Nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos de apoyo administrativo: diecinueve personas para identificar cadáveres y determinar cómo y cuándo murieron. Ese es el dispositivo que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dice haber montado en Ceuta durante la última semana, según la nota informativa que publicó el miércoles 5 de agosto de 2026 el departamento que dirige el ministro Félix Bolaños.

Las medidas se han desplegado «de forma escalonada y conforme a las necesidades» y podrán ampliarse o mantenerse «si la situación lo requiere», dice el ministerio. Alcanzan a tres frentes: el instituto forense, la Fiscalía y el turno de oficio, los abogados que el Estado designa y paga para quien no puede costearse defensa.

De siete a diecinueve, y la cuenta del 271%

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ceuta —el organismo público que practica las autopsias y asiste a los juzgados en lo que exige conocimiento médico— tenía siete profesionales activados al empezar la emergencia. Ahora tiene diecinueve.

El ministerio titula ese salto como «un refuerzo del 271%» y afirma que ha incrementado la capacidad operativa del instituto «en más de un 271%». La cuenta no cuadra: pasar de 7 a 19 personas multiplica el equipo por 2,71, es decir, lo aumenta un 171%. El 271% es el tamaño resultante respecto al de partida, no el incremento. La cifra de personas —siete y diecinueve— sí es la que da el propio departamento, y es la que permite al lector hacer la cuenta.

Al personal propio del IMLCF de Ceuta se sumaron profesionales desplazados desde los institutos forenses de Cáceres, Valladolid y Salamanca, más personal de apoyo del ministerio. El 31 de julio viajó a Ceuta la coordinadora nacional de los IMLCF; la nota oficial no da su nombre, y Europa Press la identifica como Marta Grijalba. Ese refuerzo desplazado se releva este mismo miércoles 5 de agosto por dos médicos forenses y dos técnicos de autopsia procedentes de los institutos de Albacete y Toledo, «para garantizar la continuidad del servicio».

Más allá del dispositivo de emergencia, el ministerio ha autorizado dos plazas temporales de tramitación procesal —los funcionarios que llevan el papeleo de los expedientes judiciales— durante dos meses, y una plaza de médico forense durante seis.

Fiscalía, turno de oficio y la oferta al CGPJ

La Fiscalía de Área de Ceuta recibe tres profesionales de refuerzo: un gestor y dos tramitadores procesales. Su trabajo se centrará, según la nota, en los procedimientos de determinación de edad de los menores —las pruebas con las que se decide si un migrante sin documentación es menor de edad, y por tanto si el Estado debe protegerlo—, los expedientes de protección y las medidas de guarda y tutela.

A eso se añaden tres fiscales sustitutos, nombramientos temporales que autorizó la Fiscalía General del Estado el 31 de julio, y cinco letrados más en el turno de oficio especializado «mientras duren las circunstancias extraordinarias». El ministerio dice además haber ordenado ampliar los efectivos del servicio de guardia mientras siga la situación excepcional y haber trasladado al Consejo General del Poder Judicial —el órgano de gobierno de los jueces— «su total disposición a autorizar jueces de refuerzo si así se solicita».

Qué hay detrás de estos números

El refuerzo forense mide, en plantilla, el tamaño de lo ocurrido en la frontera. El Gobierno cifra en al menos 75 los muertos y en unas 72.000 las entradas del 30 de julio, mientras el Gobierno de Ceuta habla de unas 75.000 y su presidente, Juan Vivas, llegó a hablar de 80.000: ninguna de esas cifras procede de un recuento público auditable. Esa identificación de fallecidos es también lo que reclama la Audiencia Nacional, donde la jueza María Tardón pidió el 5 de agosto datos sobre la causa, la fecha de muerte y la identidad de los fallecidos, además de preguntar a la Guardia Civil si tuvo avisos previos de la avalancha.

La otra mitad del refuerzo apunta a los menores. El 4 de agosto el Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados llegados en su mayoría en esta entrada masiva; el trabajo de la Fiscalía de Ceuta que ahora se refuerza es, precisamente, decidir quién de ellos es menor.

Una advertencia sobre el alcance de esta información: lo que aquí se cuenta es lo que el ministerio dice haber hecho, en su propio comunicado, difundido a través de la agencia Europa Press. Este medio no ha podido verificar de forma independiente que el personal anunciado esté desplegado sobre el terreno ni qué carga de trabajo asume.

Fuentes

• Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, «El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes refuerza los servicios judiciales y forenses en Ceuta», nota informativa, 5 de agosto de 2026 (documento primario).
• Europa Press, «Justicia envía a Ceuta más forenses, abogados de oficio y fiscales para gestionar la crisis migratoria», 5 de agosto de 2026, 15.03 hora peninsular (13.03 UTC).