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El Supremo tumba el recurso de Vox: votarán los hijos de nacionalizados

El Tribunal Supremo rechazó el miércoles 18 de noviembre el recurso de Vox para suspender el voto de los 189.678 hijos de nacionalizados por la «ley de nietos» en las generales del 29-N: a menos de dos semanas de las urnas, no hay tiempo para revisar el censo con garantías, según el auto que recoge Europa Press.

Renato Davila · 18 de noviembre de 2026 · nacional

Fachada blanca del Tribunal Supremo en Madrid vista de frente y a distancia, con la inscripción «Tribunal Supremo», un grupo escultórico y la bandera de España en lo alto, árboles y setos a ambos lados y una amplia plaza de tierra vacía en primer plano.
Imagen de archivo: sede del Tribunal Supremo en la plaza de la Villa de París de Madrid, fotografiada el 13 de septiembre de 2025. (Foto: Javier Perez Montes, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Vox llegó tarde, y el Supremo se lo ha dicho por escrito. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó en un auto del miércoles 18 de noviembre de 2026 el recurso con el que el partido pretendía suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la «ley de nietos» —la disposición de la Ley de Memoria Democrática que abre la nacionalidad española a descendientes de exiliados— antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo cuenta Europa Press, que ha tenido acceso a la resolución. El auto no se ha hecho público.

Los magistrados dejan una frase que retrata el pleito: «Si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar, la respuesta podría haber sido distinta». La pieza cautelar es el procedimiento aparte en el que el tribunal decide medidas provisionales mientras resuelve el fondo del asunto, que sigue sin sentencia.

Por qué no: el reloj y las garantías

«En el estado tan avanzado del proceso electoral en curso», a «menos de dos semanas» de la votación, «no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido», escribe la Sala, según Europa Press. Ese procedimiento tendría que terminar antes del día de la votación —e incluso antes del escrutinio general de las Juntas Electorales Provinciales— y, además, garantizar que las personas afectadas puedan ser oídas y recibir respuesta a sus alegaciones.

El tribunal reprocha a Vox que pase por alto esas garantías, un «extremo que no merece ninguna consideración de la parte recurrente». Y le corrige la aritmética: las operaciones «están lejos de resultar lo sencillas que afirma la formación recurrente». Coincide en eso con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —los abogados que defienden a la Administración en los tribunales—: no bastaría con apartar a los hijos de las 901 personas que acreditaron el exilio de sus padres o abuelos con un certificado consular y conservan el voto. Habría que identificar, entre las 189.678 personas registradas como hijos de nacionalizados por esta vía, a los descendientes de las 113.326 que tienen suspendida su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los españoles que viven en el extranjero).

Y, aun haciéndolo, habría que emplazar a cada interesado y resolver sus reclamaciones. «Cumplimentar todos esos trámites indeclinables, por fugaces que sean los plazos que se otorguen, no permitirían tampoco resolver en tiempo hábil las reclamaciones presentadas», concluye la Sala.

Contexto

El auto de este miércoles desestima el recurso de Vox contra otro del 9 de noviembre, en el que el Supremo rechazó extender la suspensión a los hijos, como pedían Vox e Iustitia Europa, y mantuvo vetados a sus padres. Aquel mismo argumento del calendario pesó entonces: la suspensión de los padres se acordó el 10 de septiembre, «mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales», mientras que la de los hijos se pedía «transcurrido más de la mitad del periodo electoral».

La cifra de 113.326 que maneja ahora el tribunal es la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) le comunicó el 17 de noviembre, tras depurar el listado de 163.355 nacionalizados del Ministerio de Asuntos Exteriores, como se explicó en la pieza sobre la certificación de los dispositivos del DNI digital. Es bastante menor que los 162.454 afectados que citaba el propio Supremo el 9 de noviembre.

El pleito arrancó en julio con los recursos de Vox e Iustitia Europa contra la Junta Electoral Central, y en septiembre el tribunal suspendió cautelarmente el voto de los nacionalizados por esta vía, salvo quien acredite el exilio de sus antepasados.

Fuentes