Nueve organizaciones dedicadas a la infancia y a la defensa de los migrantes —la Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, la Asociación Elín, la Asociación EXMENAS, la Asociación Pro Derechos Humanos España, la Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores y jóvenes, Extranjeristas en Red, el Servicio Jesuita de Migrantes y Save the Children, y alguna más que la agencia no detalla— han enviado sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros de la Presidencia (Félix Bolaños), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) e Infancia (Sira Rego) y al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Lo informó el miércoles 5 de agosto de 2026 Europa Press, que dice haber tenido acceso al texto. Ninguna de las firmantes lo ha publicado en su web y esta redacción no ha podido leer la carta.

Lo primero que piden es lo más elemental: que se «priorice la atención inmediata a todas las niñas, niños y adolescentes que han llegado a Ceuta desde Marruecos», sobre todo en la entrada masiva del 30 de julio, y «su correcta y pronta identificación». Reclaman para ellos «un lugar digno y seguro» y que se cubran sus «necesidades básicas de alimentación, alojamiento y atención sanitaria».

A partir de ahí, la carta describe el procedimiento que echa en falta: una «evaluación individualizada» de las circunstancias de cada menor para «detectar posibles necesidades específicas de protección», incluidas las relacionadas con una solicitud de protección internacional —el asilo— o con la trata de personas. Y que cada niño reciba información comprensible, asistencia jurídica especializada e interpretación cuando la necesite.

«Expulsar niñas y niños de manera automática» choca con la ley

El punto más duro llega después. Ante las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre repatriaciones de menores «sin las mínimas garantías exigibles», las firmantes recuerdan que «es contrario al ordenamiento jurídico expulsar niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad». Cualquier decisión, sostienen, debe adoptarse tras escuchar al menor, valorar su situación individual y determinar qué solución responde mejor a su interés superior; si se opone, la repatriación solo puede ejecutarse con todas las garantías, incluida la asistencia letrada independiente y su derecho a oponerse ante un juez. Y si finalmente procede, «en ningún caso» puede consistir «en la mera entrega a las autoridades marroquíes».

Ese reproche jurídico se sostiene sobre el texto legal. El artículo 35 de la Ley de Extranjería —la ley orgánica 4/2000, en su redacción vigente— obliga a la Administración del Estado a pedir un informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática de su país antes siquiera de decidir si abre un procedimiento de repatriación, y a resolver después «tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio» y con informe previo de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. La misma norma reconoce a los mayores de 16 años capacidad para actuar por sí mismos en ese procedimiento y para recurrirlo ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, y ordena suspenderlo cuando un menor de 16 con juicio suficiente manifiesta una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela, hasta que se le nombre un defensor judicial.

Registro, tutela y presunción de minoría de edad

Las organizaciones piden además que todos los menores en desamparo sean inscritos automáticamente en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados —el registro estatal en el que debe constar cada menor extranjero sin familia localizado en España— y tutelados de oficio. Insisten también en «respetar el principio de presunción de minoría de edad y que, en caso de duda, sean considerados como menores de edad», un asunto nada teórico en Ceuta: el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reforzó esta semana los servicios forenses de la ciudad, de 7 a 19 profesionales, en buena parte para los procedimientos de determinación de la edad. Reclaman, por último, habilitar los espacios necesarios en la ciudad autónoma y reforzar la coordinación entre administraciones y entre comunidades autónomas.

La carta dedica un apartado a quienes siguen fuera de cualquier recurso: las personas que permanecen en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) —la instalación estatal donde esperan quienes acaban de entrar, con 512 plazas y más de mil alojados— y en la playa de la ciudad. Entre ellas, advierten, podría haber menores todavía sin identificar. Para todas piden que se garantice «de forma inmediata» el acceso a agua, alimentos y atención sanitaria, y señalan como «especialmente preocupante la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en situación de calle sin recibir protección».

«Más de 140 personas fallecidas»: una cifra que no cuadra con ningún balance oficial

Al cerrar la carta, las organizaciones recuerdan a «las más de 140 personas fallecidas» y trasladan sus condolencias a las familias. Esa cifra no coincide con ningún balance publicado: la Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó 75 muertos en la entrada masiva del 30 de julio, a los que el Gobierno de Marruecos sumó 11 en sus aguas, y los recuentos que llevan las agencias sobre toda la costa ceutí a lo largo de 2026 se movían el 1 de agosto entre 97 y 99 cuerpos. Ni Europa Press ni las firmantes explican de dónde sale el número de la carta, y esta redacción no ha podido verificarlo. Sigue sin existir un recuento público y auditable de muertes en esta frontera elaborado por alguien ajeno a las administraciones implicadas.

Contexto

No es la primera vez que estas organizaciones se dirigen al Gobierno por lo ocurrido en Ceuta. El 31 de julio, un día después de la entrada masiva, varias de ellas ya habían avisado de que «no se pueden hacer repatriaciones colectivas», y la Plataforma de Infancia publicó ese mismo día un comunicado propio en el que cifraba en unos 7.000 los niños llegados y reclamaba respuesta coordinada entre administraciones.

Mientras tanto, la identificación avanza a cuentagotas: la Policía Nacional puso el 5 de agosto a 528 menores no acompañados a disposición de la Ciudad Autónoma, que ya decía tener acogidos más de 800, y el Gobierno anunció el 4 de agosto una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atenderlos. Nadie ha publicado todavía cuántos menores llegaron en total.

Fuentes

• Europa Press, «ONG exigen por carta al Gobierno la “atención inmediata” y “pronta identificación” de los menores llegados a Ceuta», 5 de agosto de 2026, 18.07 (hora peninsular). Consultada el 5 de agosto de 2026.
• Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, artículo 35 (texto consolidado). Consultada el 5 de agosto de 2026.
• Plataforma de Infancia, «La Plataforma de Infancia pide garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes llegados a Ceuta», 31 de julio de 2026. Comunicado anterior a esta carta, publicado por una de las firmantes. Consultada el 5 de agosto de 2026.

El contenido de la carta procede de una sola agencia (Europa Press, confianza alta), que dice haber tenido acceso al texto. El documento no es público: esta redacción no ha localizado el original ni una segunda fuente independiente que confirme su contenido, y no ha podido verificar de forma autónoma nada de lo que la carta afirma más allá de lo ya publicado por este medio.