Una comunidad que cierra el año con dinero de sobra no puede gastárselo en lo que quiera: la ley le obliga a usar ese remanente para bajar su deuda. El Consejo de Ministros levantó ese candado el martes 8 de septiembre de 2026 con un real decreto-ley «por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes», según la referencia oficial del Consejo de Ministros. El superávit de 2025 podrá ir a inversiones, y la vivienda protegida cuenta como una de ellas.

Qué permite el decreto

La norma tiene dos piezas. La primera autoriza a las comunidades a «usar el superávit obtenido en 2025 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante los ejercicios 2026 y 2027». Las IFS —el nombre técnico que la contabilidad pública da a las inversiones que, según la propia referencia, «en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas»— tienen un privilegio contable: no computan en la regla de gasto, el techo anual de crecimiento del gasto que la ley impone a cada administración. Sí computan, en cambio, para el objetivo de déficit.

La segunda pieza va a los superávits viejos. Las comunidades cuya deuda no supere el 12,4% de su PIB a cierre de 2025 podrán destinar a inversión los remanentes de ejercicios anteriores que hoy están obligadas a dedicar a reducir endeudamiento, con plazo de ejecución hasta 2028 y, otra vez, sin que cuenten en la regla de gasto.

Para acogerse a la excepción hay un peaje: cumplir el periodo medio de pago a proveedores que fija la normativa de morosidad. Quien paga tarde a sus proveedores no gasta su superávit.

Que la vivienda entre en el saco no es una interpretación generosa del Gobierno, sino texto: «tendrá la consideración de IFS la inversión en vivienda social y asequible o en vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública permanente», dice la referencia. Junto a ella caben actuaciones con efectos positivos sobre el cambio climático, mejoras de eficiencia energética o inversiones que eviten gastos recurrentes.

Ocho comunidades y una cifra con letra pequeña

«Con los datos disponibles hasta la fecha», el Gobierno enumera ocho beneficiarias: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. En conjunto, sostiene la referencia, podrán destinar «más de 4.000 millones de superávit presupuestario a inversiones para fortalecer los servicios públicos».

Conviene tomar la cifra con pinzas por partida doble. Es un cálculo del Ministerio de Hacienda, no una liquidación cerrada: el propio texto la condiciona a los datos disponibles y no publica el reparto comunidad por comunidad. Y ni siquiera el Gobierno la dice igual dos veces: en la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, habló de movilizar «casi 4.000 millones», según recogió Europa Press; la nota escrita dice «más de». Nada indica que las comunidades tengan que gastarlo: el decreto abre una puerta, no obliga a cruzarla.

Nació en una negociación con Canarias

«El origen de dicho RDL radica en la negociación mantenida entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, aunque sus medidas benefician a otras Comunidades Autónomas», admite la referencia sin rodeos. El archipiélago se lleva además dos medidas propias, ligadas a la erupción del volcán de Cumbre Vieja de 2021 en La Palma: una habilitación para destinar 100 millones del superávit de 2025 a ayudas a los afectados por la erupción, y la prórroga al ejercicio 2026 de la deducción del 60% en el IRPF para los residentes en la isla.

Canarias es también la comunidad que sacó de apuros al Gobierno cuatro días antes. El viernes 4 de septiembre fue uno de los dos únicos votos a favor de la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto a Cataluña, frente a catorce noes (Hacienda saca adelante la nueva financiación autonómica). Cinco de las ocho comunidades que ahora podrán gastar su superávit —Andalucía, Galicia, Illes Balears, Cantabria y Asturias— votaron en contra de aquella reforma; País Vasco y Navarra tienen hacienda foral y quedan fuera del régimen común.

España aprovechó la rueda de prensa para reclamar «lealtad» al PP y recordarle que aún puede rectificar cuando el proyecto de ley de financiación llegue al Congreso, según Europa Press. El ministerio encadena así la enésima cifra de su relato de generosidad con los territorios: 185.593 millones de euros para las comunidades en 2027 entre entregas a cuenta y liquidación, un 78,6% más que en 2018 —el reparto que el ministerio comunicó a las comunidades el 29 de julio (entregas a cuenta récord para 2027)— y una condonación de 83.252 millones de deuda autonómica que sigue en tramitación parlamentaria.

Lo que falta

El real decreto-ley no estaba publicado en el «BOE» al cierre de esta pieza (comprobado en los sumarios del 8 de septiembre de 2026): hasta que aparezca no se conocerá su articulado, y con él los requisitos exactos y el detalle por comunidad. Después tendrá que pasar por el Congreso: el artículo 86 de la Constitución obliga a someter todo decreto-ley a debate y votación de convalidación en el plazo de treinta días desde su promulgación. Si el Congreso no lo convalida, decae.

Hacienda subraya que no inventa nada: ya aprobó reglas similares para los ayuntamientos con superávit y ahora las extiende a las comunidades. Para la vivienda, el dinero llega a un terreno donde el Estado ya reparte: en agosto transfirió los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (Vivienda transfiere a las autonomías los primeros 800 millones). Cuánto del superávit acabará en vivienda protegida, y no en otras inversiones igualmente elegibles, es una decisión que el decreto deja íntegra en manos de cada gobierno autonómico.

Fuentes

• La Moncloa, Referencia del Consejo de Ministros del 8 de septiembre de 2026 (fuente-sujeto: el acuerdo del Consejo se autoacredita).
• Europa Press, «El Gobierno flexibiliza el uso del superávit de CCAA para financiar inversiones sostenibles, como vivienda», 8 de septiembre de 2026.
• «BOE», sumario del 8 de septiembre de 2026 (consultado para comprobar que el decreto aún no estaba publicado).