El Pleno del Congreso decide el jueves 10 de septiembre de 2026 si da o no por buena la Cuenta General del Estado de 2024, la contabilidad consolidada de todo el sector público estatal, desde los ministerios hasta las empresas y fundaciones públicas. El punto XI del orden del día de la sesión plenaria número 195 lo llama por su nombre completo: «Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, así como la Resolución adoptada por la Comisión». Ese dictamen pide a las Cámaras rechazarla.

La Comisión Mixta —el órgano conjunto de diputados y senadores que canaliza la relación de las Cortes con el Tribunal de Cuentas— lo aprobó en su sesión del 23 de junio de 2026, y el Boletín Oficial de las Cortes Generales lo publicó el 8 de julio. Su propuesta a los plenos de ambas Cámaras cabe en una línea: «Rechazar la Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024». La declaración es el pronunciamiento que el Pleno del Tribunal de Cuentas eleva a las Cortes tras examinar y comprobar esas cuentas, un trámite que el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas le encomienda por delegación de las propias Cortes.

Cinco motivos para devolverla

La resolución aprobada el mismo día va un paso más allá del rechazo y acuerda «devolver al Tribunal de Cuentas la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024». Enumera cinco motivos. El primero es la «ausencia de Presupuestos Generales del Estado»: la comisión sostiene que la declaración «no otorga la debida relevancia» a que el Gobierno no presentara cuentas nuevas para 2024 y recuerda que la prórroga presupuestaria del artículo 134.4 de la Constitución —el mecanismo que mantiene en vigor el presupuesto del año anterior cuando no hay uno nuevo— «bajo ningún concepto puede convertirse en una fórmula ordinaria de gobierno».

El segundo motivo pone cifra al reproche. La comisión señala «las modificaciones presupuestarias aprobadas por importe de 2.389,4 millones de euros para financiar pensiones de Clases Pasivas y complementos a mínimos de pensiones de la Seguridad Social mediante bajas en créditos del Servicio 50, correspondiente al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia». En castellano llano: el Gobierno recortó partidas del fondo europeo de recuperación posterior a la pandemia para pagar las pensiones de los funcionarios y los complementos que elevan las pensiones más bajas hasta el mínimo legal. Tirar de ese dinero, dice la resolución, «reviste una especial excepcionalidad», por tratarse de «fondos sometidos a reglas específicas, afectación finalista y escrutinio por parte de las instituciones europeas».

Los otros tres motivos son los «riesgos inherentes» de repetir esas modificaciones —que, según el texto, «pueden comprometer la seguridad jurídica» y «reducir la trazabilidad de los recursos»—, el «deterioro de las cuentas públicas», con un patrimonio neto negativo y unos intereses de la deuda de 32.362 millones de euros en 2024 según la propia resolución, y el voto particular formulado a la declaración. Ese voto particular lo presentó un consejero del Tribunal de Cuentas después de conocerse el uso de los fondos europeos para pagar pensiones, según Europa Press; el texto publicado en el Boletín no identifica a su autor ni lo fecha.

La resolución termina con un plazo: insta a que la Cuenta General se presente ampliada, acompañada de «un informe técnico-jurídico para evaluar los efectos de la prórroga presupuestaria», «en el plazo improrrogable o inexcusable de 3 meses».

Un acuerdo de la comisión escrito en primera persona por Vox

El texto que la Comisión Mixta aprobó no disimula de dónde sale. En el apartado dedicado al voto particular, la resolución publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales cambia de voz y pasa a hablar en nombre de un grupo parlamentario concreto: «En definitiva, ante esta situación, el Grupo Parlamentario VOX no puede permanecer impasible». El párrafo continúa con un diagnóstico político —«el deterioro institucional que atraviesa España», «las continuas injerencias en las instituciones, el control más absoluto sobre todos los niveles del Estado»— incrustado en un acuerdo formal de un órgano de las Cortes Generales. En esa comisión, donde se sientan diputados y senadores, PP y Vox tienen mayoría, según Europa Press. El dictamen y la resolución llevan la firma del vicepresidente primero de la comisión, Álvaro Pérez López, y de su secretario, Salvador de Foronda Vaquero.

Un pulso presupuestario que viene de largo

El reproche de fondo no es contable, sino político: España ejecutó todo 2024 sin unos Presupuestos propios. Los últimos aprobados son los de 2023 (Ley 31/2022, de 23 de diciembre), que el propio dictamen cita como normativa aplicable a las cuentas de 2024. La resolución habla directamente de «la no existencia de presupuesto en todo el año 2024» y sostiene que la prórroga «debilita una de las principales funciones del Parlamento: examinar, enmendar y aprobar el programa económico del Gobierno».

Ese pulso sigue abierto. En julio de 2026 el Congreso tumbó dos veces la senda de déficit que el Gobierno necesitaba para tramitar los Presupuestos de 2027, y el Ejecutivo tuvo que seguir con los objetivos vigentes, más exigentes. El Tribunal de Cuentas, por su parte, viene elevando a las Cortes informes de fiscalización cada vez más incómodos para el sector público estatal, como el que en julio destapó 490 millones de euros netos pagados en derivados financieros por doce empresas públicas.

Si el Pleno respalda el jueves el dictamen, sería la primera vez en los últimos años que el Parlamento tumba la Cuenta General, según Europa Press: hace solo un año el informe del Tribunal de Cuentas salió adelante, aunque con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. El resultado de la votación no está escrito: el dictamen se dirige a los plenos de las dos Cámaras, y en el orden del día del jueves el asunto comparte sesión con, entre otros puntos, la creación de una subcomisión sobre personas desaparecidas.

Fuentes

• Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Cortes Generales, serie A, núm. 261, de 8 de julio de 2026, págs. 18-22 — texto íntegro del dictamen y de la resolución de la Comisión Mixta (expediente 250/000008 en el Congreso, 770/000004 en el Senado).
• Congreso de los Diputados, orden del día del Pleno, sesión n.º 195, de 9 y 10 de septiembre de 2026 — punto 36, apartado XI (consultado el 6 de septiembre de 2026).
• Congreso de los Diputados, agenda de la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026.
• Europa Press, «El Congreso se prepara para tumbar por primera vez la Cuenta General ante la reiterada falta de Presupuestos», 6 de septiembre de 2026.

Fuente única en prensa. Ningún otro medio consultado ha publicado esta información: solo Europa Press (confianza alta). El núcleo de la noticia —el contenido del dictamen y de la resolución, las cifras y la fecha del Pleno— sí está verificado contra los documentos oficiales de las Cortes Generales enlazados arriba, no contra la agencia. Se atribuyen expresamente a Europa Press los tres datos que no constan en esos documentos: la mayoría de PP y Vox en la Comisión Mixta, la autoría y el momento del voto particular, y el precedente de la votación del año pasado. El resultado de la votación del jueves 10 de septiembre queda, por definición, pendiente.