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El decreto de 309 millones para Ceuta se vota el 16 de septiembre

El Real Decreto-ley 22/2026, que moviliza 309 millones de euros para Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, es el punto 32 del orden del día del Pleno del Congreso convocado para el miércoles 16 de septiembre de 2026. La Cámara solo puede convalidarlo o derogarlo entero: el texto está en vigor desde el 3 de septiembre y la Constitución da treinta días para votarlo.

Renato Davila · 13 de septiembre de 2026 · nacional

Interior vacío del hemiciclo del Congreso de los Diputados fotografiado desde abajo con objetivo angular: en el centro, el dosel de terciopelo granate con el escudo de España bordado sobre fondo claro; delante, la tribuna de oradores y las bancadas de cuero marrón sin nadie sentado; a la izquierda, una pantalla encendida y las tribunas altas; arriba, el techo de frescos y molduras doradas.
Imagen de archivo: el hemiciclo del Congreso de los Diputados, vacío, en diciembre de 2014. El decreto de Ceuta se somete a convalidación en la sesión plenaria convocada para el miércoles 16 de septiembre de 2026. (Foto: Barcex, CC BY-SA 3.0)

El plan de choque del Gobierno para Ceuta se juega su supervivencia esta semana en el Congreso. El Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta figura como punto 32 del orden del día de la sesión plenaria número 197, en el bloque convocado para el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las nueve de la mañana, según el orden del día publicado por la propia Cámara. Lo adelantó Europa Press el domingo 13.

Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que el Gobierno dicta por su cuenta, sin pasar por las Cortes, cuando alega «extraordinaria y urgente necesidad». El artículo 86 de la Constitución le pone un precio: el Congreso debe someterlo a debate y a una votación de totalidad en los treinta días siguientes a su promulgación. No hay término medio ni enmiendas en esa votación —eso solo llega si después se tramita como proyecto de ley—: los diputados convalidan el texto entero o lo derogan entero. El decreto se firmó el 1 de septiembre, así que el plazo vence el 1 de octubre.

Hasta ese voto, la norma manda. El decreto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del 2 de septiembre y su disposición final tercera fija la entrada en vigor «el día siguiente al de su publicación»: el 3 de septiembre. Las ayudas, las exenciones de cotizaciones y los créditos extraordinarios ya están corriendo; una derogación no tendría efectos retroactivos sobre lo ejecutado, pero cortaría el resto.

Qué hay dentro de los 309 millones

El paquete cubre solo lo que queda de 2026 y se reparte en cuatro bloques, según el detalle que dio el Gobierno al aprobarlo:

  • 118 millones para acogida de menores migrantes que están solos en la ciudad y atención humanitaria. Es la partida mayor.
  • 90 millones para seguridad, de los que 74 millones —74.033.475 euros exactos en el texto legal— son para Defensa por el despliegue militar.
  • 80 millones para empresas y trabajadores.
  • 21 millones para servicios esenciales: sanidad, educación, justicia y la planta desalinizadora.

Fuera de esa cuenta queda una línea de avales del Estado de hasta 50 millones gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público que respalda financiación empresarial, para que el crédito siga llegando a los negocios ceutíes.

La ayuda mínima a empresas es de 10.000 euros, no de 1.000

Dentro del bloque empresarial, 36,6 millones son un fondo de ayudas directas que gestiona la Agencia Tributaria y que el Gobierno calcula que alcanzará a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas de Ceuta. El artículo 1 del decreto fija importes cerrados por tramos: 5.000 euros para cada empresario o profesional persona física, y para sociedades y comunidades de bienes, 10.000 euros si su última cifra de negocios no llegó al millón, 20.000 entre uno y dos millones, 40.000 entre dos y seis, 80.000 entre seis y diez, y 150.000 por encima de diez millones.

Ese suelo importa porque sigue circulando otro. El despacho de Europa Press del 13 de septiembre repite que las empresas «podrán recibir ayudas de entre 1.000 y 150.000 euros», la cifra que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dio de viva voz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El texto con fuerza de ley dice 10.000: diez veces más. La contradicción ya quedó resuelta cuando el «BOE» publicó el articulado, y la propia Agencia Tributaria la recogió el 2 de septiembre en su sede electrónica con los mismos tramos del decreto.

Tampoco cuadra del todo el calendario. Europa Press sitúa la apertura del plazo el 14 de septiembre, la fecha que el Gobierno anunció. El decreto no fija ninguna: dice que el formulario podrá presentarse «una vez esté disponible» y hasta el 30 de noviembre de 2026, y que los pagos se harán por transferencia a partir del 6 de octubre. En la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la última novedad publicada sobre Ceuta seguía siendo, la mañana del 14 de septiembre, el aviso del día 2, que remite a la sede sin fecha de apertura. Quien quiera pedir la ayuda depende de que el formulario aparezca, no de una fecha escrita en la norma.

El resto del bloque empresarial son 14 millones canalizados por la Cámara de Comercio de Ceuta —bonos al consumo para el pequeño comercio, bonos turísticos y descuentos de transporte para no residentes— y, según el desglose que el Gobierno trasladó a Europa Press, un millón para el plan «Ceuta Exporta» del ICEX y otro millón para una campaña internacional de Turespaña. En lo laboral, el decreto exonera del 100% de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que hayan tenido que aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) —el mecanismo que permite suspender contratos o recortar jornada de forma temporal por una causa sobrevenida—, crea una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos y permite aplazar cotizaciones a un interés del 0,5%.

Una semana entera de Ceuta en el hemiciclo

La convalidación no llega sola. El mismo orden del día reserva a Ceuta buena parte de la sesión: el martes 15 se debaten una proposición no de ley de Vox sobre el acuerdo con Marruecos de 2007 para el retorno de menores no acompañados y dos mociones consecuencia de interpelación urgente, una de Vox y otra del PP, sobre la crisis de la ciudad. El miércoles, en la sesión de control, Sumar pregunta a la ministra de Juventud e Infancia por los derechos de los niños en Ceuta, y Vox interroga al ministro de la Presidencia y al de Interior sobre sus planes para la ciudad. Antes del decreto de Ceuta, el punto 31 somete a convalidación el Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

La aritmética no está despejada. El 10 de septiembre, el Pleno rechazó por 175 votos contra 170 y una abstención el plan del PP para Ceuta, con Junts votando en contra de la iniciativa popular: cinco votos de margen sobre 346 diputados presentes. Ningún grupo ha anunciado todavía su posición sobre el decreto.

De dónde viene el decreto

El plan responde a la entrada masiva de migrantes por El Tarajal del 30 y 31 de julio de 2026 y se ha ido ensanchando desde entonces: 165 millones filtrados a finales de agosto, 168 anunciados por Pedro Sánchez en la radio el 31 de agosto y 309 aprobados por el Consejo de Ministros el 1 de septiembre, el equivalente al 16% del producto interior bruto de la ciudad en cuatro meses, según La Moncloa. A ese dinero se sumaron después los fondos de emergencia que la Comisión Europea movilizó el 9 de septiembre.

La emergencia que lo motivó sigue abierta. El 13 de septiembre, el Ministerio de Inclusión trasladó a 864 personas que dormían en la calle a una instalación temporal en el barrio de Los Rosales, y sitúa en torno a 4.300 las plazas de acogida habilitadas en la ciudad.

Fuentes