La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo sobre la seguridad en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del 30 y el 31 de julio de 2026. El requerimiento consta en una diligencia de ordenación —el trámite con el que un tribunal impulsa un procedimiento, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto— a la que dice haber tenido acceso Europa Press, que la publicó el lunes 7 de septiembre y atribuye la primicia al diario digital Okdiario.

«Reclámese al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo para su remisión a esta Sala en el plazo máximo de cinco, acompañado de los informes que la autoridad recurrida considere procedentes como fundamento del acto impugnado», dice el texto de la diligencia que reproduce la agencia. La transcripción publicada no precisa si esos cinco son días, y ni la diligencia ni el recurso son documentos públicos: esta redacción no ha podido leerlos.

Qué pide la asociación

El requerimiento responde a un recurso de la asociación Zeolandia, que acudió al Supremo pidiendo la «protección de los derechos fundamentales» frente a lo que considera una «vía de hecho por omisión» de la Administración General del Estado —una actuación material sin cobertura legal, que en este caso la asociación sitúa en lo que el Estado dejó de hacer—. Según el escrito, esa omisión se manifestó «a través de la omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas por parte del Ministerio del Interior y por la Presidencia del Gobierno, así como por la ocultación de información de inteligencia esencial para la seguridad de la población».

Zeolandia dirige su recurso, en concreto, contra las declaraciones que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo el 31 de julio de 2026 en Ceuta, cuando calificó la entrada masiva de «ataque» y de «violación de la integridad territorial» de España y la atribuyó a «una lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo» tras «interlocuciones» con las autoridades marroquíes. La asociación sostiene que Sánchez no se ajustó a la «estricta verdad» y que el Ejecutivo «se parapeta en las denominadas “mafias” de tráfico de seres humanos, sin aportar ningún dato o elemento que sirva para identificar a sus responsables».

A partir de ahí, el escrito da por evidenciado, «tanto por las imágenes como por los testimonios», que la «inmensa mayoría» de quienes cruzaron no lo hicieron con intención migratoria ni empujados por mafias, sino como «una demostración de fuerza e impunidad de invadir territorio español y europeo». Ninguna de esas afirmaciones está acreditada: son alegaciones de una parte en un pleito que acaba de empezar, y no existe recuento independiente ni informe público que las respalde. Lo que pide Zeolandia al tribunal es que obligue al Gobierno a identificar «los informes, notas, comunicaciones o documentos oficiales» en los que se basaron aquellas palabras de Sánchez.

Qué ha decidido el Supremo y qué no

Por ahora, nada sobre el fondo. La Sala se ha limitado a reclamar el expediente y los informes que el ministerio quiera aportar, el paso ordinario con el que arranca un recurso contencioso-administrativo. No ha valorado si hubo omisión de medidas de seguridad ni si el Gobierno ocultó información, ni ha declarado probada ninguna de las acusaciones de la asociación. Tampoco consta, en lo publicado por Europa Press, respuesta del Gobierno al requerimiento.

Es la segunda vez en tres semanas que el Supremo tramita un pleito derivado de la crisis de Ceuta: el 22 de agosto rechazó la medida cautelarísima con la que tres senadores del PP querían forzar la comparecencia de varios ministros en el Senado antes de que acabara el mes.

Contexto

Por la frontera de Ceuta entraron el 30 y el 31 de julio decenas de miles de personas —Interior cifró las entradas en 72.000 y el Gobierno de Ceuta en unas 75.000, según los datos difundidos el 4 de agosto—, la mayor llegada registrada en la ciudad autónoma. La tesis oficial de que el detonante fue una lectura torcida de la sentencia del Supremo del 8 de julio, que dejó fuera del rechazo en frontera a quienes son interceptados en el mar cuando intentan llegar a nado, está discutida desde el primer día: la abogada Patricia Fernández Vicens, que ganó ante el Supremo el caso que fijó esa doctrina, la negó y situó el origen en una crisis política con Marruecos. El Gobierno no ha publicado ningún informe que sostenga la relación de causa y efecto que defiende.

Los hechos se dirimen ya en varios frentes judiciales. Ese mismo lunes 7 de septiembre, la Audiencia Nacional asumió la investigación penal de la entrada masiva y apreció «permisividad» de Marruecos; el 4 de septiembre, el Gobierno de Ceuta decidió ejercer la acusación particular en esa causa.

Fuentes

• Europa Press: «El Supremo consulta al Gobierno tras denunciar una asociación falta de seguridad en Ceuta y “ocultación” de información», 7 de septiembre de 2026, actualizado a las 15.04 (hora peninsular). Consultada el 7 de septiembre de 2026.
• La diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y el recurso de la asociación Zeolandia, documentos primarios de esta noticia, no están publicados; Europa Press dice haber tenido acceso a ambos y esta redacción los cita a través de la agencia.
• El adelanto de la información corresponde a Okdiario, según lo atribuye Europa Press. Esta redacción no ha localizado esa pieza en la web del diario al cierre de esta noticia y por eso no la enlaza.