El Consejo de Ministros desclasificó este martes 8 de septiembre de 2026 en torno a 40 documentos sobre la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio, y el Gobierno los colgará el miércoles 9 en la web de La Moncloa. Lo anunció la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión: el Ejecutivo, dijo, no tiene «nada que esconder» y publicará más informes relevantes si aparecen.

Es el cumplimiento —al menos, el primer plazo— del compromiso que Pedro Sánchez asumió el 3 de septiembre en el Congreso. «He dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse», dijo entonces, según la transcripción que publica La Moncloa. El lunes 7 Europa Press adelantó que la desclasificación iría al Consejo de Ministros del martes, citando fuentes gubernamentales anónimas. Este martes hay cifra y calendario.

Qué se publica, y quién lo escribió

Saiz precisó que los documentos están fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto de 2026 y que el Gobierno ha hecho «una labor importante de anonimizar» —borrar los datos que permiten identificar a personas— antes de compartir los informes «que tuvieran relevancia». A partir del miércoles, según ella, cualquiera podrá consultar «todos los documentos que obran en manos del Gobierno de España».

La autoría de esos papeles no la detalló la portavoz, sino fuentes gubernamentales citadas por Europa Press: proceden de distintos departamentos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español. Al lote se han sumado además algunas comunicaciones entre ministerios que el Ejecutivo ha considerado relevantes. La descripción coincide con la que publicó El País la madrugada del martes, antes del Consejo: documentos del CNI, la Policía y la Guardia Civil, no disponibles hasta el miércoles.

Lo que no se publique no desaparece del todo. Saiz recordó que los textos que afecten a la Seguridad Nacional tienen su «cauce» en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso —el órgano parlamentario donde un grupo reducido de diputados accede a las materias clasificadas, a puerta cerrada—. Y añadió que, si en el futuro aparecen más documentos de esos hechos, también se harán públicos salvo que toquen la seguridad nacional.

El corte del 1 de agosto

La fecha de cierre no es un tecnicismo: define qué puede probar el dosier y qué no. El 1 de agosto es el día siguiente al cierre de la frontera, cuando la entrada masiva ya había terminado. El País lo resume así en la entradilla de su información: La Moncloa «se concentra en un periodo que abarca hasta el 1 de agosto, que deja fuera los informes sobre una posible autoría de Marruecos».

La comprobación es sencilla con las fechas ya publicadas. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que atribuye la entrada a una actuación de fuerzas marroquíes nació de una petición que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón cursó el 3 de agosto, dos días después del corte. Ese documento —el que la magistrada asume en su auto del 7 de septiembre para hablar de «permisividad» y «guiado activo» de agentes marroquíes— no puede estar entre los 40.

Sí debería estarlo, en cambio, el papel que más discute la política española estos días: la nota que el CENIF emitió el 29 de julio, dentro del periodo. Su contenido se cuenta hoy de dos maneras incompatibles. Sánchez sostuvo en el Congreso que asignaba probabilidad «media y baja» a un movimiento coordinado de entradas a nado y salto a la valla; el auto de Tardón describe una «Alerta de Riesgo de Entrada Masiva» con riesgo «extremo» difundida ese mismo día a los puestos fronterizos. Ninguno de los dos textos es público. Si el dosier del miércoles incluye ese documento sin tachaduras, la discrepancia se resuelve sola; si no, seguirá abierta. No es la primera vez que estos papeles se describen de formas contradictorias: el 2 de septiembre la dirección de la Policía Nacional negó que existiera el informe que señala a Marruecos mientras extractos de él circulaban por varias redacciones.

Feijóo, «recortados», y la respuesta de Saiz

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó ese mismo martes en una entrevista en Antena 3, según recoge Europa Press, que los informes vayan a llegar «recortados», y dijo fiarse «mucho más» de la investigación de la Audiencia Nacional. Saiz le replicó que «haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición» y en ser «un hombre de Estado que se colocara al lado del Gobierno con responsabilidad y con prudencia», sin abrazarse a «las teorías conspiranoicas o la desinformación». «Ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes», añadió.

Sobre la eventual responsabilidad de Marruecos, que el Gobierno niega con base en los informes de que dispone, la portavoz remitió a lo dicho por Sánchez —«si existen pruebas, se actuará con contundencia»— y pidió «dejemos que se esclarezcan los hechos y que se investiguen».

Lo que aún no se puede comprobar

Nadie ajeno al Ejecutivo y a la instrucción judicial ha visto todavía los documentos. No hay lista pública de los 40, ni criterio publicado de qué se consideró «relevante», ni forma de saber cuánto texto se ha tachado al anonimizar. A las 15:56 UTC del 8 de septiembre, esta redacción comprobó que la sección de referencias del Consejo de Ministros de La Moncloa seguía sin recoger la reunión de ese día: todo lo que se sabe procede de la rueda de prensa, tal como la contaron Europa Press y El País. La tesis de que ningún aviso anticipó lo ocurrido sigue siendo, hasta el miércoles, la versión del Gobierno sobre sus propios papeles.

Contexto

Los días 30 y 31 de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta a nado y bordeando el espigón de El Tarajal. Cuántas, no hay recuento independiente. Sánchez habló en el Congreso de «unas 70.000 personas»; el Ministerio del Interior las cifró en 72.000, el Gobierno de Ceuta en unas 75.000 y su presidente en 80.000. Todas esas cuentas proceden de administraciones implicadas en la gestión de la crisis. El Gobierno declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional y puso la respuesta bajo un mando único. La Audiencia Nacional investiga los hechos desde el 7 de septiembre, con parte de las actuaciones declaradas secretas; no hay ninguna persona investigada con nombre en la causa y todas las conclusiones del auto son indiciarias y provisionales.

Fuentes

• Europa Press, «El Gobierno desclasifica 40 documentos por la crisis de Ceuta y se abre a publicar más si hubiera: “Nada que esconder”», 8 de septiembre de 2026, 14:00 CEST.
• El País, «El Gobierno desclasifica 40 documentos para demostrar que nadie avisó de que venía el mayor salto a Ceuta de la historia», de Carlos E. Cué, 8 de septiembre de 2026 (contenido de pago: esta redacción ha verificado título, entradilla y primer párrafo en el propio canal de sindicación de El País).
• El País, «El Gobierno desclasificará este martes los informes que recibió sobre Ceuta entre el 1 de julio y el 1 de agosto», 8 de septiembre de 2026, 03:30 UTC.
• La Moncloa, transcripción de la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la gestión de la crisis de Ceuta, 3 de septiembre de 2026 (texto editado por la Secretaría de Estado de Comunicación).
• La Moncloa, referencias del Consejo de Ministros (consultado el 8 de septiembre de 2026 a las 15:56 UTC, sin referencia de esa fecha).