El ático de casi 500 metros cuadrados que la Comunidad de Madrid compró en el Paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, para que lo use la presidenta Isabel Díaz Ayuso mientras se rehabilita la Real Casa de Correos está en la novena planta de un edificio de viviendas. Y ahí, sostienen dos diarios, la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid no deja poner una oficina pública. Lo publicó elDiario.es a las 21.10 (hora peninsular) del 29 de julio de 2026 y lo llevó a portada El País en la madrugada del 30 con el titular «El ático de lujo del Gobierno de Ayuso solo es de uso residencial».

La finca se rige por la Norma Zonal 1, Grado 3º, según la información urbanística municipal que consultó elDiario.es. Una norma zonal es la ficha que el plan de la ciudad asigna a cada zona: fija qué usos se admiten, en qué plantas y con qué condiciones. En esta, explica el medio, las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid —el PGOUM, el reglamento que decide qué se puede construir y para qué se puede usar cada edificio— no incluyen a la administración pública entre las actividades económicas autorizadas, y ni oficinas ni servicios pueden implantarse por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio de esa zona.

Tampoco valdría la escapatoria del despacho profesional. Esa figura —el despacho doméstico, el abogado o el arquitecto que trabaja en su propia casa— solo la puede abrir quien tenga constituido ese piso como vivienda habitual, condición imposible en un inmueble de titularidad pública comprado para otro fin.

De la «oficina» a las «reuniones institucionales»

La Comunidad de Madrid presentó el ático como una «oficina» temporal para el equipo de Ayuso durante las obras de su sede en la Puerta del Sol, tal y como publicamos el 29 de julio. Horas después, la propia presidenta corrió el foco: el piso servirá para «reuniones institucionales de forma provisional», dijo en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario por los incendios de la sierra oeste, según La Vanguardia. Ese matiz no resuelve el problema: reunirse a despachar asuntos de gobierno sigue siendo, según el análisis de elDiario.es, un uso dotacional de una administración pública —el que corresponde a equipamientos y servicios públicos—, y es precisamente el que la norma zonal veta en esa planta.

Ayuso atribuyó la polémica a «campañas de desprestigio que promueve el Gobierno y su prensa afín». «No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí. No me estoy comprando nada, no se me está comprando nada. Se compran y se venden inmuebles. Esta Administración no puede despatrimonializarse», declaró, en la transcripción de La Vanguardia. Sobre Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la compra, dijo que es «una agencia que a lo largo de todo el año reorganiza el patrimonio de la Comunidad de Madrid y también se vende. Porque tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles».

Lo que no dijo, ni en esa comparecencia ni después, es cuánto costó el piso ni qué uso tendrá al final. El precio no ha trascendido; fuentes del mercado inmobiliario citadas por La Vanguardia calculan que una vivienda de esas características en ese distrito puede llegar a los seis millones de euros, una estimación de mercado y no un dato oficial. elDiario.es preguntó al área de Presidencia por el importe y por el uso previsto y no obtuvo respuesta.

La oposición pide la licencia

Más Madrid y el PSOE reclaman explicaciones. Sara Ladra, concejala de Más Madrid especializada en urbanismo, explicó en un hilo en redes sociales por qué no se puede abrir allí legalmente una oficina y ha pedido copia de la licencia o título habilitante —la autorización municipal sin la cual no se puede implantar una actividad— para instalarla en esa vivienda. «No vamos a tolerar que se vulnere o retuerza la normativa para usar como oficina lo que tiene más pinta de ser otra vivienda de lujo para uso y disfrute de Ayuso pagada con el dinero de todos», avisó. El portavoz adjunto de su grupo en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, habla directamente de «un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo».

El concejal socialista Antonio Giraldo, dedicado también a urbanismo, apunta al lado incómodo del asunto: el Ayuntamiento que tendría que actuar lo gobierna el mismo partido que la Comunidad. «Si es para oficinas provisionales, el Ayuntamiento de Madrid va a tener que denunciar a la CAM [la Comunidad de Madrid] y emitir una orden de clausura contra una actividad ilegal. Además de una posible sanción. En ese edificio (planta ático) no cabe otro uso que el residencial», escribió en un mensaje en X. El PSOE añade el otro lado de la tenaza: si el piso se mantiene como vivienda, quiere saber quién va a vivir en él y cuánto dinero público ha costado.

Conviene fijar los límites de lo que se sabe. Al 30 de julio de 2026 no consta que la Comunidad de Madrid haya pedido licencia para nada, ni que haya instalado nada en el ático, ni que el Ayuntamiento haya abierto expediente alguno. El choque, por ahora, es entre un uso anunciado y una norma; el uso real del piso es exactamente la pregunta que el Gobierno regional no responde.

El documento que decide

La respuesta última no está en ningún titular, sino en dos documentos públicos. El primero es el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 19 de abril de 1997, según las fichas del Geoportal del Ayuntamiento de Madrid: de ahí salen las normas zonales. El segundo es la ficha urbanística de esa finca concreta, que cualquiera puede consultar por dirección en el Visor Urbanístico municipal.

Esta redacción no ha podido reproducir el texto literal del artículo aplicable: el servidor de madrid.es rechaza el acceso automatizado y su visor exige navegador. Por eso la lectura de la norma se atribuye aquí a elDiario.es y a El País, y no se presenta como verificación propia.

Fuentes

• elDiario.es (Somos Madrid), Diego Casado: «El ático comprado por el Gobierno de Ayuso para “reuniones” no puede ser oficina y solo puede destinarse a vivienda», 29 de julio de 2026, 21.10 hora peninsular (actualizado el 30 a las 09.13). Leído y verificado íntegro por esta redacción; es el origen de la norma zonal, de las citas de Ladra, Rubiño y Giraldo y de la falta de respuesta de Presidencia.
• El País: «El ático de lujo del Gobierno de Ayuso solo es de uso residencial», 30 de julio de 2026, 03.30 UTC. Nota de trazabilidad: el cuerpo del artículo no pudo leerse (bloqueo anti-robot). Su titular y su descripción —«las normas municipales impiden destinar el piso completo al uso profesional, lo que deja en el aire el futuro de una inversión millonaria»— se tomaron de su propio canal RSS, verificado por esta redacción. No se atribuye a El País ningún dato que no aparezca en ese titular y esa descripción.
• La Vanguardia: «Ayuso justifica la compra de un ático de lujo en Chamberí para usarlo de oficina temporal», 29 de julio de 2026. Leído íntegro; origen de las declaraciones literales de Ayuso y de la estimación de mercado sobre el precio.
• Ayuntamiento de Madrid: Geoportal, catálogo PGOUM 97 (fecha de aprobación y publicación del plan) y Visor Urbanístico (consulta de la ficha urbanística por dirección).

Independencia de las fuentes. El hecho central —que la norma zonal impide la oficina— lo publican dos redacciones distintas, elDiario.es y El País, ambas con confianza media en contenido/fuentes.yaml: ninguna es de confianza alta. El HuffPost (Prisa Media, el mismo grupo que El País, y por tanto no una fuente independiente de él) publicó ese mismo 30 de julio un resumen de la información de El País que coincide en la norma zonal; esta redacción lo consultó solo para comprobar qué había publicado El País, no como confirmación independiente.