Diez entidades del sector público empresarial del Estado pagaron 490 millones de euros netos entre 2016 y 2023 por los swaps de tipos de interés que tenían contratados con la banca. En el mismo periodo, los intereses de los préstamos que esos productos debían cubrir sumaron 248 millones. Dicho de otro modo: el seguro costó casi el doble que los intereses de la deuda que aseguraba.

Las cifras están en el Informe de fiscalización de los derivados financieros mantenidos por las entidades del sector público empresarial estatal no financiero, ejercicios 2016 a 2023, el número 1.688, que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 27 de julio de 2026 y elevó a las Cortes Generales y al Gobierno. El organismo lo resumió públicamente el 28 de julio.

La fiscalización alcanza a doce entidades, las que concentraban más del 90% de los saldos por derivados de todo el sector público empresarial estatal: el Canal de Navarra, Adif, Adif Alta Velocidad, Aena, Renfe Operadora, las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas, Acuaes, Acuamed, Enresa y Navantia. Diez de ellas tenían swaps ligados a préstamos: son las que pagaron los 490 millones. Enresa contrató permutas vinculadas a bonos y Navantia, seguros de tipo de cambio.

Un seguro contra una subida que nunca llegó

Un swap de tipos de interés es una permuta financiera: la empresa se compromete a pagar al banco un tipo fijo y a cobrar de él un tipo variable, normalmente el euríbor, el índice al que se referencian los préstamos. Combinado con un crédito a tipo variable, el resultado teórico es una financiación a tipo fijo. Es un seguro contra la subida de los tipos. El Tribunal recuerda lo que eso implica: solo es eficaz cuando los tipos ya son altos y se espera que sigan subiendo.

Ocurrió lo contrario. Durante casi todo el periodo fiscalizado el euríbor estuvo bajo o en negativo, y ahí apareció una asimetría que el informe convierte en su hallazgo central. A los préstamos, los bancos les aplicaron de hecho una cláusula suelo del 0%: por muy negativo que fuera el euríbor, la empresa nunca cobraba intereses de su banco. A los swaps, en cambio, no se les aplicó ese suelo, salvo contadas excepciones: la rama variable «a cobrar» se convirtió en un pago más. Las entidades públicas pagaban por las dos ramas a la vez.

De dónde salen los 490 millones

• 401 millones en liquidaciones de intereses: 383 millones de la rama a tipo fijo y 18 millones de la rama variable, la que en teoría debían cobrar. Esos pagos por la rama variable llegaron a acumular 68 millones hasta finales de 2021; la subida de tipos de 2022 y 2023 los volvió a convertir en cobros y rebajó la pérdida acumulada en 50 millones.
• 89 millones (88.979.491 euros exactos) en cuatro cancelaciones anticipadas: la Autoridad Portuaria de Castellón pagó 937.450 euros en 2016; Renfe Operadora, 7.951.978 euros en 2017; Acuamed, 45.942.654 euros en 2017, y la Autoridad Portuaria de Valencia, 34.147.409 euros en 2021.

El coste anual de los swaps fue bajando —78 millones en 2016, 54 en 2021, 37 en 2022— hasta darse la vuelta: en 2023, con el euríbor al alza, las entidades cobraron 26 millones netos.

«Una mera apuesta»

Las dos cancelaciones caras tienen historias distintas. La de Acuamed, la sociedad estatal de aguas del Mediterráneo, no fue una decisión suya: el contrato incluía una cláusula de cancelación obligatoria anticipada. Para el Tribunal, ese producto «no debería haberse suscrito por una entidad del sector público», porque esa cláusula lo convertía en «una mera apuesta sobre el tipo de interés que estará vigente en una determinada fecha». Doce meses después de firmarlo, en las cuentas de 2014 el derivado ya valía 32,6 millones en negativo. Descontada la prima cobrada entre 2014 y 2017, el desembolso neto fue de 41,7 millones.

