El dinero con el que quince comunidades pagan sus hospitales, sus colegios y sus residencias se reparte desde hace diecisiete años con la misma regla, pese a que la ley que la aprobó —la 22/2009, disposición adicional séptima— manda evaluar sus elementos estructurales cada cinco años. El viernes 4 de septiembre de 2026 esa regla empezó por fin a moverse, aunque casi nadie alrededor de la mesa levantó la mano a favor.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades que el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1980 forma con el ministro de Hacienda, el de Administraciones Públicas y el consejero de Hacienda de cada comunidad y ciudad autónoma— aprobó ese día la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. El acuerdo aportará 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades, según la nota del Ministerio de Hacienda publicada ese mismo viernes. El ministro, Arcadi España, calificó la reunión de «histórica» y recordó que hacía 17 años que el Consejo no debatía un modelo nuevo y 12 que el vigente «ha caducado», según recogió Europa Press.

Aprobado con dos apoyos y catorce rechazos

La nota oficial del ministerio no dice cuántos votaron ni quiénes: describe el modelo, no la votación. El recuento lo aportan los medios que cubrieron la reunión. Solo Cataluña y Canarias respaldaron la propuesta, según La Vanguardia, que titula que se opuso el 87% de las comunidades, sin detallar sobre qué base calcula ese porcentaje. El desglose voto a voto sí lo detalla en el cuerpo del artículo.

Según la relación de votos que publica ese diario, en contra votaron las diez comunidades gobernadas por el PP que acudieron —Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Murcia y La Rioja—, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y dos comunidades del PSOE: Castilla-La Mancha y Asturias. Catorce noes, dos síes. El sistema de régimen común lo forman quince comunidades —todas salvo País Vasco y Navarra, con hacienda foral propia— más las dos ciudades autónomas.

Aun así, la aprobación nunca estuvo en duda: Hacienda controla la mitad de los votos del Consejo, de modo que, confirmado el quórum, le bastaba con sumar algún apoyo autonómico, apunta La Vanguardia.

La Comunidad de Madrid dejó su silla vacía y no votó. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llamó la víspera a boicotear la reunión, según el mismo diario, y ningún otro Ejecutivo del PP secundó la idea: los territorios populares acudieron y dejaron a Madrid sola en el plantón, como titula El País. España reprochó a varios gobiernos autonómicos del PP haber renunciado a defender sus intereses por «instrucción política» de la dirección nacional del partido, y citó a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Qué cambia: más impuestos cedidos y 19.000 millones del Estado

El modelo se apoya en tres piezas que, según Hacienda, reparten el 99% de los recursos del sistema:

• Más capacidad tributaria. La parte del IRPF que se queda cada comunidad sube del 50% al 55%, y la del IVA, del 50% al 56,5%. Entran además en el sistema los impuestos sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, el juego y el depósito de residuos en vertederos.
• Nivelación horizontal: las comunidades con más capacidad recaudatoria aportan a las que tienen menos, con la garantía de que todas alcancen el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. La «población ajustada» es el reparto ponderado de habitantes que corrige el peso de la edad, la dispersión, la superficie o la insularidad: una comunidad envejecida gasta más en sanidad; una con muchos escolares, más en educación.
• Nivelación vertical: el Estado pone 19.000 millones de euros con el objetivo inicial de reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a la mejor financiada, que es la Comunidad de Madrid.

El acuerdo añade un fondo climático —dos tercios para las autonomías del litoral mediterráneo—, un mecanismo voluntario por el que las comunidades pueden recibir parte del IVA que generan sus pymes y una garantía de statu quo: ninguna comunidad recibirá al arranque menos de lo que le habría dado el sistema anterior, un cierre que el ministerio financia con dinero propio y que beneficia a Cantabria y Extremadura. Fuera del modelo, Hacienda se compromete a reformular el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley de Incentivos Regionales de 1985, y a crear un fondo nuevo para las comunidades por debajo de la media, con criterios como la reindustrialización, la despoblación, el turismo masivo o la masa forestal; su cuantía no está cerrada.

La adhesión al nuevo sistema será voluntaria: quien no quiera sumarse seguirá con el modelo de 2009, explicó el ministro. La Vanguardia cifra en 224.507 millones de euros el reparto total que contempla el nuevo modelo entre las comunidades de régimen común, frente a los 152.484 millones que recibieron en 2023, último ejercicio liquidado —son años distintos, así que la diferencia no mide solo el efecto de la reforma—.

El agravio que la reforma dice corregir

España sostuvo que el modelo no beneficia solo a Cataluña, que Andalucía será la que más recursos adicionales reciba y que todas mejoran su posición. La brecha que dice atacar es de 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y la peor financiada, según la cifra que dio el ministro.

Que las diferencias existen lo han documentado también los economistas. Un informe de Fedea publicado el 26 de agosto de 2026 calculó que Cataluña recibió en 2023 unos 450 euros por habitante para pagar competencias que solo asumen algunas comunidades —policía propia, prisiones, justicia—, frente a los 8 euros de Castilla-La Mancha, y reprochó a Hacienda no publicar los datos que permitirían comprobar el cálculo.

El armazón de la reforma nace del pacto de investidura entre el PSC y ERC para hacer president a Salvador Illa, recuerda La Vanguardia, y es justamente el argumento con el que las comunidades del PP justificaron su rechazo: una medida pactada antes con un partido independentista, dicen, no es un consenso. Cataluña participó en el diseño y elevaría los recursos de la Generalitat en 4.686 millones de euros al año, según el mismo diario. Canarias, gobernada por Coalición Canaria con el PP, ya había anunciado en julio su apoyo, cuando Hacienda aplazó al 4 de septiembre el Consejo previsto para el 29 de julio a petición de las comunidades del PP.

Mientras tanto, el dinero del sistema actual sigue creciendo: las entregas a cuenta de 2027 alcanzan los 170.529 millones de euros, un 8,11% más que en 2026, un récord que el ministerio volvió a reivindicar en la nota del viernes.

Lo difícil empieza ahora

El acuerdo del Consejo no cambia todavía ni un euro de reparto. Hacienda debe redactar la ley, llevarla al Consejo de Ministros y remitirla después al Congreso de los Diputados, según su propia nota. «El Congreso tendrá la última palabra», dijo España.

Ahí la aritmética es peor que en el Consejo: el Gobierno necesita a todos sus socios de investidura, de Junts a Podemos, y Junts ya avanzó en julio una enmienda a la totalidad, según elDiario.es. ERC se ha abierto a incorporar propuestas del partido de Carles Puigdemont durante la tramitación, según La Vanguardia. El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo modelo esté vigente el 1 de enero de 2027, aunque el propio ministro admitió que eso depende del Congreso.

Fuentes

• Ministerio de Hacienda, «El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la reforma del sistema de financiación autonómica, que aportará 20.975 millones adicionales a las Comunidades Autónomas», 4 de septiembre de 2026 (documento primario).
• BOE, Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (texto consolidado; disposición adicional séptima, revisión quinquenal).
• Europa Press, «Hacienda saca adelante el nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias», 4 de septiembre de 2026.
• La Vanguardia, «Hacienda aprueba la nueva financiación respaldada por Catalunya y Canarias pero con el rechazo del 87% de comunidades», 4 de septiembre de 2026.
• El País, «El Gobierno sienta a las comunidades del PP en la reunión con Hacienda a pesar del plantón de Ayuso», 4 de septiembre de 2026. El acceso al cuerpo del artículo devolvió un error 403 el 4 de septiembre; el titular y el sumario se verificaron en el RSS de portada del diario y coinciden con Europa Press y La Vanguardia.