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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en el AVE Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea abrió una segunda investigación sobre el dinero de la UE para la seguridad y la señalización de la línea donde murieron 69 personas en Urda (Toledo), y la UCO acudió el 6 de noviembre a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas.

Renato Davila · 6 de noviembre de 2026 · nacional

Torre de oficinas de cristal azulado y bandas metálicas horizontales sobre un bloque bajo oscuro, con árboles, un semáforo, una señal de dirección obligatoria y un cartel publicitario en primer plano, bajo un cielo azul
Imagen de archivo: el edificio de la calle Titán 4-6, en Madrid, sede de Adif, en abril de 2016. (Foto: Zarateman, CC0 (Wikimedia Commons))

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron el viernes 6 de noviembre en la sede de Adif —el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la empresa pública que gestiona las vías y el control del tráfico—, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas. Iban por orden de la Fiscalía Europea, que investiga un posible fraude con fondos de la Unión Europea destinados a «la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones» de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es la misma vía en la que, el 28 de octubre, chocaron un AVE y un tren de Iryo cerca de Urda (Toledo): murieron 69 personas (ver nuestra información).

Lo confirmó la propia Fiscalía Europea en un comunicado fechado en Luxemburgo ese mismo día. La investigación se abrió de oficio —por iniciativa de la propia fiscalía, sin denuncia previa— y es la segunda sobre esa línea: la primera arrancó en marzo de 2026. El organismo califica su nota de «confirmación excepcional» por «el gran interés público» y avisa de que no dará más detalles en esta fase.

La Fiscalía Europea, conocida por sus siglas en inglés como EPPO, es el ministerio fiscal independiente de la UE: investiga y lleva a juicio los delitos contra el dinero comunitario, también cuando se cometen dentro de un Estado miembro. Su oficina en Madrid dirige estas diligencias.

Qué buscaba la UCO

Según Europa Press, que cita fuentes del caso, los agentes recogieron expedientes en Adif. El Tribunal de Cuentas confirmó a la agencia que la UCO estaba «en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid».

El Confidencial, también con fuentes del caso, concreta más: la investigación afecta a varios contratos públicos de los sistemas ERTMS y LZB, y los agentes entregaron en las tres sedes requerimientos sobre varios expedientes. El LZB es el sistema que vigila la velocidad de los trenes en esa línea y los frena si el maquinista no lo hace; el ERTMS, el sistema europeo de control de trenes. El choque de Urda se produjo después de una incidencia en el LZB, y aún se ignora qué lo tumbó: la causa técnica del accidente sigue sin conocerse (ver nuestra información). La Fiscalía Europea no ha confirmado qué contratos examina.

El precedente de Adamuz

La primera investigación de la Fiscalía Europea sobre la Madrid-Sevilla se abrió en marzo, después de que el 18 de enero descarrilara un tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) y chocara con un Alvia: 46 muertos. Según Europa Press, la fiscalía pidió entonces a Adif «todos los contratos suscritos» sobre el tramo del siniestro, según un oficio judicial que difundió en redes sociales Óscar Puente, entonces ministro de Transportes. Puente le restó importancia: la Fiscalía Europea, dijo, «investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse», como «en todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos». Puente dimitió el 3 de noviembre por el accidente de Urda.

El Tribunal de Cuentas recordó a Europa Press un antecedente propio. En un informe aprobado en diciembre de 2025 sobre cómo controlan Adif y Adif Alta Velocidad las obras pagadas con el Plan de Recuperación —el programa de fondos europeos posteriores a la pandemia—, reprochó a Adif «falta de rigor» al investigar dos denuncias sobre puntuaciones alteradas en la valoración de ofertas de contratos. Adif había concluido en diciembre de 2022 que «no existían indicios» de irregularidad; el Tribunal, tras analizar uno de los expedientes, halló que la valoración «adolece de falta de transparencia y de motivación» y podía encubrir una puntuación «injustificada y arbitraria».

Una semana de bajas y registros

La investigación llega en plena crisis de la cúpula ferroviaria. El 4 de noviembre dimitió el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, un día después que Puente (ver nuestra información). Y el 5 de noviembre la UCO ya había requerido información a Adif, en ese caso dentro de una pieza secreta del «caso Koldo» que instruye la Audiencia Nacional (ver nuestra información); no consta relación entre esas diligencias y las de la Fiscalía Europea.

La investigación está abierta y no se conocen imputaciones contra personas concretas. Rige la presunción de inocencia.

Fuentes