Acuamed sí litigó: su consejo aprobó el pago reservándose acciones judiciales, demandó al banco y perdió en primera instancia por sentencia del 4 de marzo de 2024. La Abogacía General del Estado recurrió en apelación el 5 de abril de 2024.

La Autoridad Portuaria de Valencia canceló ocho swaps de forma voluntaria en 2021, siguiendo la recomendación de una consultora. El Tribunal sostiene que habría sido más prudente esperar a ver si se consolidaba la mejora en la valoración de los derivados, que se desprendía del propio informe del asesor. Un dictamen jurídico encargado por el puerto en abril de 2021 concluyó que demandar a los bancos tenía escaso recorrido: como cliente profesional, la Autoridad Portuaria conocía la sofisticación de lo que había firmado.

Consejos que aprobaron la deuda sin conocer la cobertura

El informe es duro con la gobernanza. La mayoría de las entidades no comprobó que los derivados se hubieran contratado a precio de mercado ni verificó lo que pagaba por cancelarlos. No todos los swaps fueron autorizados o comunicados a los órganos competentes, y una entidad llegó a contratar dos permutas distintas de las aprobadas.

En Adif Alta Velocidad, Adif, Renfe Operadora y el Canal de Navarra, los consejos de administración autorizaron los créditos, pero no recibieron información transparente sobre la contratación, la modificación o el coste real de los derivados vinculados a ellos. En algún caso la información que se les dio para aprobar la operación era «inexacta o incompleta».

El Tribunal añade que los swaps complejos no deberían haberse contratado por entidades públicas, «con independencia de que algunos hayan conseguido su finalidad». Son los que incorporaban venta de opciones y otras condiciones: limitaban la ganancia si los tipos subían y dejaban las pérdidas sin límite si bajaban. Los firmaron las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas, Acuaes y Acuamed.

Cuatro recomendaciones

El informe termina con cuatro recomendaciones. La más relevante pide a las entidades con swaps de tipo de interés que consulten al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España o acudan a los tribunales para que se dictamine si los bancos podían cobrar la rama variable en los periodos de tipos negativos o si debieron aplicarle el mismo suelo del 0% que a los préstamos. El Tribunal deja constancia de que, hasta la fecha del informe, no le consta ninguna reclamación de este tipo ante el supervisor ni ante la justicia.

La recomendación excluye expresamente a Aena, porque sus contratos marco con BBVA, Barclays, Santander y Société Générale sí regulaban el escenario de tipos negativos; la propia Aena alegó por eso que la consulta al Banco de España «sería prescindible». Las otras tres recomendaciones piden que los consejos de administración fijen qué porcentaje de deuda va a tipo fijo y cuál a variable, que Adif Alta Velocidad informe a su consejo de las condiciones financieras de los créditos y sus coberturas, y que Navantia apruebe un procedimiento de control de sus seguros de cambio.

Para hacerse una idea de las magnitudes: solo los tres swaps que Aena firmó en junio de 2015 con tres bancos cubrían 32 préstamos y arrancaron con un nocional conjunto —el importe teórico sobre el que se calculan los intereses— de 3.042 millones de euros.

500 o 490

La noticia la adelantó Europa Press el 28 de julio a las 19:14 con un titular que hablaba de «un agujero de 500 millones». El informe aprobado por el Pleno da 490 millones, y ese es el dato que recoge esta noticia: 401 millones de liquidaciones más 89 de cancelaciones, tal como los desglosa la conclusión 14 del documento. Tampoco coinciden del todo el informe y su propia nota de prensa: esta cifra en 289 millones los intereses de los préstamos cubiertos, mientras que el informe repite dos veces la cifra de 248 millones, que es la que se publica aquí.

Fuentes: informe de fiscalización n.º 1.688 del Tribunal de Cuentas (documento primario, 496 páginas con anexos y alegaciones de las entidades), nota informativa e infografía del propio Tribunal, y el despacho de Europa Press que dio a conocer el informe. Todos los datos de esta noticia se han verificado contra el informe original.