El Congreso ha hecho lo que nunca había hecho: devolverle al Tribunal de Cuentas la contabilidad del Estado. El Pleno rechazó este jueves 10 de septiembre de 2026, por 177 votos a favor y 168 en contra, sin ninguna abstención, la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 —la contabilidad consolidada de todo el sector público estatal, de los ministerios a las empresas y fundaciones públicas—. Es la primera vez que el Pleno tumba ese trámite, según Europa Press.

El resultado consta en el registro oficial de la votación número 20 de la sesión, publicado por el propio Congreso: 345 diputados presentes y cinco que no votaron. El sí lo sostuvieron el PP (137 votos), Vox (31), Junts (7) y dos diputados del Grupo Mixto: Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y Francisco Javier Ortega Smith, elegido en las listas de Vox y en el Mixto desde julio de 2026, según los datos de diputados del Congreso. Enfrente votaron el PSOE (118), Sumar (26), ERC (6), EH Bildu (6), el PNV (5) y siete diputados del Grupo Mixto.

Junts decidió, y lo dijo en el hemiciclo

La posición de PP y Vox se conocía desde junio: ambos partidos, que tienen mayoría en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas —el órgano conjunto de diputados y senadores que canaliza la relación de las Cortes con el fiscalizador—, impulsaron allí el rechazo el 23 de junio. Como contó esta redacción el 6 de septiembre, el dictamen y la resolución de esa comisión piden rechazar la declaración, devolverla al Tribunal de Cuentas y presentarla ampliada, con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria, «en el plazo improrrogable o inexcusable de 3 meses». Ese es el texto que el Pleno respaldó el jueves.

Lo que no estaba escrito era el voto de Junts, decisivo para que la resolución saliera adelante, según Europa Press. Su diputado Josep Maria Cruset lo resolvió en el debate con un reproche a la gestión presupuestaria del Gobierno: «Los últimos presupuestos se aprobaron en noviembre del 2022, hace casi cuatro años». Cruset acusó además al Ejecutivo de «irregularidades contables» en la Cuenta General —haber imputado las pensiones de diciembre de 2024 al presupuesto siguiente, haber dejado «de reconocer las obligaciones por más de 5.000 millones de euros» y haber inflado derechos por 13.900 millones—, cifras que son suyas y que esta redacción no ha podido contrastar con el documento del Tribunal de Cuentas. Su conclusión sí fue inequívoca: Junts no iba a «blanquear» al Gobierno votando a favor.

El origen: fondos europeos que acabaron en pensiones

El reproche de fondo arranca de una cifra. La Comisión Mixta señaló modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros que financiaron pensiones de Clases Pasivas —las de los funcionarios— y complementos a mínimos —los que elevan las pensiones más bajas hasta el mínimo legal— con bajas en créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo europeo de recuperación posterior a la pandemia. Dinero con destino marcado, en resumen, empleado en otra cosa.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, sostuvieron que esa práctica no era ilegal y respetaba las reglas de los fondos europeos, según Europa Press. PP y Vox decidieron igualmente convertirla en motivo de censura, junto a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en 2024, el «deterioro de las cuentas públicas» y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración al conocerse el uso de esos fondos.

Qué queda por delante

El dictamen nació de una comisión mixta, así que también tiene que votarse en el Pleno del Senado. Con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, el rechazo se aprobará previsiblemente allí también, según Europa Press. Además del rechazo, el Congreso aprobó pedir al Tribunal de Cuentas un informe, en tres meses, sobre las consecuencias de gobernar sin proyecto de Presupuestos.

Ese es el pulso real detrás del trámite contable: España ejecutó 2024 entero con el presupuesto prorrogado y sigue sin cuentas nuevas. En julio de 2026 el Congreso tumbó dos veces la senda de déficit que el Gobierno necesitaba para tramitar los Presupuestos de 2027, y el Tribunal de Cuentas viene elevando a las Cortes informes cada vez más incómodos para el sector público, como el que en julio destapó 490 millones de euros netos pagados en derivados financieros por doce empresas estatales.

Fuentes

• Congreso de los Diputados, resultado de la votación n.º 20 de la sesión plenaria del 10 de septiembre de 2026 (expediente 250/000008), y su detalle voto a voto en formato abierto (consultados el 10 de septiembre de 2026).
• Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, serie A, núm. 261, de 8 de julio de 2026, págs. 18-22 — texto íntegro del dictamen y de la resolución de la Comisión Mixta que el Pleno votó.
• Europa Press, «El Congreso tumba por primera vez la Cuenta General del Estado, con los votos de PP, Vox y Junts», 10 de septiembre de 2026 — declaraciones del debate, posiciones de la Comisión Europea, el Gobierno y la presidenta del Tribunal de Cuentas, y previsión sobre el Senado.

Fuente única en prensa. Ningún otro medio consultado ha publicado esta información: solo Europa Press (confianza alta). El núcleo de la noticia —el resultado de la votación, quién votó qué y el texto aprobado— está verificado contra los documentos oficiales del Congreso y del Boletín Oficial de las Cortes Generales enlazados arriba, no contra la agencia. Se atribuyen expresamente a Europa Press los datos que no constan en ellos: que es la primera vez que el Pleno rechaza este trámite, el carácter decisivo del voto de Junts, las declaraciones del debate y la previsión sobre el Senado. Las cifras de irregularidades contables citadas por el diputado Josep Maria Cruset son afirmaciones suyas, sin verificación independiente.