Quien lleva las cuentas del PSOE señaló hacia arriba. Ana María Fuentes, directora gerente federal del partido, declaró el miércoles 9 de septiembre de 2026 como investigada ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue el exsecretario de Organización Santos Cerdán quien ordenó los encargos y los pagos a los imputados de la presunta trama del «caso Leire Díez», según informó Europa Press a partir de fuentes jurídicas. Estar investigado —lo que antes se llamaba estar imputado— significa que el juez ve indicios para tomar declaración con abogado: no es una condena ni una acusación formal, y ninguno de los citados ha sido juzgado.

Las dos comparecencias estaban en el calendario desde julio: esta redacción contó el 6 de septiembre que Fuentes y el abogado Ismael Oliver estaban citados para ese miércoles. Lo que sigue es lo que, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press y por El Confidencial, dijeron ante el juez.

Qué declaró la gerente del PSOE

Fuentes negó haber emitido facturas falsas. Las dos que investiga el juez son una al despacho vinculado a Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán y también imputado en la causa.

Su versión, según Europa Press, es de reparto de funciones: su trabajo se limitaba a la gerencia económica y no supervisaba los encargos, que encuadró en servicios de asesoría jurídica ordenados por Cerdán. La gerente desvinculó además de esas contrataciones, pagos y encargos a la Secretaría General del partido —el órgano que ejerce el poder ejecutivo en el PSOE— y sostuvo que de eso se ocupaba la Secretaría de Organización, entonces en manos de Cerdán. Emitir facturas, dijo, era un trabajo habitual, y en aquellos momentos había «mucha presión judicial» en el partido. Precisó también que las relaciones con Oliver y con Teijelo empezaron de forma verbal, sin contrato escrito, y negó haber conocido nunca a Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre al caso.

El Confidencial, que también cita fuentes jurídicas, añade una frase de esa declaración: los pagos bajo sospecha contaban con el visto bueno de Cerdán, quien «puede contratar a quien quiera por razón de su cargo», y fue él quien decidió fichar como asesores externos a Teijelo y a Oliver ante la acumulación de causas judiciales que afectaban al PSOE.

Qué declaró el exabogado de Koldo García

Tras la gerente declaró Oliver, imputado en la misma causa. Contó que Díez le contactó para estudiar las comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada «Operación Cataluña» y enmarcó el encargo en asesoría jurídica para el partido, dada la cantidad de procedimientos abiertos que salpicaban al PSOE. Con Díez, dijo, tuvo varias reuniones.

El dato que adelantó El Confidencial es cómo llegó a la defensa de Koldo García: Oliver reconoció ante el juez que en diciembre de 2024 compartió una comida con Cerdán y con Díez, y que ambos le pidieron que asumiera esa defensa. Según ese relato, Díez llegó a insinuarle que sería el PSOE quien pagara los honorarios, aunque el abogado aseguró —también ante Europa Press, en la versión que recoge la agencia— que nunca cobró por ese trabajo. Oliver añadió que jamás recibió instrucciones de Díez sobre la estrategia de defensa y que no obtuvo ningún beneficio de esa relación: «Si hay que hacer balance, se ha perdido dinero», declaró, según El Confidencial.

Sí reconoció un pago propio: 5.000 euros a Díez, que atribuyó a un encargo ajeno al PSOE. Ante el juez lo explicó, según El Confidencial, por un cliente suyo, el exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que habría contratado los servicios de Díez para borrar su rastro digital; el abogado sostiene que adelantó a la exmilitante una cantidad similar a la que él había recibido del partido. Esta redacción no ha podido verificar de forma independiente ese extremo, que procede de la propia declaración del investigado.

El dinero que rastrea la Guardia Civil

Detrás de las declaraciones hay una investigación patrimonial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —la unidad que lleva los grandes casos de corrupción— sospecha que el PSOE usó empresas a nombre de Oliver y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para hacer llegar 43.225 euros a Díez, interponiendo sociedades «para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido», según un informe al que dice haber tenido acceso Europa Press. Los agentes hablan de «al menos cinco pagos» en una cuenta bancaria: cuatro transferencias de 4.000 euros —16.000 en total, entre junio y septiembre de 2024— desde Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, y una última de 27.225 euros desde Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.

Sobre Fuentes, la UCO sostiene en ese informe que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional» —el documento con el que un cliente formaliza a un abogado el trabajo que le pide y lo que pagará por él—, suscritas «de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados». Es la tesis de los investigadores, no un hecho probado.

Pedraz, que instruye ya la causa entera desde que el primer juez del caso, Arturo Zamarriego, le remitió su parte, apuntó en un auto a la responsabilidad indiciaria de la gerente «al menos» como supuesta cómplice y, «en todo caso», como presunta autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces. Ese delito castiga fabricar o alterar documentos del tráfico comercial —facturas, contratos, notas de encargo— para que reflejen algo que no ocurrió.

Contexto de la causa

La instrucción indaga una presunta trama para desbaratar los procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que según el juez habría liderado Cerdán y coordinado Díez. En julio, Pedraz abrió una pieza separada —una rama del procedimiento que se investiga aparte— sobre los presuntos pagos del partido a la exmilitante, en la que examina «la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción», y reclamó a las entidades bancarias información sobre más de 80 cuentas: seis del PSOE y otras de Oliver, de Teijelo, de las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners, y de Zarrías y su consultora.

El caso avanza en varios frentes a la vez: el 5 de agosto Zamarriego rechazó dos testigos que pedía la defensa de Díez y el 1 de septiembre el expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, pidió anular el segundo volcado de su móvil.

Lo que no se sabe

El relato de lo declarado ante el juez procede de «fuentes jurídicas» no identificadas que citan Europa Press y El Confidencial: esta redacción no ha tenido acceso al acta de las comparecencias, que no es pública, ni al auto que declaró investigada a Fuentes. Tampoco figura, en las dos piezas consultadas, respuesta de Santos Cerdán, de su abogado ni del PSOE a lo declarado el miércoles. El Confidencial cifra además en «casi 200.000 euros» los pagos que los informes de la UCO atribuyen al sostenimiento de la trama, una cifra que no consta en el material publicado por Europa Press y que este medio no ha podido contrastar.

Fuentes

• Europa Press, «La gerente del PSOE achaca a Cerdán los encargos y pagos a imputados del “caso Leire Díez”», 9 de septiembre de 2026, a partir de fuentes jurídicas consultadas por la agencia.
• El Confidencial, «El exabogado de Koldo reconoce ante el juez que asumió su defensa tras reunirse con Cerdán», Cristina García Vázquez, 10 de septiembre de 2026.

Proceso judicial en curso: se trata de una instrucción abierta sobre personas identificables, dos de las excepciones de la política editorial de este medio. Todos los citados figuran como investigados; nadie ha sido juzgado ni condenado. El Confidencial figura en fuentes.yaml con confianza media.