Hay una oficina en Ceuta donde una familia puede sentarse a describir un tatuaje, un anillo o la ropa que llevaba puesta alguien que salió a nadar desde Marruecos y no ha vuelto a aparecer. El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, la presentó el jueves 6 de agosto de 2026: es la oficina de desaparecidos de la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron a nado o por el espigón. Ha recibido ya 32 denuncias «con base», según informó Europa Press.

«Denuncias ahora mismo tenemos unas 32 que sean con base, que hemos recibido en esta oficina», precisó el comandante Sergio Munguía, criminalista de la Guardia Civil, en una declaración conjunta a los medios junto al delegado. Hay además 29 casos en los que ya existe la posibilidad de relacionar un cadáver con el familiar que ha aportado su ADN —el material genético que permite emparentar a dos personas—, a falta de tomar la muestra biológica que lo confirme.

El miércoles 5 de agosto llegó la primera identificación por esa vía, dijo Munguía, y el equipo intentará identificar «los máximos posibles» con ella. Es un dato relevante porque hasta ahora las identificaciones iban por otro camino: la madrugada del jueves, el Centro de Integración de Datos informó de que el instituto forense de Ceuta había recibido 80 cuerpos y solo dos estaban identificados, ambos por huellas dactilares. El balance oficial de muertos de la entrada masiva lo situó la Delegación del Gobierno en 75 el martes 4 de agosto.

Qué se hace en la oficina

Está abierta a familiares y amigos que puedan aportar información sobre los desaparecidos en la costa durante la entrada masiva. Allí se recoge la denuncia, se reúnen fotografías y señas concretas —tatuajes, ropa, anillos— y con eso se inicia la búsqueda. Hay también un correo electrónico habilitado para tramitar la información de forma «ágil y confidencial», y psicólogos y trabajadores sociales para acompañar a las familias. Europa Press no publica la dirección de ese correo ni la ubicación de la oficina, y la Delegación del Gobierno no ha difundido ninguna nota oficial con esos datos.

El refuerzo llega sobre un aparato judicial y forense que el Ministerio de Justicia casi triplicó la semana pasada: el equipo activado del instituto de medicina legal pasó de 7 a 19 profesionales.

Cien guardias civiles se quedan en las barriadas

Pérez Triano anunció además que el grupo de algo más de cien agentes de la Guardia Civil desplegados en Ceuta que ya ha terminado sus tareas no se marcha: seguirá en la ciudad trabajando en la demarcación de la Policía Nacional y coordinado por ella, sobre todo en zonas que «preocupan», como las «barriadas de la periferia».

Menores: «el trabajo de reubicación no se ha parado»

Preguntado por los menores migrantes, el delegado recordó que la competencia sobre ellos es de la Ciudad Autónoma, que su número es «cambiante» y que la Policía Nacional trabaja de forma «intensa» en identificarlos —el miércoles cifró en 528 los identificados de la entrada masiva—. «El trabajo de reubicación de menores no se ha parado, continúa realizándose y los trámites van a seguir adelante», sostuvo.

Esa afirmación convive con otro dato publicado el mismo miércoles: fuentes del Gobierno de Ceuta aseguraron que ningún menor no acompañado ha salido de la ciudad hacia la Península desde la entrada masiva. El delegado no aportó cifras de traslados efectivos que permitan contrastar una cosa con la otra.

Pérez Triano sí reconoció que hay familias con niños durmiendo en la calle y que los servicios están «desbordados»: «Los estamos viendo, pero comprenderá que el número de personas que entró en Ceuta el pasado jueves ha desbordado cualquier recurso». Y criticó el «discurso político» del PP y de Vox contra la acogida de menores migrantes, con una advertencia sobre quién decide: «lo decidirá Fiscalía».

Qué se avisó antes del 30 de julio

Sobre los días previos a la entrada masiva, el delegado aseguró que habló a diario con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de una situación migratoria que les estaba poniendo «al borde», y negó que Vivas intentara advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo que iba a ocurrir: «No es cierto… Supongo que será un malentendido». Según su versión, Vivas habló con el jefe de gabinete de Sánchez para trasladarle «la situación desbordante», mientras él mismo pedía —y obtenía— refuerzos para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y para la brigada de extranjería de la Policía Nacional.

«Estábamos transmitiendo todos la difícil situación migratoria que estábamos teniendo, que empezó más o menos después de la sentencia del Supremo», añadió, sin precisar a qué resolución se refería ni aportar datos. El Gobierno de Ceuta y varios cargos del PP atribuyen el repunte de llegadas a la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio de 2026, que dejó fuera del rechazo en frontera —la devolución inmediata sin procedimiento— a quien es interceptado en el mar intentando llegar a nado. Ninguna administración ha publicado un estudio que establezca esa relación de causa y efecto, y la abogada que ganó aquel caso ante el Supremo, Patricia Fernández Vicens, la niega y sitúa el origen en una crisis política con Marruecos.

Fuentes

• Europa Press, «El Gobierno abre una oficina de desaparecidos por la crisis de Ceuta que ya trabaja con 32 denuncias de familiares», 6 de agosto de 2026, 12.31 (10.31 UTC).

Esta información se apoya en una sola agencia de las que sigue el medio (Europa Press, confianza alta), que recoge declaraciones directas del delegado del Gobierno y de un mando de la Guardia Civil en una comparecencia ante los medios. No se ha contrastado con una segunda fuente independiente, ni existe nota oficial publicada por la Delegación del Gobierno con estos datos.