Ningún menor migrante no acompañado ha sido trasladado desde Ceuta a la Península desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio de 2026, cuando miles de personas —entre ellas muchos niños, niñas y adolescentes— cruzaron la frontera a nado o bordeando el espigón de El Tarajal. Lo dijeron fuentes del Gobierno de Ceuta, que no se identifican por su nombre, a la agencia Europa Press el miércoles 5 de agosto.

Esas mismas fuentes situaron en “más de 600” los menores trasladados de Ceuta a la Península “desde septiembre de 2025”, al amparo del decreto de contingencia migratoria. Es decir: el mecanismo de reparto funciona desde hace casi un año, pero se ha detenido justo cuando ha llegado de golpe el mayor grupo de menores solos que ha recibido la ciudad. Ni el Gobierno de Ceuta ni el Ministerio de Juventud e Infancia han publicado un documento oficial con esas cifras: son declaraciones a una agencia, y esta redacción no ha podido contrastarlas con una segunda fuente independiente.

Vivas, el mismo día: “los menores se están trasladando”

Unas horas antes, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había defendido en una entrevista en TVE, recogida por la misma agencia, justo lo contrario: que “se están realizando” traslados de menores a la Península y que por eso la ciudad está “cumpliendo la ley”. “No solamente lo hemos apoyado, sino que además lo estamos aplicando y por tanto los menores se están trasladando a otros lugares del resto de España”, afirmó sobre el real decreto de reparto.

Las dos versiones salen de la misma administración y del mismo día, y no tienen por qué ser incompatibles —Vivas puede referirse al procedimiento general en marcha desde 2025, y las fuentes del Gobierno ceutí al balance concreto desde el 30 de julio—, pero nadie las ha conciliado públicamente. Ninguna administración ha publicado un registro de traslados con fechas que permita comprobarlo. Quedan, pues, las dos versiones tal cual, atribuida cada una a quien la dio.

El propio Vivas admitió dónde se atasca el mecanismo: la ley “está concebida para que se tengan que llevar a cabo unos procedimientos que documenten la salida de los menores”, y “el proceso de maduración de estos expedientes de traslados y de derivación a otros lugares de la Península es mucho más lento que la llegada”. También reconoció que “las comunidades autónomas recurren las resoluciones de traslados que se llevan a cabo”.

Cuántos menores hay: 1.100 o cerca de 1.400

Vivas cifró en unos 1.100 los menores migrantes que la ciudad atiende ahora, frente a los “unos 750” de antes de la entrada masiva. Y añadió que la ocupación del sistema ceutí de acogida está “un 2.600% por encima de su capacidad crítica”.

Ese porcentaje no cuadra con las cifras que él mismo dio en la entrevista. Si la ley fija en 90 los menores que Ceuta debería atender en situación de contingencia —el número que citó Vivas—, 1.100 son doce veces esa cifra: en torno a un 1.100% por encima, no un 2.600%. Si la base fuera la capacidad ordinaria de 29 plazas que el propio Gobierno de Ceuta manejaba el 3 de agosto, el exceso rondaría el 3.700%. El cálculo es de esta redacción a partir de los números públicos; el Gobierno de Ceuta no ha explicado sobre qué base obtiene su 2.600%.

Tampoco cuadra el total. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, informó ese mismo miércoles de que la Policía Nacional había identificado a 528 menores no acompañados llegados el 30 de julio y los había puesto a disposición de la Ciudad Autónoma, y los sumó a los más de 800 que la ciudad ya tenía acogidos: cerca de 1.400. Vivas habla de 1.100. Son dos administraciones distintas contando lo mismo con casi 300 menores de diferencia, y ninguna de las dos cifras procede de un recuento auditable. Aquí se dan por separado, atribuidas a quien las dio, sin elegir entre ellas.

