La patronal española de los centros de datos entregó sus alegaciones el último día de plazo y salió al siguiente a poner cifras y una amenaza sobre la mesa. SpainDC presentó el jueves 10 de septiembre de 2026 sus alegaciones al proyecto de real decreto que el Gobierno prepara para el sector, y el viernes 11 su presidente, Emilio Díaz, avisó de que cambiar ahora las condiciones de proyectos ya en marcha “va a dar origen a reclamar compensaciones multimillonarias” por parte de los afectados, según informó Europa Press y detalló El Confidencial.

Nadie en la patronal confirmó qué vía usarían. Preguntados expresamente por arbitrajes internacionales, los dirigentes de SpainDC no concretaron ninguna, según El Confidencial; lo que sí sostienen es que los inversores pueden reclamar si el Estado cambia las reglas de proyectos desarrollados bajo el marco anterior. La imagen que usan es de partido de fútbol: “cambiar la regla del juego en la mitad del partido”.

9.000 millones, tres inversores sin nombre

Díaz cifró en 9.000 millones de euros las inversiones en curso que pueden verse afectadas: son los proyectos de tres empresas internacionales —cuyo nombre no desveló— que, según la asociación, los frenarán si el decreto sale adelante tal cual. Esa cantidad representa, dijo, el 15% de los 66.900 millones de euros de inversión prevista en España hasta 2030, aunque la división de ambas cifras da algo menos, un 13,5%; El Confidencial añade que el cálculo no está cerrado y podría subir. Sobre el total, Díaz estimó que entre el 40% y el 50% puede estar ya comprometido.

Los proyectos afectados son de empresas como Amazon, Microsoft o Google, según El Confidencial, que cita a la patronal: iniciativas que llevan tres, cuatro o cinco años en desarrollo, con terrenos comprados o reservados, licencias tramitadas, ingeniería hecha, equipos encargados y capacidad eléctrica ya conseguida. Un centro de datos de 100 megavatios (MW) puede requerir cerca de 1.000 millones de euros, calcula la asociación, y buena parte de ese dinero se compromete antes de que la instalación funcione.

El disparo de salida real, explicó Díaz, no es la compra del suelo —la práctica habitual son opciones de compra— sino el permiso de acceso a la red eléctrica: “Hasta que no está el punto de acceso concedido no se dispara la inversión”. Ahí está el temor de fondo: el proyecto de decreto contempla que un incumplimiento significativo y reiterado pueda costar ese permiso. “Nadie invertirá en un data center en España si tiene riesgo de perder el permiso de hacer su conexión”, resumió la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís.

Dudas jurídicas y recargos de hasta el 500%

La segunda pata de la advertencia es jurídica. SpainDC sostiene que el desarrollo reglamentario va más allá de lo que permite la norma legal en la que se ampara y cuestiona que un reglamento pueda imponer obligaciones y castigos de esa intensidad. “Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía”, afirmó Villacís.

El ejemplo que más repiten son los peajes: los recargos por incumplimiento previstos en el texto —de entre el 300% y el 500%, según Europa Press— son para la patronal un “procedimiento sancionador camuflado”, es decir, una sanción disfrazada de sobrecoste tarifario para esquivar las garantías del procedimiento sancionador. La asociación cree además que el decreto invade competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador independiente que fija peajes y condiciones de acceso a la red, y denuncia que las exigencias se apliquen solo a los centros de datos y no al resto de grandes consumidores eléctricos. Según cálculos de la propia patronal, el sector consume hoy alrededor del 0,8% de la electricidad de España.

Díaz y Villacís sostienen que la suma de requisitos convierte la norma en una prohibición de facto. “No estamos ante una obligación aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable”, dijo Díaz. Villacís avisó de que la inversión se irá al vecindario: “Sí habrá centros de datos en Europa, pero no van a estar en España; se irán a Portugal o Francia. España soportará las externalidades mientras la riqueza se va a otro país”.

Qué exige el decreto y por qué

El proyecto de real decreto, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y de la Función Pública, condiciona el permiso de conexión a la red de los centros de datos de 1 MW o más a dos requisitos: que al menos el 80% de la electricidad que consuman cada hora esté respaldada por generación renovable de esa misma hora (correlación horaria) y que esa generación sea nueva (adicionalidad). Los detalles del texto, incluidos los recargos y los plazos de adaptación, se publicaron cuando el Gobierno abrió la audiencia pública el 27 de agosto.

La memoria del proyecto justifica esa exigencia con una aritmética eléctrica: los centros de datos acumulan más de 12 gigavatios (GW) de derechos de acceso y conexión concedidos desde 2021, frente a los 3,5-4 GW de demanda que la Estrategia de Inteligencia Artificial preveía para 2030. SpainDC discute ese retrato: asegura que buena parte de esos 12 GW no corresponde a operadores con proyectos maduros y que no sirve como fotografía del crecimiento real del sector.

El plazo para alegar no fue el que se anunció. La tramitación urgente lo había fijado en siete días hábiles, hasta el 4 de septiembre, pero la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética lo amplió hasta el 10 de septiembre a las 17:00 mediante una resolución firmada el 2 de septiembre por su director general, Víctor Marcos Morell, a petición de varios interesados. De ahí que las alegaciones de la patronal llegaran el día 10. El texto todavía debe pasar por el informe de la CNMC y el dictamen del Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros.

La gigafactoría de IA, en el argumentario

La patronal sacó además un ejemplo incómodo para el propio Ejecutivo: la futura gigafactoría de inteligencia artificial que España impulsa en Europa —cuya sociedad promotora, formada por ACS, Telefónica, Banco Santander y la pública SETT, autorizó la Comisión Europea el 20 de agosto— no cumpliría, según Villacís, los requisitos que el Gobierno quiere imponer. “Nosotros por política no mencionamos proyectos concretos, pero hay uno que por su notoriedad sí se puede hablar de él porque nos representa en Europa, que es la gigafactoría. En ese caso concretamente no cumpliría los requisitos que establece el Gobierno”, advirtió. Es una afirmación de la asociación, no un análisis contrastado: el diseño energético definitivo de esa instalación no es público.

Una mesa que no acaba de sentarse

Sobre el diálogo con el Gobierno, las dos versiones publicadas no encajan del todo. Díaz lamentó ante Europa Press que “desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, y añadió que todavía no hay encuentro agendado. El Confidencial, en cambio, escribe que SpainDC se reunió “la semana pasada” con Transición Ecológica y que ahora reclama una mesa técnica para revisar la regulación.

Lo que sí comparten ambas versiones es que la patronal no da todo por perdido: admite margen para pactar requisitos de eficiencia y de generación renovable —“entre una generación del 80% y una del 10% hay un espacio”, concedió Díaz— y marca la línea roja en la combinación de adicionalidad, correlación horaria y consecuencias del incumplimiento. Villacís lo formuló así: “Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.

El MITECO no ha publicado ninguna nota de prensa sobre las alegaciones del sector: su última referencia pública al proyecto sigue siendo la del 27 de agosto, según la sala de prensa del ministerio consultada el 11 de septiembre de 2026 a las 15:50 UTC.

Fuentes

• Europa Press, «SpainDC cifra en 9.000 millones las inversiones en riesgo por la norma del Gobierno para ‘data centers’», 11 de septiembre de 2026.
• El Confidencial, «Los ‘data centers’ amenazan con llevar al Gobierno a los tribunales por cambiar las reglas» (Alberto Sanz), 11 de septiembre de 2026.
• MITECO, ficha del trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto, con el texto del proyecto, la memoria del análisis de impacto normativo y la resolución de ampliación del plazo (consultados el 11 de septiembre de 2026).