Hay competencias que unas comunidades autónomas gestionan y otras no: los Mossos d’Esquadra, las cárceles catalanas, los edificios y el personal de los juzgados, la promoción del gallego o del valenciano, los parques nacionales. Son las competencias singulares o no homogéneas, y el Estado las paga aparte, fuera del reparto general. En 2023 costaron 8.319 millones de euros. Repartidos por habitante, esa factura va de los 8 euros de Castilla-La Mancha a los 450 de Cataluña.

Los números salen de «Sobre la financiación de las competencias singulares», un trabajo que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) —centro de investigación económica privado con sede en Madrid— publicó el 26 de agosto de 2026 como Apuntes 2026/21 y que firma su director, Ángel de la Fuente. La agencia Europa Press dio cuenta de él el 29 de agosto. El propio documento advierte de que el trabajo está «financiado parcialmente por BBVA Research».

Quién cobra qué

El cuadro 2 del informe ordena a las quince comunidades de régimen común —todas menos País Vasco y Navarra, que tienen concierto propio— por lo que reciben para estas competencias. La media es de 185 euros por habitante. Cataluña se lleva 3.563 millones, 450 euros por habitante: un índice de 243,4 sobre esa media, casi dos veces y media. Le siguen Cantabria (320 euros), La Rioja (318) y Madrid (220, y 1.509 millones en total, la segunda cifra absoluta más alta). En el otro extremo, Castilla-La Mancha se queda en 8 euros por habitante, Castilla y León en 9 y Extremadura en 11.

Conviene no leer ese ranking como una tabla de agravios. Buena parte de lo que sitúa arriba a Madrid, Cantabria y La Rioja es una peculiaridad contable que el propio informe detalla en su cuadro 5: son comunidades uniprovinciales que absorbieron a su diputación y optaron por meter los ingresos provinciales dentro del Fondo de Suficiencia —905 millones en el caso de Madrid, 116 en el de Cantabria y 61 en el de La Rioja—, de modo que ese dinero aparece aquí y no en la financiación local. En Cataluña, en cambio, el grueso es competencia efectiva: la policía autonómica es la partida más cara de todo el bloque, con 1.855 millones, y las prisiones suman otros 603.

Tras la policía catalana, el reparto de los 8.319 millones lo encabezan el personal de la Administración de Justicia (1.765 millones), la participación provincial en los ingresos del Estado (1.329), la normalización lingüística (813), los hospitales provinciales (606) y las cárceles catalanas (603). El propio autor marca los límites de ese desglose: el último detalle por competencia que ha podido consultar es el de 2021, actualizado después con índices y decretos de traspaso, así que las cifras del cuadro son «valores aproximados».

El mismo servicio, precios distintos

El argumento de fondo no es cuánto recibe cada uno, sino cómo se calcula. La financiación de estas competencias se fija por «coste histórico»: cuando el Estado traspasa un servicio, la comunidad hereda lo que ese servicio le costaba al Estado en ese momento, y esa cantidad se va actualizando después. Como cada traspaso se pactó en un año distinto y con un Gobierno distinto, el resultado son precios muy diferentes para lo mismo.

De la Fuente lo documenta con dos ejemplos. En Justicia, traspasada a diez comunidades, la valoración va de los 81,8 euros por habitante de Asturias (índice 170,3) a los 35,5 de Galicia (73,8) o los 37,7 de la Comunidad Valenciana (78,4), con una media de 48 euros. En el pago de los profesores de religión de infantil y primaria, medido por persona en edad escolar —de 0 a 16 años, no por alumno matriculado—, Asturias percibe 88,7 euros (índice 199) frente a los 20 de Cataluña (44,9) o los 29,2 de Baleares (65,4). Son, escribe, diferencias «muy difícilmente justificables».

Un tercer cálculo, el de la financiación de las diputaciones y entes asimilados (cuadro 6), arroja un abanico parecido: 136 euros por habitante en Madrid frente a 367 en Extremadura y 360 en Castilla y León.

Nada de esto se ve desde fuera, y ese es el segundo reproche del informe: las desigualdades resultan «prácticamente invisibles para el público general e incluso para los analistas» porque el Ministerio de Hacienda no publica con regularidad los datos detallados de qué se financia por cada vía. De la Fuente pide que la liquidación anual del sistema incluya esa información —no solo lo que llega por el Fondo de Suficiencia, sino también los convenios, las subvenciones directas y las cesiones adicionales de IVA que el Gobierno ha incorporado a su propuesta de reforma—, y avisa de que esa última vía «tendería a agravar» la opacidad.

Qué propone

El informe no se queda en el diagnóstico. Para las competencias que previsiblemente acabarán teniendo todas las comunidades —religión, justicia—, propone ir acercando su financiación año a año a la fórmula de necesidades de gasto del sistema general, hasta integrarlas en él. Para las que seguirán siendo de unos pocos por razones geográficas o políticas —parques nacionales, prisiones, policía—, propone valorarlas con una referencia común: lo que le cuesta al Estado ese mismo servicio, por usuario, en los territorios que no lo han asumido, dato que también debería publicarse cada año. Y sugiere revisar de raíz la financiación provincial y unificar en las comunidades los centros sanitarios que aún dependen de las diputaciones. Todo ello, dice, en la línea de lo que ya recomendó en 2017 la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, cuyo informe cita en su bibliografía.

El calendario manda

El trabajo llega en plena cuenta atrás. El Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano en el que el Estado y las comunidades negocian el dinero autonómico— debe reunirse el viernes 4 de septiembre de 2026 para abordar la reforma del modelo de financiación, después de que Hacienda aplazara la sesión prevista para el 29 de julio a petición de las comunidades gobernadas por el PP. El sistema que se pretende sustituir, el de la Ley 22/2009, lleva diecisiete años vigente pese a que la propia ley ordenaba revisarlo cada cinco.

Es la segunda vez este mes que Fedea coloca un informe en el debate público español: el 24 de agosto publicó un estudio que cifraba en el 28,3% la proporción de menores en riesgo de pobreza en 2025.

Esta redacción ha verificado las cifras de esta noticia contra el documento original de Fedea, no solo contra el teletipo. No ha contrastado, en cambio, los datos del informe con las liquidaciones del Ministerio de Hacienda: el propio autor sostiene que ese desglose no se publica de forma sistemática.

Fuentes

• Ángel de la Fuente, «Sobre la financiación de las competencias singulares», Fedea, Apuntes 2026/21, agosto de 2026 (presentación en fedea.net, 26 de agosto de 2026).
• Europa Press, «Cataluña recibió 450 euros por habitante para ejecutar competencias singulares, frente a los 8 euros de C-LM», 29 de agosto de 2026.
• Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, informe de 2017 (Ministerio de Hacienda y Función Pública). El enlace que recoge la bibliografía de Fedea, alojado en el Instituto de Estudios Fiscales, no respondía el 29 de agosto de 2026 desde esta redacción, por lo que no se reproduce aquí.