El Gobierno quiere que cada centro de datos que se enchufe a la red eléctrica española llegue con sus renovables debajo del brazo. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sometió el jueves 27 de agosto de 2026 a audiencia pública —el trámite en el que cualquier interesado puede presentar alegaciones antes de que una norma se apruebe— el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, elaborado junto a los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y de la Función Pública. El plazo para alegar se cierra el 4 de septiembre de 2026.

No es una norma en vigor: es un borrador de 32 páginas que aún tiene que pasar por el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por el dictamen del Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros. Lo que ya se sabe es qué pretende exigir.

Renovable, nueva y a la misma hora

El corazón del texto son dos condiciones que el proyecto llama adicionalidad y correlación horaria, y que se traducen en esto:

• Adicionalidad (artículo 8): el centro de datos debe cubrir el 80% de su consumo total con instalaciones renovables cuya acta de puesta en servicio no sea anterior en más de dieciocho meses a su entrada en funcionamiento, ya sea por autoconsumo o mediante contratos de compra de electricidad renovable a plazo con plantas ubicadas en España —los PPA, acuerdos de suministro firmados a años vista con una instalación concreta—. Dicho de otro modo: la renovable tiene que ser nueva, no puede ser la que ya existía.
• Correlación horaria (artículo 9): en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida debe estar respaldada por electricidad renovable generada esa misma hora. Es el requisito que impide compensar el consumo nocturno con la producción solar del mediodía.

El proyecto convierte esas condiciones en llave de paso a la red: los promotores que pidan permisos de acceso y conexión tendrán que acreditarlas para obtenerlos (artículo 4). Y quien incumpla pagará recargos crecientes sobre peajes y cargos —la parte regulada de la factura eléctrica, la que sufraga las redes y otros costes del sistema— y, si el incumplimiento es significativo y reiterado, puede perder el propio permiso de acceso (artículos 10 y 11). El texto explica para qué sirve el recargo: compensar el sobrecoste que el incumplimiento traslada al sistema y, por tanto, a las facturas del resto de consumidores.

Hay una salida prevista para el futuro. Si la cuota media de electricidad renovable del sistema eléctrico español supera el 90% en el año n-2 —dos años antes de aquel en que se pide el permiso—, los requisitos de adicionalidad y correlación se dan por cumplidos sin acreditación previa; a cambio, el permiso queda limitado por un número máximo de horas anuales de consumo de red, calculado multiplicando las horas del año por esa cuota renovable (artículo 7). La Secretaría de Estado de Energía tendría que publicar ese número en el BOE dos meses antes de cada año, y mientras no lo publique se entiende que la cuota no llega al 90%.

A quién se aplica: el matiz del megavatio

La nota de prensa del ministerio habla de «instalaciones mayores de 1 MW de potencia eléctrica». El articulado es más preciso, y la diferencia importa: las obligaciones se aplican a los centros de datos cuya potencia de acceso —la que figura en el permiso de conexión, o la contratada si es mayor— sea igual o superior a 1 megavatio (1.000 kilovatios), y también a los grupos de centros de datos de un mismo titular en una misma ubicación que sumados alcancen esa cifra. El propio preámbulo justifica por qué el umbral se mide así y no por la potencia de los servidores: «el bien cuya asignación se ordena es la capacidad de las redes de transporte y distribución». Quedan fuera los centros de datos dedicados en exclusiva a defensa, protección civil y seguridad pública.

La obligación de remitir al MITECO datos anuales de eficiencia energética y sostenibilidad, en cambio, baja el listón a los 500 kilovatios de potencia de tecnología de la información, por coherencia con el reglamento europeo de etiquetado.

Soberanía digital y agua

El segundo bloque del proyecto es digital. Antes de arrancar, el operador tendría que presentar ante el Ministerio para la Transformación Digital una declaración responsable de que está establecido en la Unión Europea, de que los datos, metadatos y registros de la operación del centro permanecen en territorio comunitario y de que controla y deja rastro de los accesos y las tareas de mantenimiento realizados desde terceros países. Incluye una obligación específica: los sistemas del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad, o vinculados a la seguridad y la defensa nacional, no podrán alojarse en estos centros salvo que sus datos —copias de seguridad y telemetría incluidas— se traten y almacenen solo dentro de la UE.

Conviene leer la letra pequeña: la disposición transitoria quinta aplaza casi todo ese artículo hasta que se apruebe una orden ministerial posterior, todavía inexistente.

En eficiencia, el proyecto remite al etiquetado europeo de centros de datos del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2027: a partir de entonces exigiría la categoría A, la más alta, tanto en uso de la energía (PUE) como en uso del agua (WUE). Hasta esa fecha fija los valores a pelo: un PUE igual o inferior a 1,15 —es decir, no más de 1,15 vatios consumidos por cada vatio que llega a los servidores— y un WUE igual o inferior a 0,1 litros de agua por kilovatio hora.

