Fiscalía de Ceuta pide llevar la causa del delegado a la Audiencia Nacional
El Ministerio Fiscal ha pedido que los juzgados de Ceuta se aparten de las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación ante la entrada masiva del 30 y 31 de julio de 2026, y las remitan a la Audiencia Nacional, donde la jueza María Tardón ya instruye esos hechos.
La Fiscalía de Ceuta quiere que las denuncias contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, dejen de tramitarse en Ceuta y acaben en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ha pedido formalmente la inhibición de los juzgados ceutíes que abrieron diligencias a raíz de esas denuncias, según informaron el viernes 11 de septiembre de 2026 Europa Press, que cita fuentes jurídicas, y al día siguiente la agencia EFE, que cita fuentes judiciales.
Inhibirse es, en lenguaje llano, apartarse de un caso y entregárselo a otro tribunal que se considera competente. El argumento de la Fiscalía es de contexto: los hechos denunciados «no son aislados», sino que se integran en «el mismo contexto operativo» que ya investiga la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas migrantes del 30 y 31 de julio de 2026, según la versión de EFE. Para el Ministerio Público, esa relación directa obliga a examinar juntas las actuaciones de todas las autoridades que intervinieron en aquellos días.
Qué se le denuncia y quién lo denuncia
El procedimiento ceutí arrancó con una denuncia de la asociación Manos Limpias contra Pérez Triano por su presunta actuación ante los avisos e informaciones que, sostiene la organización, llegaron antes de la llegada masiva de migrantes. Manos Limpias mantiene que el delegado pudo incurrir en responsabilidad penal al no adoptar, a su juicio, las medidas necesarias pese a esas advertencias.
Según EFE, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta incorporó después a esas diligencias previas —la fase inicial de una investigación penal— la querella presentada por Hazte Oír y Vox, y reconoció a las asociaciones como acusación popular, la figura que permite a un ciudadano u organización ejercer la acusación aunque no haya sufrido el delito. Europa Press, en su información del día anterior, atribuyó las denuncias a Manos Limpias y Hazte Oír, sin mencionar a Vox. Hazte Oír ya había presentado en agosto una querella ante la Audiencia Nacional en la que incluía al delegado entre los querellados.
Esa querella atribuye a Pérez Triano, siempre según EFE, presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión —esto último, la figura de quien responde de un resultado dañino no por haberlo causado, sino por no haber impedido lo que tenía el deber jurídico de evitar—. Son acusaciones de parte: nadie ha sido juzgado ni condenado por ellas, ni consta que el delegado haya sido citado a declarar. Que un juzgado abra diligencias no prejuzga el resultado.
La petición de la Fiscalía tampoco cierra nada por sí sola. Tienen que resolverla los juzgados de Ceuta y, si aceptan apartarse, corresponderá a la Audiencia Nacional decidir si asume el material.
Una causa que ya tira de Ceuta hacia Madrid
El movimiento encaja con lo que la Audiencia Nacional lleva haciendo desde principios de septiembre. Tardón se declaró competente el 7 de septiembre para investigar la entrada masiva, al considerarla un ataque a la integridad territorial de España, fijó en 83 los fallecidos acreditados en aguas españolas y reclamó a los juzgados ceutíes las diligencias abiertas por esas muertes. Antes, el 4 de septiembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había avalado esa competencia y pedido el secreto parcial de las actuaciones. El 9 de septiembre, la jueza admitió al Estado como acusación particular.
En la causa de la Audiencia Nacional no hay, por ahora, ninguna persona investigada con nombre. Sí hay una pregunta que recorre toda la instrucción: qué sabían las autoridades españolas antes del 30 de julio. Esa cuestión estalló políticamente el 10 de septiembre con la dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, cuyo escrito de renuncia —según El Confidencial— contradice a Pérez Triano sobre si le trasladó el aviso que un agente del CNI envió el 29 de julio. El delegado sostiene que no lo conoció y ha descartado dimitir.
La entrada del 30 y 31 de julio fue la mayor registrada en la ciudad autónoma: el Ministerio del Interior cifró en 72.000 las personas que entraron en el balance que dio el 4 de agosto, y EFE eleva ahora esa cifra a «más de 80.000» sin detallar su origen.
Lo que no se puede verificar
Ni el escrito de la Fiscalía de Ceuta ni las resoluciones del juzgado número 6 son públicos. Esta redacción no ha podido consultarlos: todo lo que se conoce de ellos procede de dos agencias que citan fuentes jurídicas y judiciales anónimas, sin publicar los documentos. Las citas entrecomilladas de este texto son de la información de EFE, no del escrito original.
Fuentes
- Europa Press, «La Fiscalía de Ceuta pide que las denuncias contra el delegado del Gobierno se remitan a la Audiencia Nacional», 11 de septiembre de 2026.
- EFE, «La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno», teletipo del 12 de septiembre de 2026 reproducido por Infobae.