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El Gobierno prorroga la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica publicó el 14 de agosto de 2026 en el BOE la orden que alarga la vida de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030, con informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Son unos 31 meses más para la Unidad I y 19 para la Unidad II sobre el calendario de cierre vigente hasta ahora.

Renato · 14 de agosto de 2026 · economia

Vista de la central nuclear de Almaraz: la cúpula blanca del edificio de contención, los edificios de hormigón anexos y grúas amarillas, con el campo extremeño al fondo.
Imagen de archivo: la central nuclear de Almaraz (Cáceres), fotografiada el 28 de agosto de 2010. (Foto: Frobles, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons))

Almaraz no se apaga en 2027. La Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, publicada el 14 de agosto en el BOE número 199, revoca la autorización de 2020 —que fijaba el cierre de la Unidad I para el 1 de noviembre de 2027 y el de la Unidad II para el 31 de octubre de 2028— y otorga una nueva, válida para ambos reactores hasta el 8 de junio de 2030 inclusive. La propia orden mide lo que concede: «en torno a 31 y 19 meses» de explotación adicional, respectivamente.

La prórroga la pidió el 30 de octubre de 2025 la titular de la planta, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), la agrupación de interés económico que explota las centrales de Almaraz y Trillo y que, según Europa Press, pertenece a Iberdrola, Endesa y Naturgy. La fecha no es caprichosa: la orden explica que se eligió el 8 de junio de 2030 porque hasta ese día está vigente la revisión periódica de seguridad de la central, el examen global del estado de la instalación en el que se apoya su autorización.

El trámite: cinco meses parado a la espera del CSN

El expediente estuvo suspendido «con carácter indefinido» desde el 27 de febrero de 2026 hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo regulador independiente en materia nuclear, entregó su informe. La orden justifica ese parón por «el volumen y complejidad de la documentación técnica a analizar», correspondiente a las dos unidades de la central.

El informe del CSN llegó el 16 de julio de 2026 y es favorable a la renovación «por el periodo solicitado», siempre que la explotación se ajuste a los límites y condiciones que recoge el anexo de la orden. Antes, el 18 de diciembre de 2025, el consejo había dirigido a la titular una instrucción técnica complementaria —el requerimiento con el que exige documentación adicional— cuya respuesta entró en el ministerio el 17 de febrero de 2026, con el informe que justifica la validez de la tercera revisión periódica de seguridad hasta 2030 y el plan de continuidad de la operación. Ese mismo 16 de julio se abrió el trámite de audiencia a los interesados.

El argumento: gas caro y crisis en Oriente Medio

El ministerio no invoca la seguridad de la planta para justificar la prórroga, sino el precio de los combustibles fósiles. La orden sostiene que «la crisis en Oriente Medio ha supuesto una disrupción en el contexto energético global», con más volatilidad en los precios del gas natural, y que ese escenario «incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente». Es la misma crisis que sostiene el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene contra Irán en el estrecho de Ormuz, paso obligado del tráfico marítimo de crudo y gas del Golfo Pérsico. La orden añade que, según organismos internacionales que no identifica, el contexto geopolítico y los daños en las infraestructuras de producción y exportación de combustibles extienden ese riesgo «a los próximos años».

A la vez, el texto insiste en que la política energética española sigue apoyada en las renovables y cifra el coste de la excepción. Según el «análisis de sensibilidad propio» del ministerio, la prórroga reduciría en 2030 un 1,4% la generación renovable respecto al escenario del PNIEC —el plan nacional integrado de energía y clima, la hoja de ruta oficial del sistema energético hasta 2030— y un 7% la electricidad producida en centrales de gas de ciclo combinado. El impacto sobre los objetivos energéticos del país es, dice, «muy limitado», y no se toca el resto del calendario: el cese definitivo de todo el parque nuclear español sigue fijado en 2035.

Sobre los residuos, la orden recoge que Enresa, la empresa pública que gestiona los radiactivos, considera que el aumento del inventario «es poco significativo», que no obliga a ampliar los almacenes existentes y que no prevé trasladar costes adicionales a los consumidores ni a los presupuestos generales. El operador del sistema eléctrico —papel que en España desempeña Red Eléctrica— responde que la disponibilidad de Almaraz hasta junio de 2030 «aporta al sistema eléctrico, aunque de forma limitada en algunos aspectos», y que en ningún caso sustituye a las actuaciones ya en marcha para reforzar la seguridad del suministro.

Hay además un encargo a las tres eléctricas: la extensión «deberá facilitar la mayor implicación de las empresas propietarias en alternativas industriales y de empleo en el territorio» y ha de servir para avanzar en el diálogo social por una transición justa. La orden no fija plazo, cifra ni consecuencia si eso no ocurre, a diferencia de los concursos de los nudos de transición justa de las térmicas cerradas, donde los compromisos de inversión y empleo van avalados y son exigibles a la adjudicataria.

La letra pequeña

La autorización renovada no lo cubre todo. La de protección física de la central, concedida en 2020, mantiene sus fechas originales —1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y 31 de octubre de 2028 para la Unidad II— mientras no se renueve por su propio procedimiento.

La orden también obliga a la titular a justificar ante el CSN, al menos un año antes del 8 de junio de 2030, la seguridad nuclear y la protección radiológica de las operaciones que se harán entre el cese de la explotación y la concesión del permiso de desmantelamiento. Y se reserva dejar la autorización sin efecto en cualquier momento si detecta incumplimientos de las condiciones, inexactitudes en los datos aportados o factores desfavorables para la seguridad que hoy se desconozcan.

Contra la decisión cabe recurso de reposición ante el propio ministerio en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el de dos, a contar desde el día siguiente a su notificación.

Fuentes