dice ‘no’ al plan del PP ante la crisis de Ceuta, que sólo apoyan Vox y UPN», 10 de septiembre de 2026.
• Reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 193 a 195, texto consolidado en el «BOE».
• Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, «BOE».

Nota sobre las fuentes. La crónica periodística de la sesión procede de un solo medio, Europa Press (confianza alta). El resultado, el desglose por grupos y el título oficial de la iniciativa están tomados del registro de votaciones que publica el propio Congreso, consultado directamente por esta redacción el 11 de septiembre de 2026. El texto íntegro de la proposición no de ley, con la enmienda incorporada, no se ha localizado publicado: lo que se conoce de su contenido procede de la agencia que accedió al documento registrado en agosto.