El Tribunal de Cuentas investigará la compra del ático del Gobierno de Ayuso
El Tribunal de Cuentas rechaza archivar el caso del ático de 6,3 millones que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí y nombrará un instructor: ve indicios de perjuicio a fondos públicos en una compra hecha sin encargo previo y justificada con una memoria escrita casi tres meses después.
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La Comunidad de Madrid pidió al Tribunal de Cuentas que archivara el caso del ático de Chamberí. El Tribunal ha dicho que no. Una consejera de Cuentas ha acordado elevar las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para que nombre un delegado instructor —el encargado de investigar los hechos y fijar, si los hay, los daños y sus responsables—, según la resolución a la que han tenido acceso Europa Press y El Confidencial. La resolución está fechada el jueves 12 de noviembre, según El Confidencial, y no se ha hecho pública: este medio no ha podido consultarla.
Lo que se investiga es si hubo responsabilidad contable: la obligación de quien maneja dinero público de devolverlo de su bolsillo si lo pierde o lo gasta sin justificación. La consejera considera que no puede descartarse un «alcance» —la salida de fondos públicos sin justificar— y escribe que los hechos denunciados, «a priori y sin entrar a valorar el fondo, pueden constituir una salida de fondos públicos por el importe de 6.300.000 euros, carente por completo de justificación legal». La propia resolución advierte de que el paso «no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables».
Primero la compra, después la memoria
La empresa pública Planifica Madrid, dependiente del Gobierno regional, compró el 14 de abril de 2026 un ático en el número 35 de la calle General Martínez Campos: unos 485 metros cuadrados, 199 de ellos de terraza, por 6,3 millones de euros. Según recoge el auto, citado por Europa Press, la operación se hizo sin que constara un encargo formal de la Comunidad ni una memoria que justificara la necesidad del inmueble. Esa memoria lleva fecha del 2 de julio de 2026, casi tres meses después de firmada la compraventa.
La memoria, que el Gobierno regional entregó a la Asamblea de Madrid, justifica el piso como inmueble institucional «de carácter residencial», con zona de trabajo y «área de descanso y alojamiento ocasional» para autoridades, según El Confidencial. El Tribunal duda de que ese uso quepa en el objeto social de Planifica, cuyos estatutos ligan la compra de inmuebles a la actividad administrativa de consejerías y organismos regionales.
El ático nunca se usó. Planifica se lo alquiló a la Comunidad el 28 de julio —por 3.000 euros al mes, según el expediente que cita El Confidencial— y ambas partes resolvieron el contrato el 15 de septiembre, cuando la Administración comunicó que la necesidad había desaparecido. Ese mismo expediente incluye un informe en el que la interventora delegada jefe de Economía y Hacienda señala que todo se hizo «sin profundizar en el estudio de necesidad, idoneidad, aspectos económicos tales como renta, gastos, comparativa de edificios similares, etc.».
El precio, en discusión
La primera tasación, encargada a la consultora Gesvalt y fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros: unos 57.000 euros menos de lo que pagó Planifica. Los denunciantes cifran el posible perjuicio, sumando otros costes de la operación, en al menos 437.058 euros. La Comunidad y Planifica niegan que hubiera sobreprecio: aportaron una segunda tasación de Gesvalt, del 15 de octubre, que sube el valor a 6.320.341,26 euros al contar parte de la terraza cerrada, y alegan que el precio de salida a la venta, 6.694.201 euros, permitiría recuperar la inversión.
El Tribunal responde que la primera licitación quedó desierta y que el piso sigue sin comprador, señal de que el mercado podría no aceptar ese precio. El Confidencial cuenta dos subastas sin ofertas. La resolución recoge además la denuncia de que el cerramiento de parte de la terraza, hecho entre 2007 y 2010, podría carecer de licencia, lo que afectaría a la superficie útil legal, al valor del inmueble y a posibles costes futuros de restitución.
La Fiscalía ante el Tribunal ya había pedido en dos ocasiones el nombramiento del instructor, al entender que las alegaciones de la Comunidad y de Planifica no desmontaban por ahora las irregularidades denunciadas. Ambas sostenían que la compra encajaba en la actividad de la empresa, que su consejero delegado tenía facultades para firmarla y que no hubo daño a los fondos públicos.
Quién denunció
La causa nace de una acción pública —la vía que permite a cualquier ciudadano denunciar ante el Tribunal un posible menoscabo de fondos públicos—, con el grupo parlamentario de Más Madrid y su portavoz en la Asamblea personados junto a otros dos denunciantes, entre ellos el abogado Javier Flores, según Europa Press. «La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles», dijo Flores a la agencia. «Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños». Por separado, el PSOE presentó una denuncia penal por presunta prevaricación y malversación que, según El Confidencial, aún no ha sido admitida a trámite.
Contexto
La compra se conoció a finales de julio, cuando la Comunidad explicó que el ático serviría de oficina temporal a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos. Ayuso lo rebajó después a espacio para «reuniones institucionales» y negó que fuera para ella: «No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí». El 30 de julio el Gobierno regional anunció que lo vendería, y el precio de 6,3 millones, que había evitado dar durante una semana, lo adelantó laSexta el 4 de agosto.
Fuentes
- Europa Press: «El Tribunal de Cuentas ordena investigar el caso del ático al detectar indicios de perjuicio a fondos públicos» (13 de noviembre de 2026)
- El Confidencial: «El Tribunal de Cuentas abre una investigación por la compra del ático del Gobierno de Ayuso por 6,3 millones» (13 de noviembre de 2026)
- Documento primario: la resolución de la consejera de Cuentas no está publicada; ambos medios la citan por haber tenido acceso a ella.