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El Gobierno exige a los centros de datos un 80% de renovables nuevas

El Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre de 2026 el real decreto que obliga a los centros de datos de más de 10 megavatios a cubrir el 80% de su consumo con renovables nuevas producidas en la misma hora en que lo gastan, con exigencia plena desde 2032. La patronal SpainDC anunció ese mismo día que lo recurrirá en los tribunales.

Renato Davila · 20 de noviembre de 2026 · economia

Sara Aagesen, con chaqueta verde azulada y jersey claro, de pie sobre una alfombra roja ante la puerta acristalada de un edificio de ladrillo, sujeta con las dos manos una cartera ministerial negra con el escudo de España
Imagen de archivo: la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros, en La Moncloa, el 28 de noviembre de 2024. (Foto: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez, La Moncloa (uso libre citando su origen, vía Wikimedia Commons))

Un centro de datos funciona igual a las tres de la madrugada que a mediodía. Esa demanda plana, que no sigue al sol ni al viento, es lo que el Gobierno quiere atar con el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el viernes 20 de noviembre de 2026, a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La norma, propuesta por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital, fija las condiciones que deberán cumplir los centros de datos de más de 10 megavatios (MW) para conseguir los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, según la nota del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). El texto del real decreto todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Qué exige

La obligación central tiene dos piezas. La primera es la adicionalidad: el 80% de la electricidad que consuma el centro tiene que salir de plantas renovables nuevas, puestas en marcha como máximo 36 meses antes que el propio centro, salvo las fotovoltaicas y algunas de biomasa y repotenciaciones. No basta con comprar energía verde que ya existía. Cuentan el autoconsumo, el almacenamiento y los contratos de suministro de más de seis años.

La segunda es la correlación horaria: esa electricidad renovable se contabiliza hora a hora, de modo que la solar de mediodía no compensa el consumo de la noche. La regla seguirá vigente hasta que las renovables superen el 90% de la electricidad generada en España.

Hay una vía intermedia durante cinco años. Los centros que entren en el Sistema de Reducción Automática de Potencia —es decir, que acepten ser los primeros en quedarse sin suministro cuando la red vaya justa— podrán acreditar un 60% de renovables nuevas en las horas punta hasta el 31 de diciembre de 2028, y un 70% en las horas punta y llano a partir de entonces. Desde el 1 de enero de 2032, «absolutamente todos y cada uno de los centros de datos» tendrán que cumplir el 80% con correlación horaria, dijo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo, según Europa Press. Aagesen rechazó que ese periodo sea una moratoria.

Quien incumpla pagará compensaciones automáticas en su factura eléctrica, proporcionales a la desviación, que irán a pagar los mecanismos de capacidad (lo que cobran las centrales por estar disponibles cuando el sistema las necesita). Las sanciones pueden llegar a suspender tres años el derecho de acceso y conexión. Los proyectos en tramitación tendrán seis meses para adaptarse —tres si esperan un concurso de acceso a la red— o podrán renunciar sin perder sus garantías.

El decreto añade requisitos de agua y eficiencia: mientras no llegue el etiquetado europeo, un consumo de agua (WUE) igual o inferior a 0,1 litros por kilovatio hora y una eficiencia energética (PUE, la relación entre la energía total del centro y la que usan sus equipos informáticos) igual o inferior a 1,25. Y un bloque de soberanía digital: los centros, de cualquier tamaño, que alojen sistemas públicos de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad —datos sanitarios, fiscales, energéticos o de transporte— deberán mantener los datos en el Espacio Económico Europeo y controlar los accesos desde terceros países.

Más suave que el borrador de agosto

La versión aprobada rebaja la que el ministerio sacó a audiencia pública en agosto, que alcanzaba a los centros de 1 MW o más, exigía renovables puestas en marcha como mucho 18 meses antes y un PUE de 1,15 (lo contamos aquí). Entre medias llegaron más de 600 alegaciones y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pedía rebajar obligaciones, según Europa Press.

Las cuentas del Gobierno y las del sector

Aagesen justificó la norma con una cifra: sin ella, la expansión de los centros de datos costaría 5.000 millones de euros al año en las facturas eléctricas, en un escenario que calificó de «muy conservador» porque no incorpora el encarecimiento actual del gas. Según su desglose, 4.000 millones vendrían de la subida del precio mayorista, por un aumento del 165% en el consumo de gas natural, y 1.000 millones del mecanismo de capacidad, que se sumarían a los 800 millones anuales ya previstos. Los consumidores industriales, añadió, «tendrían que pagar un 25% más por la energía eléctrica consumida». La nota de prensa del ministerio no detalla las hipótesis de ese cálculo, y la ministra tampoco las precisó, según El Confidencial.

La ministra dio también la medida de la avalancha: hay permisos de acceso concedidos a centros de datos por 15.000 MW —6.000 en la red de transporte y 9.000 en distribución—, 3.000 más que hace tres meses, y más de 20.000 MW en cola. Esos 15.000 MW equivalen a «prácticamente el 40% del consumo pico» de España, según Aagesen, y multiplican casi por cuatro los menos de 4.000 MW que la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 preveía para 2030. Un permiso de acceso, con todo, no es un centro construido ni un consumo garantizado.

Enfrente está el informe de la consultora Wood Mackenzie para SpainDC, la patronal del sector, que citó El Confidencial: añadir 3.000 MW de centros de datos hasta 2030 sin las exigencias del decreto elevaría el precio final medio de la electricidad un 1,3%, y 4.000 MW, un 2,3%. Los dos cálculos parten de escenarios distintos, no son directamente comparables y cada uno lo firma una de las partes: el Gobierno que regula y la patronal que se opone.

Recurso anunciado y dudas en Bruselas

SpainDC, que dice agrupar a más de 300 empresas, anunció la tarde del 20 de noviembre que recurrirá el decreto y pedirá su suspensión cautelar, según El Confidencial. «No vamos a aceptarlo», dijo su presidente, Emilio Díaz. La patronal sostiene que la norma pone en riesgo 66.900 millones de euros de inversión prevista hasta 2030 y que Aagesen no se ha reunido nunca con ella. En septiembre ya había avisado de reclamaciones «multimillonarias» si se cambiaban las reglas a proyectos en marcha (lo contamos aquí), y el 13 de noviembre Merlin Properties cifró en 863 millones de euros su sobrecoste en el peor escenario (lo contamos aquí).

El Confidencial adelantó además que el Gobierno siguió adelante pese a las dudas sobre si debía notificar antes a la Comisión Europea algunas exigencias técnicas del decreto y esperar su examen, como prevén las normas europeas sobre reglamentaciones técnicas. Ese extremo no ha podido confirmarse por otra vía.

El decreto también entra en la campaña. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, escribió en X que la norma «prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos» y anunció que el PP la derogará si gobierna, según Europa Press.

Fuentes