Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
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Se aprobó el Real Decreto 326/2026, que regula el plan y excluye de su aplicación a País Vasco y Navarra (artículo 1.5) por su régimen foral de financiación. leer la pieza →
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Recibió el aval de las comunidades autónomas por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, según el ministerio. leer la pieza →
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció que ya había transferido los primeros 800 millones de euros, la anualidad de 2026 correspondiente al Estado (19% de los 4.200 millones que aportará hasta 2030); el reparto por comunidades lo encabezan Andalucía (136,8 millones), Madrid (127,2) y Cataluña (116), y Ceuta y Melilla reciben 800.000 euros cada una. leer la pieza →
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El artículo 6.5 del real decreto exime en 2026 a las comunidades de aportar su 40% para recibir la transferencia estatal; desde 2027 sí será condición, y si una comunidad aporta menos de lo que le corresponde, el compromiso del ministerio se reduce en la misma proporción. leer la pieza →
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El real decreto obliga a destinar al menos el 40% de cada anualidad —estatal más autonómica— a aumentar la oferta de vivienda social y asequible, el 30% a rehabilitación y renovación urbana y rural, y el 30% restante a rebajar la tasa de esfuerzo y a la emancipación juvenil. leer la pieza →
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El cauce ordinario de ejecución son convenios con cada comunidad, aunque el real decreto permite transferir los fondos de 2026 por resolución de la ministra, previa conformidad expresa de cada territorio. leer la pieza →
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El ministerio abrió a la vez el trámite de audiencia e información pública de la orden ministerial que regulará el seguimiento, la evaluación y el suministro de información del plan —con plazo de alegaciones hasta el 18 de septiembre de 2026—: los fondos salieron antes de que esté aprobada la norma que fija cómo se vigilarán, entre otros objetivos la protección permanente sin descalificación de las viviendas construidas con estos fondos. leer la pieza →
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El ministerio encuadra en este plan los 45 millones de euros que repartirá entre seis universidades públicas y el Ayuntamiento de Lleida para 1.525 alojamientos universitarios de alquiler asequible, pero esa partida no sale del reparto autonómico de 800 millones: se financia con concesión directa —sin concurso público— cargada a las aplicaciones presupuestarias propias del ministerio en 2026, y se paga directamente a universidades y ayuntamiento. leer la pieza →
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La disposición final primera del real decreto que reparte 90 millones entre las comunidades con zonas de mercado residencial tensionado añade al Real Decreto 326/2026 una disposición adicional que declara esos fondos «adicionales y finalistas» respecto de este plan, con resoluciones específicas para País Vasco y Navarra —excluidas del plan por su régimen foral—, que reciben así 22,2 de los 90 millones. leer la pieza →
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Por una vía distinta a la de este plan, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que da a la vivienda social y asequible la consideración de Inversión Financieramente Sostenible, lo que permite a ocho comunidades autónomas destinar a ella parte de su superávit presupuestario de 2025; el decreto deja en manos de cada gobierno autonómico cuánto de ese superávit acaba en vivienda protegida y no en otras inversiones igualmente elegibles. Detalle en [[decreto-de-flexibilizacion-del-superavit-autonomico-2026]]. leer la pieza →