La marcha arrancó pasadas las 19.00 horas (17.00 UTC) del domingo 26 de julio de 2026 en la plaza de Espanya de Palma y desbordó el centro de la ciudad. El recorrido previsto bajaba por las avenidas hasta la plaza del Tub, seguía por las Ramblas y el Born y terminaba en Ses Voltes, al pie de la catedral, con la lectura de un manifiesto y la cantante Maria Hein interpretando La Balanguera, el himno de Mallorca. La Policía Nacional cifró la asistencia en al menos 25.000 personas, según los datos que recogió elDiario.es. Es la tercera protesta de este tipo en Mallorca en los últimos años, y llega semanas después de la cadena humana que reunió a miles de personas en la playa de Es Trenc en defensa de los espacios naturales de la isla.

Detrás de la convocatoria hay 134 entidades: el grupo ecologista GOB —Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa—, Terraferida, SOS Residents, el Sindicat de Llogateres, los sindicatos CCOO, UGT, STEI, CGT y CNT, y decenas de asociaciones vecinales y culturales. El lema, «Mallorca al límite», no es nuevo: el GOB lo usó en una campaña del año 2000, con una ilustración del dibujante Pere Joan que ahora vuelve a la pancarta de cabecera. Baleares recibía entonces alrededor de la mitad de turistas al año que ahora, recordó uno de los portavoces de la plataforma, Dani Comas.

Diez peticiones que van más allá del turismo

El GOB y Terraferida publicaron el 23 de julio los diez motivos de la convocatoria, el documento que ordena las reivindicaciones. Piden una moratoria de plazas turísticas —cada plaza es una cama legalmente autorizada para alojar turistas— con la regla de dar de baja dos por cada nueva, y la prohibición del alquiler vacacional. Reclaman congelar las subidas de alquiler y declarar Mallorca zona tensionada —la etiqueta que la ley estatal de vivienda permite aplicar a los mercados desbordados para topar las rentas—, prohibir la compra de vivienda a no residentes que acaba «en el mercado especulativo internacional» y rehabilitar las 105.000 viviendas vacías que las dos entidades atribuyen a la isla citando datos del INE. Piden además frenar la construcción en suelo rústico, parar las obras del Plan de Carreteras, no autorizar nuevos desarrollos urbanísticos por la sobreexplotación de los acuíferos y detener la ampliación de los aeropuertos. La plataforma suma multiplicar el importe de la tasa turística y cortar el agua a los grandes consumidores, como campos de golf y hoteles.

El alquiler vacacional que quieren suprimir tiene tamaño medible. Según la estadística de viviendas turísticas del INE, en mayo de 2026 Baleares tenía 21.304 viviendas turísticas con 134.282 plazas, a 6,3 plazas por vivienda frente a las 5,03 de media nacional. Son el 3,27% de todas las viviendas censadas del archipiélago, más del doble del 1,28% que marca España en conjunto.

«Volvemos a decir que Mallorca está al límite y que ahora ya sí que hay que parar. Cada día que pase sin que se den pasos firmes hacia un decrecimiento está perjudicando gravemente la habitabilidad de nuestra isla», declaró Comas a los medios antes de la salida, según Europa Press. El portavoz situó la urgencia en el calendario: «Es el último verano antes de las elecciones y estamos superando todos los récords, todos los límites», y vaticinó un colapso mayor el 12 de agosto, día del eclipse solar total.

Un manual de acción directa y dos detenidas

La protesta llegó tras semanas de tensión. La plataforma difundió un manual de acción directa no violenta que proponía «decorar» fachadas con pintadas o bloquear cerraduras de apartamentos turísticos, evitando la identificación policial. El documento abrió una grieta en la propia plataforma: el GOB, Terraferida y CCOO se desmarcaron de cualquier acción con violencia.

En julio, la Guardia Civil detuvo a dos activistas por pintadas, cristales rotos y cerraduras bloqueadas en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. El atestado remitido al juzgado incluía vigilancias, requisa de objetos y análisis de teléfonos móviles, y les atribuía, además de daños, pertenencia a un grupo criminal. El juez las dejó en libertad y la investigación sigue abierta; el jefe de la Guardia Civil en Baleares defendió la actuación como proporcionada. El GOB rechazó el 17 de julio lo que llamó «criminalización» del movimiento social y llamó a acudir a la manifestación. Comas sostuvo que esos intentos «han conseguido el efecto contrario» al de desmovilizar.

Vivienda, el eje de fondo

Las entidades convocantes sostienen que la crisis residencial balear ya no es un desajuste entre oferta y demanda, sino la conversión de la vivienda en activo financiero. Reprochan al Govern de Marga Prohens (PP) que actúe solo sobre la oferta —vivienda protegida y agilización de desarrollos urbanísticos— y critican, según elDiario.es, que la ley ómnibus aprobada con Vox —una norma que modifica muchas leyes de una sola vez— permita que personas jurídicas, es decir empresas y sociedades, compren viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. El Ejecutivo autonómico defiende esa vía como una forma de ampliar el parque residencial.

El debate no es solo balear. El Gobierno central prevé aprobar el martes 28 de julio un real decreto ley de vivienda que sitúa en 31 días el umbral del alquiler turístico y prorroga contratos, y en el BOE del 25 de julio se publicaron dos resoluciones que exigen permiso de la comunidad de vecinos para obtener el número sin el cual un piso no puede anunciarse como alquiler de corta duración.