El Supremo deja votar el 29-N a 189.678 hijos de 'nietos' nacionalizados
El Tribunal Supremo rechazó el 9 de noviembre de 2026 suspender el voto de los 189.678 hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos, como pedían Vox e Iustitia Europa, y podrán votar en las generales del 29 de noviembre. En otro auto mantiene vetados a sus padres, unos 162.000 electores del censo exterior.
Los hijos sí votarán; los padres, de momento, no. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dio a conocer el lunes 9 de noviembre dos autos que dibujan el censo exterior con el que España irá a las urnas el 29 de noviembre. En el primero rechaza la petición de Vox y de Iustitia Europa —una formación que se define como partido político— de extender la suspensión del voto a los 189.678 hijos de las personas nacionalizadas por la ley de nietos. En el segundo desestima los recursos de asociaciones de afectados y de particulares y mantiene la suspensión que ya pesaba sobre sus padres, según han informado Europa Press, elDiario.es y ABC, que han tenido acceso a las resoluciones.
La ley de nietos es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abre la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Quien la obtiene desde el extranjero entra en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, y vota desde allí.
Por qué no a los hijos: el calendario
El tribunal no discute la lógica de la petición. Admite, según ABC, que lo solicitado es «consecuencia directa y necesaria» de lo que ya acordó: si se duda del derecho de los padres, recoge elDiario.es, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos». Lo que pesa es el reloj.
La suspensión de los padres, recuerdan los magistrados según Europa Press, se adoptó el 10 de septiembre —el acuerdo se había anunciado el día 8—, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales», y se ratificó el 12 de octubre, todavía antes del periodo electoral. La de los hijos, en cambio, llega «transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral» —que arranca el 13 de noviembre— y «a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados».
«Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA (…) resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral», concluye la Sala, que ve en la medida un riesgo de «perturbación grave de los intereses generales». También duda de que pudiera ejecutarse: habría que repetir con este colectivo las notificaciones internacionales, los plazos y las garantías ya aplicados a los padres, algo que la Oficina del Censo Electoral y los consulados no podrían asumir a tiempo, según ABC.
El Supremo sí corrige a la Abogacía del Estado —los abogados que defienden al Gobierno en los tribunales—, que se oponía a la ampliación por «no resultar conformes y ajustadas a derecho» y alegaba que el impacto sería pequeño a la vista de la participación de los electores del CERA en las últimas generales. La Sala rechaza ese argumento: no se puede saber cuánta gente votará, y el colectivo de los hijos es mayor que el de los padres.
Las cifras del propio tribunal
«Según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular)», escribe el Supremo, según Europa Press. Esas 901 son las únicas que han acreditado ante su consulado descender de exiliados, la excepción que el tribunal fijó en septiembre para conservar el voto.
En el segundo auto, la Sala dice apreciar ahora «con mayor intensidad» las razones para mantener la suspensión, «después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas», «su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA». ABC detalla que, según los magistrados, el resto adquirió la nacionalidad por la presunción de exilio de la instrucción ministerial de 2022, y cita el caso del consulado general en Buenos Aires, con 17.775 expedientes aprobados sin que ninguno incluyera prueba de exilio. Son valoraciones del tribunal en una fase cautelar: el fondo del pleito sigue sin sentencia.
Dos votos particulares, en sentidos opuestos
La Sala no decidió por unanimidad. La magistrada María Alicia Millán vuelve a discrepar de mantener la suspensión de los padres: «No comparto la tesis de que la sola invocación del interés general consistente en preservar la pureza o regularidad del censo electoral permita justificar la suspensión cautelar del derecho de sufragio activo de ciudadanos españoles». Recuerda que los afectados son «aproximadamente el 0,42 por ciento de los 38.728.356 electores del censo aplicable a estas elecciones», según Europa Press.
En el extremo contrario, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero sostiene que la ampliación a los hijos «debió ser aceptada» y que las nuevas medidas «pueden y deben hacerse efectivas en tiempo y forma», recoge elDiario.es.
Fuentes del Gobierno citadas por elDiario.es celebraron que no se amplíe la suspensión, a la que llaman «un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas», y lamentaron que el mismo razonamiento no se aplique a los padres.
Contexto
El pleito nació en julio, cuando Iustitia Europa y Vox recurrieron el acuerdo de la Junta Electoral Central que se negó a frenar las altas en el censo exterior (la vista que convocó el Supremo). En septiembre el tribunal suspendió el voto de los nacionalizados por esta vía salvo exilio acreditado. Las elecciones generales del 29 de noviembre las convocó el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (la campaña oficial va del 13 al 27 de noviembre).
Fuentes: esta pieza no ha podido enlazar los dos autos del 9 de noviembre, que ninguna de las fuentes consultadas reproduce íntegros; se basa en las informaciones de Europa Press, elDiario.es y ABC, que han consultado las resoluciones y coinciden en los hechos y las cifras.