Dos colegios abiertos “de manera provisional y excepcional”

Sobre los dos colegios habilitados para alojar a los menores llegados en los últimos días, las fuentes del Gobierno ceutí precisaron que la decisión se ha tomado “de manera provisional y excepcional” mientras “se habilitan los recursos de acogida extraordinarios que la Ciudad ha buscado”. Fue el Ministerio de Juventud e Infancia el que pidió el 4 de agosto abrir esos dos centros escolares, “especialmente” para las niñas. Nueve organizaciones de infancia reclamaron ese mismo miércoles al Gobierno que identifique y atienda a todos los niños llegados en la entrada masiva.

El reparto entre comunidades, atascado

El bloqueo de los traslados coincide con el pulso por el reparto. La “contingencia migratoria extraordinaria” —la situación que se declara cuando un territorio triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores solos, y que traslada al Estado la decisión de a qué comunidad va cada uno— la introdujo el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que añadió los artículos 35 bis, ter y quáter a la Ley Orgánica 4/2000, la Ley de Extranjería. Ceuta está en esa situación desde agosto de 2025.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió el miércoles la devolución de los menores llegados a Ceuta: “Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando, a su suerte, por otros países, a sus niños”. La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, pidió que “se agoten todas las vías” para que los menores “vuelvan con sus familias” y recordó que el sistema vasco ya trabaja por encima de su capacidad ordinaria. La consejera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, reclamó al Gobierno que “concrete” el reparto y dijo que los centros de la comunidad están “colapsados”. La consejera navarra de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, se ofreció en cambio a “contribuir” desde “los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido” y pidió “una respuesta coordinada”.

En los partidos, el líder de Vox, Santiago Abascal, escribió en la red social X que no debe destinarse “ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos”, en referencia a los 25 millones de euros que el Gobierno aprobó el 4 de agosto. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, marcó distancias con ese discurso y defendió aplicar los mecanismos legales —reagrupación familiar o retorno a los servicios sociales de los países de origen—, aunque sostuvo que las comunidades del PP no van a asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, mantuvo el veto de su partido a que Cataluña acoja a estos menores mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración, después de haber condicionado a ello sus votos en el Congreso.

Pérez Triano avisó de que la negativa de las comunidades tiene consecuencias: si se niegan a acoger, “entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores”. “Evidentemente, la ley tiene que cumplirse”, dijo en una entrevista en la Cadena SER, y sostuvo que “va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor” porque Ceuta está “bastante desbordada”. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró más conciliador: espera no tener que “entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial”, porque la “ley obliga a las comunidades autónomas”.

Cómo se ha hecho esta información

Toda la información de esta pieza procede de una sola agencia, Europa Press —fuente de confianza alta, pero fuente única—, y los datos sobre traslados y colegios se atribuyen en su despacho a “fuentes del Gobierno ceutí” que no se identifican por su nombre. No existe nota oficial, acuerdo publicado ni registro de traslados que permita verificarlos de forma independiente, y esta redacción no ha localizado ninguno. Las cifras de menores atendidos proceden de declaraciones de cargos públicos en entrevistas de radio y televisión, no de un recuento auditado. No se identifica a ningún menor: toda la información es agregada.

El origen de todo esto es la entrada masiva del jueves 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos y Save the Children calculó en unos 7.000 los menores de edad entre ellas. La inmensa mayoría de quienes entraron regresó a Marruecos en los días siguientes, según el Ministerio del Interior, y ninguna administración ha publicado cuántos menores había entre quienes volvieron.

Fuentes

• Europa Press, «Ningún menor migrante ha sido trasladado desde Ceuta a Península desde la crisis migratoria del 30 de julio», 5 de agosto de 2026, 17.03 hora peninsular (15.03 UTC). Fuente única de esta información.
• Europa Press, «Vivas afirma que están atendiendo a 1.100 menores migrantes en Ceuta y realizando traslados a la Península», 5 de agosto de 2026, actualizado a las 13.14 hora peninsular (11.14 UTC), con la entrevista del presidente de Ceuta en TVE.
• BOE: Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo y Ley Orgánica 4/2000, texto consolidado, artículos 35 bis, 35 ter y 35 quáter.