Real decreto de centros de datos sostenibles (proyecto)
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), junto con Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital y de la Función Pública, abrió a audiencia pública, por vía de urgencia, el proyecto de real decreto que exige a los centros de datos de 1 MW o más de potencia de acceso cubrir el 80% de su consumo con renovables «adicionales» —cuya acta de puesta en servicio no sea anterior en más de dieciocho meses a su entrada en funcionamiento— y respaldar cada hora, con generación renovable de esa misma hora, al menos el 80% de la electricidad consumida («correlación horaria»); el plazo de alegaciones se cierra el 4 de septiembre de 2026. leer la pieza →
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Quien pida un permiso de acceso y conexión deberá acreditar esos requisitos para obtenerlo, y quien incumpla pagará recargos crecientes en peajes y cargos y puede perder el permiso si el incumplimiento es significativo y reiterado. Si la cuota media de renovables del sistema eléctrico español supera el 90% en el año n-2, los requisitos se dan por cumplidos sin acreditación previa, a cambio de un límite de horas anuales de consumo de red que la Secretaría de Estado de Energía debería publicar en el BOE. leer la pieza →
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Quedan fuera los centros de datos dedicados en exclusiva a defensa, protección civil y seguridad pública; la obligación de remitir al MITECO datos anuales de eficiencia energética y sostenibilidad baja el umbral a 500 kilovatios de potencia de tecnología de la información. leer la pieza →
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El proyecto exige también una declaración responsable de establecimiento en la UE y de que los datos, metadatos y registros de operación permanecen en territorio comunitario, y prohíbe alojar en estos centros sistemas del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad o vinculados a seguridad y defensa nacional, salvo que sus datos se traten y almacenen solo en la UE; la disposición transitoria quinta aplaza casi todo este bloque a una orden ministerial todavía inexistente. leer la pieza →
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Hasta que se aplique el etiquetado europeo previsto para agosto de 2027 (Reglamento Delegado UE 2024/1364), exige un PUE igual o inferior a 1,15 y un WUE igual o inferior a 0,1 litros de agua por kilovatio hora. leer la pieza →
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La memoria del proyecto justifica la norma con una aritmética eléctrica: más de 12 GW de derechos de acceso y conexión otorgados a centros de datos desde 2021, frente a los 3,5-4 GW de demanda que preveía para 2030 la Estrategia de Inteligencia Artificial aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2024. leer la pieza →
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El Consejo de Ministros del 25 de agosto de 2026 autorizó la tramitación urgente, que reduce la audiencia pública al mínimo legal de siete días hábiles y evita la consulta pública previa; la memoria invoca la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio) —el mismo mandato legal usado para prorrogar la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030— y cita la crisis en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz. leer la pieza →
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Los proyectos ya en tramitación tendrán tres meses para acreditar los requisitos si su solicitud está presentada y sin resolver, o seis meses si ya tienen permisos concedidos pero no han conectado la instalación, con posibilidad de renunciar en seis meses sin ejecución de garantías; el real decreto entraría en vigor veinte días después de publicarse en el BOE, y antes debe pasar por el informe de la CNMC y el dictamen del Consejo de Estado. leer la pieza →
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La nota de prensa del ministerio y el articulado no coinciden en dos puntos: la ficha resumen de la memoria fecha la audiencia pública «del 26 de agosto al 3 de septiembre», mientras el cuerpo del documento, la nota de prensa y la ficha de la consulta dan el plazo del 27 de agosto al 4 de septiembre; y el resumen habla de «seis meses para adaptarse» a los proyectos en tramitación (tres si están a la espera de un concurso de acceso), mientras el texto reparte esos plazos según el punto en que esté cada expediente. leer la pieza →
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La patronal SpainDC presentó sus alegaciones al proyecto, el último día del plazo ampliado. leer la pieza →
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El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, avisó de que cambiar ahora las condiciones de proyectos ya en marcha «va a dar origen a reclamar compensaciones multimillonarias»; cifró en 9.000 millones de euros las inversiones en riesgo, de tres empresas internacionales sin nombre —Amazon, Microsoft o Google, según El Confidencial—, sobre un total de 66.900 millones previstos en España hasta 2030. La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, avisó de que "nadie invertirá en un data center en España si tiene riesgo de perder el permiso de hacer su conexión" y sostuvo que la suma de requisitos —adicionalidad, correlación horaria y recargos de entre el 300% y el 500% por incumplimiento— convierte la norma en una prohibición de facto y podría exceder lo que permite la ley que ampara el reglamento. leer la pieza → otra pieza →
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SpainDC no confirmó ninguna vía legal concreta pese a ser preguntada por arbitrajes internacionales, según El Confidencial; sostiene que los inversores pueden reclamar si el Estado cambia las reglas de proyectos desarrollados bajo el marco anterior. El texto todavía debe pasar por el informe de la CNMC y el dictamen del Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros. leer la pieza → otra pieza →
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Villacís advirtió de que la futura gigafactoría española de inteligencia artificial —autorizada por la Comisión Europea el 20 de agosto de 2026— «no cumpliría» los requisitos del decreto, aunque el diseño energético definitivo de esa instalación no es público. leer la pieza → otra pieza →
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Díaz precisó que las tres inversiones en riesgo equivalen al 15% de los 66.900 millones previstos hasta 2030 y que, con la norma en vigor, el riesgo se extiende a entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España como destino; explicó que el compromiso real de la inversión llega con la concesión del punto de acceso a la red eléctrica, no con la compra del terreno. leer la pieza →