El Pleno del Congreso vota el jueves 10 de septiembre de 2026 la creación de una subcomisión encargada de redactar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. La agenda oficial de la Cámara para esa semana recoge una sesión plenaria ese jueves a las 09:00 con una «propuesta de creación de subcomisión» entre sus puntos, sin especificar cuál; que se trata de esta lo adelantó Europa Press el 5 de septiembre. La ficha del expediente 158/000024 sitúa la iniciativa a la espera de la aprobación del Pleno desde el 16 de junio.

Una subcomisión es un órgano de trabajo temporal que una comisión crea en su seno, con objeto, composición y plazo tasados, y que necesita el visto bueno del Pleno para echar a andar (Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996). No legisla: estudia un asunto, escucha a quien haga falta y entrega un informe.

Qué tendría que hacer

El acuerdo que la Comisión de Interior eleva al Pleno, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 26 de junio, fija siete tareas. La subcomisión deberá determinar qué marco legislativo afecta hoy a las personas desaparecidas en España y qué cambios legales hacen falta; recuperar las iniciativas previas de ambas Cámaras, en particular las conclusiones de la Comisión Especial creada por el Pleno del Senado el 16 de febrero de 2013 y una proposición de ley que el propio Grupo Socialista registró el 23 de mayo de 2021; y recabar aportaciones del Tercer Sector Social, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) —adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior—, de las administraciones central, autonómica y local, del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de los colegios profesionales de la Abogacía y la Psicología. Con todo ello debe elaborar la propuesta de estatuto.

Para ese trabajo podrá pedir documentación, celebrar comparecencias y organizar reuniones o visitas. La compondrán quince diputados —tres del PP, tres del PSOE, dos de Vox, dos de Sumar y uno por cada uno de los demás grupos—, decidirá con voto ponderado (el voto de cada portavoz pesa lo que su grupo en la Cámara) y tendrá seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior. El plazo es prorrogable, pero solo por acuerdo del Pleno adoptado antes de que expire.

Del registro al Pleno

El Grupo Parlamentario Socialista registró la solicitud el 23 de abril de 2026, con la firma de su portavoz, Montse Mínguez. La Mesa del Congreso la admitió a trámite el 28 de abril y la publicó en el boletín del 4 de mayo.

La Comisión de Interior la debatió y votó en su sesión del 16 de junio: de 37 votos emitidos, 32 fueron a favor y cinco abstenciones, sin ningún voto en contra, según el Diario de Sesiones. Europa Press precisa que votaron a favor PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN, y que se abstuvieron Vox, ERC y Junts; el Diario de Sesiones no desglosa el voto por grupos. Una semana después, el 23 de junio, la Mesa trasladó la solicitud a la Junta de Portavoces para que la incluyera en el orden del día de un Pleno. Esa Junta de Portavoces —el órgano que fija los órdenes del día— se reúne el martes 8 de septiembre a las 12:00, dos días antes de la votación.

Dieciséis años de declaraciones

La exposición de motivos del PSOE resume por qué el asunto lleva tanto tiempo dando vueltas. El 10 de noviembre de 2010 el Congreso declaró por unanimidad el 9 de marzo como Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, con una declaración institucional que ya pedía un marco legislativo específico. En 2013 el Senado creó su Comisión Especial, que concluyó que el problema debía abordarse como una política de Estado. El Real Decreto 770/2017 encomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad actuar como Centro Nacional de Desaparecidos, y desde entonces han llegado dos planes estratégicos —el primero para 2022-2024 y el segundo para 2026-2029— y un protocolo policial unificado, actualizado por la Instrucción 13/2025, de 13 de noviembre.

Lo que sigue sin existir, sostiene el grupo proponente, es un estatus jurídico para las víctimas directas e indirectas de una desaparición: quien desaparece y quienes se quedan esperando. El texto cita la comparecencia en la Comisión de Interior, el 9 de junio de 2025, de Francisco de Asís Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal, que pidió que el borrador de estatuto se tramite como ley y denunció demoras y obstáculos civiles como la declaración de fallecimiento, el trámite judicial que permite dar por muerta a efectos legales a una persona ausente.

En esa misma sesión del 16 de junio, la Comisión de Interior aprobó también una proposición no de ley sobre las actuaciones ante personas desaparecidas y fallecidas en itinerarios migratorios, un asunto distinto del que abordará la subcomisión y que este verano llevó al Gobierno a abrir una oficina de desaparecidos en Ceuta.

Fuentes

• Congreso de los Diputados, ficha del expediente 158/000024 (consultada el 5 de septiembre de 2026).
• Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, serie D, núm. 523, de 4 de mayo de 2026, pág. 3 (texto íntegro de la solicitud) y núm. 558, de 26 de junio de 2026, pág. 8 (acuerdo de la Comisión de Interior sometiéndola al Pleno).
• Diario de Sesiones del Congreso, Comisiones, núm. 586, de 16 de junio de 2026 (debate y resultado de la votación).
• Congreso de los Diputados, agenda de la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026.
• Europa Press, «Una subcomisión del Congreso redactará un Estatuto jurídico de las personas desaparecidas», 5 de septiembre de 2026. Esa información sitúa en julio el acuerdo de la Comisión de Interior; el Diario de Sesiones y el Boletín Oficial de las Cortes Generales lo fechan el 16 de junio de 2026, que es la fecha recogida aquí.