El Estado español se declara víctima de lo que pasó en Ceuta a finales de julio, y la jueza le da la razón. María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, admitió en un auto del miércoles 9 de septiembre la personación de la Abogacía del Estado —el cuerpo de funcionarios que defiende jurídicamente a la Administración— como acusación particular y perjudicada en la causa que investiga la entrada masiva de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Lo publicaron por separado Europa Press, que cita el auto, y El Confidencial.

La diferencia entre las dos figuras no es de matiz. La acusación particular la ejerce quien ha sufrido el delito directamente; la acusación popular, cualquier ciudadano u organización que quiera perseguirlo sin haberlo padecido, y en esta causa paga por ello una fianza de 6.000 euros. Hasta el martes 8 de septiembre, la única parte reconocida como víctima era la propia ciudad de Ceuta, cuyo Consejo de Gobierno había acordado personarse el 3 de septiembre y a la que Tardón admitió ese martes. Ahora se le suma el Estado.

El auto lo justifica en la naturaleza de lo investigado. La jueza escribe, según recoge Europa Press, que procede admitir a la Abogacía del Estado «toda vez que la condición de perjudicado concurre, sin duda, en el propio Estado español», y recuerda que asumió la competencia porque pudieron cometerse «conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes […] sino al propio Reino de España». Esas conductas, añade, pueden «integrar un ataque, entre otros bienes y valores jurídicos a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de derecho».

El Confidencial añade un límite que la jueza pone a esa personación: el Estado no tendrá personación «expresa» en la pieza separada de diligencias reservadas —la parte de la instrucción declarada secreta—, porque esa pieza es solo «instrumental» y existe para preservar ese secreto.

Con la decisión, la causa reúne al Estado y a Ceuta como acusaciones particulares, y al PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa —entre otros— como acusaciones populares.

Una instrucción que sigue sin nadie con nombre

Tardón se quedó con la instrucción el lunes 7 de septiembre, al declarar competente a la Audiencia Nacional sobre «una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España». En aquel auto apreció «permisividad» y una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos», que dijo evidenciada por el comportamiento «constatado y gráficamente contrastado» de las fuerzas de seguridad marroquíes. Encuadró los hechos, de forma provisional, en presuntos delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con homicidios imprudentes— y de organización criminal.

Ese mismo auto fijó en 83 los fallecimientos acreditados en aguas españolas, por encima de los 80 cuerpos que el Instituto de Medicina Legal de Ceuta había recibido a comienzos de agosto. El Confidencial eleva a «en torno a 140» el total de muertos del episodio, cifra que solo aporta ese medio y que esta redacción no ha podido contrastar.

La causa arrancó en agosto con una denuncia de Iustitia Europa que la jueza tramitó como diligencias previas, y sigue en fase inicial: parte de las actuaciones está declarada secreta a petición de la Fiscalía, las conclusiones de los autos son indiciarias y provisionales y no hay ninguna persona investigada con nombre.

Fuentes

• Europa Press, «La Audiencia Nacional incluye al Estado como parte perjudicada en la causa sobre Ceuta», 9 de septiembre de 2026, 17:00 UTC.
• El Confidencial, «La jueza admite al Estado como acusación en la causa sobre la entrada masiva de inmigrantes de julio», firmado por Inma Moraleda, 9 de septiembre de 2026, 17:13 UTC.

Documento primario no público. El auto de admisión no está publicado: su contenido se conoce por los dos medios citados, que lo publicaron por separado y coinciden en lo esencial. Esta redacción no ha podido consultar el original. Al tratarse de un proceso judicial en curso, la pieza se marca push: nunca y se envía a la API sin declarar ausencia de excepciones.