Por qué ahora: 12 GW pedidos frente a 4 previstos

La justificación es de aritmética eléctrica. La Estrategia de Inteligencia Artificial aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2024 preveía 2,5 gigavatios (GW; 1 GW son 1.000 MW) de potencia de computación en 2030, que necesitarían entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Lo pedido multiplica varias veces esa cifra: la nota del ministerio la resume en «más de 12 GW de derechos de acceso y conexión» otorgados «desde 2021», mientras el resumen oficial de la consulta desglosa más de 6 GW concedidos en la red de transporte desde el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, y otros 6 GW en las redes de distribución desde 2020. A eso suma el interés detectado durante la tramitación de la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030, que —dice la memoria— obligaría a dedicar buena parte de la inversión prevista a reforzar la red para estas instalaciones.

El argumento de fondo es que un centro de datos consume de forma plana, no sustituye a ningún consumo contaminante previo y, en un mercado marginalista, empuja a quemar más gas si las renovables no crecen a su ritmo: más emisiones y más precio de la luz para todos. La factura eléctrica española viene de un agosto caro: Facua estimó el recibo del mes en 101,23 euros para un hogar medio con tarifa regulada, un 17,3% más que en 2025.

El mandato legal viene de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El mismo cordón umbilical que el Gobierno invocó para prorrogar la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030.

Siete días hábiles, el mínimo legal

El trámite es exprés y el propio expediente lo reconoce. El Consejo de Ministros del 25 de agosto de 2026 autorizó la tramitación urgente al amparo del artículo 27.1.b) de la Ley del Gobierno, lo que reduce los plazos a la mitad; la audiencia pública queda así en siete días hábiles, del 27 de agosto al 4 de septiembre, que es el mínimo que la ley permite. Además, el Gobierno se saltó la consulta pública previa —el trámite anterior al borrador—, amparándose en que el decreto-ley ya delimitaba el objeto y el contenido de la norma. La memoria justifica la urgencia en «la crisis desencadenada en Oriente Medio, el cierre del Estrecho de Ormuz y la tensión resultante en los mercados energéticos», una zona donde los ataques a buques siguen: un proyectil de origen desconocido incendió un barco frente a las costas de Omán la madrugada de este mismo jueves.

Un detalle para quien quiera alegar: la ficha resumen de la memoria fecha la audiencia «del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2026», mientras el cuerpo del mismo documento, la nota de prensa y la ficha de la consulta dan el plazo del 27 de agosto al 4 de septiembre. Las aportaciones se envían al correo [email protected].

Qué pasa con los proyectos ya en marcha

Aquí la nota de prensa y el articulado tampoco dicen exactamente lo mismo. El ministerio resume que los proyectos en tramitación tendrán «seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento –tres meses si están a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica–». En el texto, los plazos se reparten según en qué punto esté cada expediente: quien tenga una solicitud presentada y sin resolver dispone de tres meses desde la entrada en vigor para acreditar los requisitos, con requerimiento previo de subsanación, o se le deniega —lo mismo si su solicitud está suspendida por un concurso de capacidad—; quien ya tenga los permisos concedidos pero no haya conectado la instalación dispone de seis meses, y si no acredita, los permisos caducan y se le ejecutan las garantías. Al margen de esos plazos, cualquiera de los dos grupos puede renunciar en seis meses sin que se le ejecuten las garantías depositadas.

El real decreto entraría en vigor veinte días después de publicarse en el BOE.

España lleva meses compitiendo por esa inversión: el 20 de agosto la Comisión Europea autorizó la sociedad de ACS, Telefónica, Santander y la pública SETT que optará a una gigafactoría europea de inteligencia artificial, con sedes previstas en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid). Según la crónica de Europa Press sobre la presentación de la norma, el Gobierno dice haber estudiado los problemas surgidos en Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos para «adelantarse a la regulación».

Fuentes

• Proyecto de real decreto sometido a audiencia pública, texto íntegro (PDF, 32 páginas) y memoria del análisis de impacto normativo (PDF).
• MITECO, ficha de la audiencia e información pública y nota de prensa «El Gobierno plantea impulsar los centros de datos sostenibles, eficientes y soberanos» (27 de agosto de 2026).
• Europa Press, «El Gobierno lanza a audiencia pública el proyecto para exigir consumo energético renovable a centros de datos» (27 de agosto de 2026, 06.41 UTC).

Todas las fuentes remiten a un mismo origen —el Gobierno, sujeto del hecho— y no existe a esta hora una segunda fuente independiente: el acto se acredita por sí mismo, pero las cifras y valoraciones del ministerio se dan aquí atribuidas y contrastadas contra el texto del proyecto y su memoria, que esta redacción ha descargado y leído.