El dinero solo llega a quien limita los alquileres. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana abrió el miércoles 2 de septiembre de 2026 la audiencia pública del real decreto que concede 90 millones de euros en subvenciones directas a las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado —los ámbitos donde la ley obliga a topar la renta de los nuevos contratos de alquiler—. La ministra Isabel Rodríguez lo anunció ese mismo día en Lekunberri (Navarra), donde visitó 34 viviendas que la empresa pública estatal Casa 47 va a poner en alquiler asequible, según recogió Europa Press.

El reparto, que figura en el artículo 5 del borrador del real decreto, suma exactamente 90 millones y se concentra en Cataluña:

• Cataluña: 59.735.817 euros, para 271 municipios.
• País Vasco: 15.505.039 euros, para 18 municipios y un distrito de Galdakao.
• Navarra: 6.688.246 euros, para 21 municipios.
• Galicia: 5.112.304 euros, para A Coruña y Santiago de Compostela.
• Asturias: 2.958.594 euros, para núcleos y barrios de Llanes, Cabrales, Gijón, Avilés y Gozón.

Esos son los 317 municipios que cita el ministerio. El texto explica también cómo se ha calculado el reparto, algo que el anuncio no detalló: el 80% del peso lo aporta la población que vive en zona tensionada en cada comunidad y el 20% restante, el porcentaje de hogares en alquiler de esa comunidad que destinan más del 40% de sus ingresos netos a pagar la renta.

Qué se puede pagar con esos 90 millones

El artículo 1 del borrador enumera cinco usos: promover o rehabilitar viviendas que se destinen a alquiler social o asequible; comprar suelo con edificabilidad residencial; urbanizarlo; adquirir viviendas ya construidas para alquilarlas; y cubrir o avalar las rentas impagadas de inquilinos jóvenes o vulnerables, siempre que el alquiler no supere el límite del sistema estatal de índices de referencia.

Las ayudas se conceden de forma directa, es decir, sin convocatoria ni concurrencia con otros candidatos, algo que el propio texto justifica por «razones de interés público, social y económico» al amparo de la Ley General de Subvenciones. El pago será único y anticipado, sin necesidad de que las comunidades constituyan garantía, y el ministerio tendrá cinco meses desde la publicación del decreto en el «BOE» para resolver.

La tramitación va con prisa. El Consejo de Ministros autorizó el 12 de mayo de 2026 la tramitación urgente de esta norma, lo que reduce a la mitad todos los plazos: el trámite de audiencia e información pública, abierto el 2 de septiembre, se cierra el 11 de septiembre de 2026, según la ficha del ministerio. El borrador y su memoria de análisis de impacto normativo llevan fecha de 7 de agosto al pie: el texto estaba redactado casi un mes antes de salir a consulta.

Dinero para las dos comunidades que el plan estatal deja fuera

El decreto resuelve de paso una anomalía. Cuando el ministerio transfirió los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el 28 de agosto, País Vasco y Navarra no aparecían en la tabla: el Real Decreto 326/2026 los excluye del plan por su régimen foral de financiación. Ahora reciben 22,2 millones de los 90. Para encajarlo, la disposición final primera del nuevo borrador añade a aquel decreto una disposición adicional que declara estos fondos «adicionales y finalistas» respecto del plan estatal y prevé resoluciones específicas para las dos comunidades forales.

Es el tercer reparto que el ministerio anuncia en seis días, después de los 800 millones del plan estatal y de los 45 millones para alojamientos universitarios, también por concesión directa y también pendiente de un real decreto en audiencia pública.

Cinco comunidades de diecisiete

Que solo cinco autonomías cobren se explica porque solo cinco han declarado zonas tensionadas desde que la Ley 12/2023 lo permite: la declaración la hacen las comunidades y el Estado se limita a publicar la lista cada trimestre en el «BOE», como hizo el 29 de julio con Santiago de Compostela, Basauri y cinco concejos asturianos.

Rodríguez convirtió esa asimetría en munición política. Dijo que quien quiera que le congelen el alquiler debe saber que si no ocurre «es porque ‘la del Ático’ no quiere congelar» —en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al ático de Chamberí por el que la Comunidad de Madrid pagó 6,3 millones—, ni el andaluz Juanma Moreno Bonilla ni el aragonés Jorge Azcón. Y remató que se trata «de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas». Ninguna de esas tres comunidades ha declarado zona tensionada, de modo que ninguna entra en el reparto.

La cifra que la ministra no acompañó de fuente

Rodríguez sostuvo que la ley «está dando resultados» y citó Navarra: el precio del alquiler habría bajado allí un 5% en el último trimestre. No indicó de qué estadística sale ese dato y esta redacción no ha podido contrastarlo, así que queda como lo que es, una afirmación de la ministra. El indicador privado más reciente apunta en sentido contrario, aunque mide otra cosa: el índice de Fotocasa —que recoge precios de oferta, no contratos firmados— situó en julio el alquiler navarro un 8,6% por encima del año anterior, mientras Cataluña caía un 16,3%.

También son suyas, sin verificación independiente, las cifras de población protegida que manejó: «medio millón» de navarros afectados por la limitación y «más de 9 millones» de personas en toda España.

Fuentes

• Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado (PDF con el articulado y la memoria de análisis de impacto normativo) y ficha del trámite de audiencia e información pública, abierto hasta el 11 de septiembre de 2026.
• Europa Press: «El Ministerio asigna 90 millones a las Comunidades con zonas de mercado tensionado para movilizar vivienda», 2 de septiembre de 2026.
• Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Nota de fuentes. El anuncio y las declaraciones de la ministra proceden de una sola agencia, Europa Press, de confianza alta. Las cifras del reparto, los criterios de distribución, los usos autorizados y los plazos se han verificado contra el documento primario publicado por el propio ministerio. La valoración de la ministra sobre el efecto de la ley en los precios y los datos de población protegida se atribuyen y no se dan por contrastados.