La patronal de los centros de datos entregó sus alegaciones el último día de plazo y al día siguiente puso cifras encima de la mesa. SpainDC, la asociación que agrupa a más de 300 socios del sector en España, registró el jueves 10 de septiembre de 2026 sus objeciones al proyecto de real decreto que el Gobierno tramita para estas instalaciones, y el viernes 11 su presidente, Emilio Díaz, aseguró que tres empresas internacionales frenarán proyectos por valor de 9.000 millones de euros si la norma se aprueba en sus términos actuales, según informó Europa Press.

Díaz no desveló el nombre de esos tres inversores. Sí situó el tamaño de lo que estaría en juego: sus proyectos equivalen, dijo, al 15% de los 66.900 millones de euros de inversión que la asociación prevé para el sector en España hasta 2030. Con la norma sobre la mesa, añadió, el riesgo se extiende a entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España como destino, y entre un 40% y un 50% del total previsto puede estar ya comprometido según el grado de desarrollo de cada proyecto. Son estimaciones de la propia patronal —parte directamente afectada por la norma—, no verificadas de forma independiente.

El momento en que ese dinero se compromete de verdad, explicó Díaz, no es la compra del terreno —lo habitual son opciones de compra— sino la concesión del punto de acceso a la red eléctrica: «Hasta que no está el punto de acceso concedido no se dispara la inversión». Y ese es justamente el resorte que el decreto quiere condicionar.

Qué dice el proyecto de decreto

El proyecto de real decreto, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y de la Función Pública, regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos. Su artículo 9 exige la llamada correlación horaria: que la electricidad que la instalación consuma en cada hora esté respaldada, al menos en un 80%, por un volumen equivalente de electricidad renovable generada en esa misma hora. No basta con comprar un certificado verde a fin de año. El texto añade un requisito de adicionalidad —que esa generación renovable sea nueva, no la que ya existía— y se aplica a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio (MW), según el articulado consultado el 11 de septiembre de 2026.

La patronal sostiene que la acumulación de exigencias convierte la norma en una prohibición encubierta. «No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable», afirmó Díaz. Su directora ejecutiva, Begoña Villacís, avisó de que la inversión se marchará al vecindario: «Sí habrá centros de datos en Europa, pero no van a estar en España; se irán a Portugal o Francia». Y dejó la puerta entreabierta: «Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa».

Una reunión que no llega

Díaz reclamó además que el Gobierno se siente a hablar. El sector, afirmó, desconocía los planes del Ejecutivo y el borrador incluía «cosas que eran muy graves» para la industria. «Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones», lamentó, y precisó que todavía no hay ningún encuentro agendado.

Entre las objeciones jurídicas que la asociación llevó a sus alegaciones figuran los recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos previstos para el incumplimiento, que Villacís considera sanciones camufladas, y la duda sobre si un reglamento puede imponer obligaciones de esa intensidad. La patronal señaló también que la futura gigafactoría europea de inteligencia artificial que España impulsa —cuya sociedad promotora autorizó la Comisión Europea el 20 de agosto— no cumpliría, a su juicio, los requisitos que el propio Gobierno quiere exigir.

Contexto

El Ministerio para la Transición Ecológica abrió la audiencia pública del proyecto el 27 de agosto de 2026 por la vía de urgencia. La memoria del Gobierno justifica la exigencia en la acumulación de peticiones de conexión a la red por parte del sector, muy por encima de la demanda que preveía la Estrategia de Inteligencia Artificial para 2030.

Este mismo 11 de septiembre, en la presentación de sus alegaciones, la patronal fue más allá del argumento económico y avisó de reclamaciones millonarias contra el Estado si el decreto cambia las reglas de proyectos ya en marcha. El texto todavía debe completar su tramitación antes de volver al Consejo de Ministros.

Fuentes

• Europa Press, «SpainDC cifra en 9.000 millones las inversiones en riesgo por la norma del Gobierno para ‘data centers’», 11 de septiembre de 2026.
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ficha del trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto y texto del proyecto (consultados el 11 de septiembre de 2026).

Fuente única. La parte periodística de esta pieza descansa en una sola fuente, Europa Press, de confianza alta según fuentes.yaml; el documento primario se ha consultado de forma directa en la web del ministerio. Todas las cifras económicas proceden de SpainDC, parte interesada, y se atribuyen expresamente como tales.