La Policía Nacional empezó el martes 4 de agosto de 2026 el triaje de los migrantes que siguen en Ceuta después de la entrada masiva del jueves 30 de julio: identificar a cada persona por separado, una a una, para resolver después si se le concede o se le deniega el asilo. Lo anunció el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una comparecencia ante los medios recogida por Europa Press. Toda la información sobre el arranque del proceso descansa, por ahora, en esa única fuente y en las palabras del delegado: las cifras y los plazos que siguen proceden de esa comparecencia, no de un balance oficial escrito.

Uno por uno, no en bloque

Durante el triaje —una palabra tomada de la medicina de urgencia, donde designa clasificar a los heridos según su gravedad para atenderlos por orden— la Policía Nacional identifica a cada persona, recoge sus datos y determina si solicita protección internacional, es decir, si pide asilo o la llamada protección subsidiaria, las dos figuras que reconoce la Ley 12/2009 a quien huye de persecución o de un riesgo grave en su país.

«Los procedimientos administrativos no son colectivos, son individuales y tienen que ser muy garantistas», dijo Pérez Triano, que cifró en «unos 2.500» los migrantes que continúan en la ciudad. El propio delegado admitió que el número de personas pendientes obliga a hacerlo de forma progresiva.

A los ciudadanos marroquíes a quienes se rechace la solicitud se les abrirá un expediente de devolución: «Los que terminen con un asilo denegatorio, los ciudadanos marroquíes, terminarán con una devolución a su país de origen», afirmó.

Ese orden —primero el asilo, después la devolución— no es una elección del Gobierno, sino lo que impone la ley. El artículo 58 de la Ley Orgánica 4/2000, la ley de extranjería, permite devolver sin expediente de expulsión a quien intenta entrar de forma irregular, pero prohíbe ejecutar esa devolución mientras no se haya decidido sobre la solicitud de protección internacional que la persona haya presentado. El mismo artículo fija en 72 horas el plazo para ejecutar la devolución: pasado ese tiempo, hay que pedir a un juez el internamiento.

Un centro nuevo en un mes

El Gobierno prevé poner en marcha en un plazo aproximado de «un mes» un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) —una instalación policial de paso, donde se identifica y se reseña a quien acaba de llegar antes de derivarlo a otro recurso— en una nave que ya ha localizado, según el delegado. El centro permitirá hacer los triajes «con más agilidad» y que las personas permanezcan allí un máximo de 72 horas, el mismo tope que marca la ley, mientras se completa su identificación y la tramitación inicial de cada expediente.

La búsqueda de la ubicación, precisó Pérez Triano, empezó antes de la entrada masiva del 30 de julio, ante el aumento de la presión migratoria que Ceuta ya venía registrando. En ese mismo contexto se reforzaron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.

El CETI, saturado, empieza a vaciarse hacia la península

En paralelo, el Gobierno ha acelerado los traslados a la península de residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que ya estaban en Ceuta antes de la entrada masiva, sobre todo personas de origen subsahariano que cumplen los requisitos para dejar el centro. El delegado no concretó cuántos traslados se han hecho: habló de «aproximadamente» medio centenar de personas.

El objetivo, explicó, es liberar plazas para alojar a quienes son «especialmente vulnerables» y siguen en la calle, y a quienes proceden de países con más posibilidades de obtener protección internacional. El CETI está saturado: tiene 512 plazas y aloja a más de mil personas, según Pérez Triano. Es la misma instalación que ya el 29 de julio superaba los 700 residentes, con centenares de personas acampadas a sus puertas a la espera de que la policía las registrara.

Pérez Triano hizo estas declaraciones tras visitar las barriadas de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe y Loma Colmenar, donde aún deambulan centenares de migrantes y donde se reunió con representantes vecinales. Reconoció que la normalidad está «lejos» de recuperarse y que persisten problemas de seguridad y de atención humanitaria, sobre todo por la presencia de adultos y de menores en la vía pública. Save the Children calcula que unos 7.000 de los que entraron el 30 de julio eran menores y reclama identificarlos y protegerlos uno a uno. El delegado también destacó el convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Cruz Roja para repartir alimentos a los adultos que siguen en la ciudad, desde un punto de distribución instalado junto al CETI.

El contexto

El jueves 30 de julio de 2026, unas 50.000 personas cruzaron a nado o bordeando el espigón de El Tarajal desde Marruecos hasta Ceuta, según el Gobierno; el presidente de la ciudad, Juan Vivas, elevó la cifra a 60.000. Ninguna de las dos procede de un recuento independiente. La Delegación del Gobierno cifró en 67 los muertos de aquella jornada, e Interior calculó en 48.300 los retornos a Marruecos al día siguiente, el viernes 31 de julio. Los cerca de 2.500 que ahora entran en el triaje son, según el delegado, los que quedaron.

La gestión informativa de aquellos días le ha costado el puesto a una funcionaria: el Gobierno cesó este mismo 4 de agosto a la responsable de la web del Departamento de Seguridad Nacional por haber publicado una cifra de entradas «no verificada» antes que el propio Ejecutivo.

Fuentes

• Europa Press: «La Policía Nacional comienza el triaje para valorar el asilo de los migrantes en Ceuta tras la entrada masiva», 4 de agosto de 2026.
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, artículo 58 (BOE).
• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE).