Ley de nietos: el Supremo veta en ambos censos a los 163.355 nacionalizados
El Tribunal Supremo ordenó el viernes 20 de noviembre a la Junta Electoral Central que ninguno de los 163.355 nacionalizados por la «ley de nietos» figure como elector el 29-N, ni en el censo exterior ni en el de residentes en España, salvo quien acredite el exilio de sus antepasados, según la providencia que recoge Europa Press. El INE había rebajado los afectados a 113.326.
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Tres días después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) diera por cerrada la cuenta en 113.326 personas, el Supremo ha vuelto a la cifra de partida. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó en una providencia —una resolución judicial de trámite— del viernes 20 de noviembre de 2026 que la Junta Electoral Central (JEC, el órgano que supervisa los procesos electorales) y la Oficina del Censo Electoral «deberán estar a lo acordado» en los autos con los que suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por la «ley de nietos». Lo cuenta Europa Press, que ha tenido acceso al documento. La providencia no se ha hecho pública.
La «ley de nietos» es la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que abre la nacionalidad española a descendientes de exiliados. La orden de los magistrados no deja margen a la interpretación: «En consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados».
Por qué ahora: informes «de difícil comprensión»
El tribunal toma la decisión, según Europa Press, ante la «difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal», de los informes de la Abogacía del Estado —los abogados que defienden a la Administración— y de la Oficina del Censo Electoral sobre cómo se estaban cumpliendo las medidas cautelares, las decisiones provisionales que un tribunal adopta mientras resuelve el fondo de un pleito.
Uno de esos informes es el escrito que la Abogacía del Estado remitió en nombre del INE y que se conoció el 17 de noviembre. Partía del listado de 163.355 nacionalizados que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía registrados al cierre del censo, el 1 de agosto, y, tras descontar menores, nacionalizaciones posteriores, duplicidades e inscripciones anteriores a la ley, llegaba a 113.326 electores afectados. Ese recorte se apoyaba en un cruce con el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los españoles que viven en el extranjero), donde el INE solo localizó a 117.723 de los registros, como se detalló en la pieza del 17 de noviembre.
La providencia cierra esa vía: la suspensión alcanza a las 163.355 personas del listado figuren en el censo exterior o en el Censo Electoral de Residentes en España, y la única salida es el certificado consular de exilio. Descontadas las 901 personas que ya lo aportaron, el perímetro de la orden es de 162.454, la misma cifra sobre la que el Supremo mantuvo la suspensión el 9 de noviembre. Son 49.128 personas más que las que contaba el INE, según cálculo propio. La providencia, tal como la recoge Europa Press, no dice cuántas de ellas figuran de hecho en algún censo, así que esa diferencia mide el alcance de la orden, no necesariamente el número de votos que se pierden.
Lo que había pedido Iustitia Europa
La orden coincide con lo que reclamaba el partido Iustitia Europa, uno de los dos recurrentes junto a Vox. Tras el informe del INE, denunció que 35.925 registros no aparecían en el CERA y que su situación censal «no había sido suficientemente esclarecida por la Administración», y pidió al Supremo que la suspensión se garantizara tanto en España como en el extranjero. En una nota de prensa difundida este viernes, el partido que dirige el abogado Luis María Pardo sostiene que la orden judicial «comprende por tanto a 162.454 personas, sin perjuicio de las nuevas certificaciones que puedan aportarse antes del 29N». Es la lectura de una parte del pleito.
Otras dos decisiones del viernes
En otra providencia, la Sala dio a las partes dos días, hasta el lunes 23 de noviembre, para alegar sobre la documentación que la Abogacía del Estado ha aportado, en nombre del Ministerio del Interior, acerca de los controles de seguridad de los dispositivos para votar con DNI digital en las generales. Es la respuesta al requerimiento que el tribunal hizo a Interior el 17 de noviembre.
Los magistrados dan cuenta además de que el PP ha pedido personarse en el proceso. Le exigen que precise en qué concepto, porque «únicamente podrán actuar como codemandados», es decir, del lado de la Administración demandada y no del de los recurrentes.
Contexto
El pleito arrancó en julio, cuando Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo el acuerdo de la JEC que se negó a frenar las altas en el censo exterior derivadas de la ley de nietos. En septiembre, el tribunal suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones hasta dictar sentencia, salvo para quien acredite el exilio de sus padres o abuelos. La suspensión no alcanza a los hijos de los nacionalizados: el Supremo lo rechazó el 9 de noviembre y volvió a rechazarlo el 18 por lo avanzado del periodo electoral. El fondo del asunto sigue sin sentencia. Las elecciones generales se celebran el domingo 29 de noviembre.
Fuentes
- Europa Press, «El Supremo exige a la JEC garantizar que más de 160.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ no voten», 20 de noviembre de 2026. Las providencias del Supremo no son públicas y esta pieza no ha podido enlazarlas; las citas proceden de la información de Europa Press.
- Europa Press, «El INE cifra en 113.326 los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones», 17 de noviembre de 2026.