Actualiza «El Gobierno aprueba 309 millones para Ceuta, el 16% de su PIB»: aquella pieza dejaba dos discrepancias abiertas entre la nota de La Moncloa y lo que dijo en rueda de prensa el vicepresidente Carlos Cuerpo, a la espera del texto legal. El texto ya está publicado y las resuelve.

El «Boletín Oficial del Estado» número 216, del miércoles 2 de septiembre de 2026, publicó en cuarenta y cuatro páginas el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta. Es la letra pequeña del plan de 309 millones de euros que el Consejo de Ministros había anunciado un día antes por nota de prensa y rueda de prensa, y en varios puntos no dice lo que se contó. El mismo boletín incluye un segundo texto, el Real Decreto 706/2026, que saca a los cinco polideportivos de la ciudad y al antiguo Hospital Militar de la lista de instalaciones donde el Estado puede alojar a los migrantes.

El decreto-ley entra en vigor el 3 de septiembre. El Congreso tiene treinta días para convalidarlo o derogarlo.

Las ayudas: 5.000 euros por autónomo, de 10.000 a 150.000 por empresa

El artículo 1 crea la línea de ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria, dotada con un crédito extraordinario de 36,6 millones de euros ampliable. Pueden pedirlas quienes, entre el 30 de julio y la entrada en vigor del decreto, tuvieran en Ceuta su domicilio fiscal, su establecimiento o bienes afectos a la actividad. Los importes son fijos por tramos:

• Los empresarios y profesionales personas físicas —los autónomos— cobran un importe único de 5.000 euros.
• Las sociedades y comunidades de bienes cobran según su último importe neto de la cifra de negocios: 10.000 euros hasta 1 millón; 20.000 entre 1 y 2 millones; 40.000 entre 2 y 6; 80.000 entre 6 y 10, y 150.000 por encima de 10 millones. Quien se dio de alta en el censo en 2026 cobra 10.000 en todo caso.

La solicitud es un formulario en la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el que basta indicar una cuenta bancaria y firmar una declaración responsable de que la actividad se ha visto perjudicada por la crisis migratoria. Podrá presentarse «una vez esté disponible» y hasta el 30 de noviembre de 2026; los pagos se harán por transferencia a partir del 6 de octubre. Las ayudas están exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y son inembargables.

Ese suelo de 10.000 euros confirma la nota escrita de La Moncloa y desmiente lo que Cuerpo explicó de viva voz tras el Consejo de Ministros, donde habló de ayudas «de entre 1.000 y 150.000 euros», según recogió Europa Press: la cifra que dio el vicepresidente es diez veces menor que la que tiene fuerza de ley. El decreto tampoco fija el 14 de septiembre como fecha de apertura del plazo, como se anunció: lo deja a que la Agencia Tributaria publique el formulario.

El 75% de bonificación llega, pero la construcción se queda fuera

El artículo 37 reescribe entero el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023, que regula las bonificaciones en las cotizaciones sociales de las empresas de Ceuta y Melilla. La rebaja sube, como se anunció, del 50% al 75% de la aportación empresarial por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial, para las empresas —«excluida la administración pública y las entidades, organismos y empresas del sector público»— que tengan personas con contrato indefinido o de sustitución por incapacidad temporal trabajando en las dos ciudades. Se aplica a las cuotas devengadas desde el 1 de septiembre de 2026.

Al reescribir el artículo, el texto cambia dos cosas que nadie anunció.

La primera: comparado con la redacción vigente desde el 1 de noviembre de 2024, la nueva lista de sectores con derecho a la bonificación pierde uno, la construcción de edificios. Sigue habiendo agricultura, pesca y acuicultura; industria salvo energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios salvo el transporte aéreo de ala fija; actividades financieras y de seguros, e inmobiliarias. La construcción, no. Lo mismo ocurre con los autónomos: el artículo 36 del decreto sube su bonificación del 50% al 75% —con efectos desde las cuotas de octubre— y también borra la construcción de edificios de la lista que fijó el decreto de enero de 2023. La palabra «construcción» no aparece ni una vez en las cuarenta y cuatro páginas del decreto, que tampoco explica el cambio.

Es justo lo contrario de lo que dijo Cuerpo en la rueda de prensa, donde sostuvo que se ampliaban los sectores beneficiados «hasta alcanzar al conjunto de la economía, con la excepción del sector público». El texto legal mantiene una lista cerrada de sectores y le quita uno.

La segunda: el nuevo artículo 31 suprime el apartado que ataba la bonificación a la vigencia de los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla. Sin esa cláusula, la rebaja del 75% deja de tener fecha de caducidad —lo que respalda que el Gobierno la presentara como una medida permanente—.

Ocho millones para la Guardia Civil que no son ocho millones de incentivos

El bloque de seguridad del plan se anunció con tres cifras: 74 millones para Defensa, 8 para la Guardia Civil y 7,1 para la Policía Nacional, presentadas como incentivos al rendimiento excepcionales. El decreto confirma la primera al euro —74.033.475 para Defensa— pero descuadra las otras dos, que no miden lo mismo. En gratificaciones, la Policía Nacional recibe 7.138.000 euros y la Guardia Civil, 4.836.150. Los «8 millones» de la Guardia Civil solo salen si se le suman 3,4 millones de inversión nueva; y si se aplica ese mismo criterio a la Policía Nacional, su cifra sube a 10,7 millones, no a 7,1. Interior recibe además 577.800 euros de productividad para la Dirección General de Protección Internacional.

Otro detalle que la nota oficial no daba: de los 14 millones del convenio con la Cámara de Comercio de Ceuta —10 para dinamizar el comercio y 4 para hostelería y turismo—, la mitad son segundos tramos condicionados. Los 5 millones del segundo tramo comercial y los 2 del turístico solo se pagarán si antes se ejecuta y justifica al menos el 75% del primero, con informe favorable de la Secretaría de Estado correspondiente.

La cifra global de 309 millones, en cambio, no aparece en el decreto: el texto va concediendo créditos extraordinarios y suplementos artículo por artículo —62.958.000 euros para el Ministerio de Juventud e Infancia, 3,5 millones para el INGESA, 2 millones para la desalinizadora, 650.000 euros de formación—, sin una suma total en ninguna parte.

Fuera los polideportivos y el Hospital Militar; entran el puerto y el K8

El segundo texto del boletín, dictado por Presidencia del Gobierno, modifica los anexos del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declaró Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional y enumeraba los espacios disponibles para la acogida temporal. Es la primera revisión de esa lista, ocho días después, y produce efectos desde el mismo 2 de septiembre.

Del inventario del Estado desaparecen la nave de la antigua fábrica de harina y los terrenos sin uso del acuartelamiento Coronel Fiscer, ambos de Defensa, y el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo, del Ministerio de Educación. Entran el acuartelamiento K8, dos parcelas de la ampliación de poniente fase I del Puerto de Ceuta y unos terrenos del Ministerio de Vivienda en Loma Colmenar. Siguen Loma Margarita, la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y la explanada del Guano.

El recorte es mayor en el inventario de la Ciudad Autónoma, que queda reducido a un solo espacio: el aparcamiento del Embolsamiento, en Loma Colmenar. Salen el antiguo Hospital Militar y los cinco polideportivos cubiertos que figuraban en el decreto de agosto: Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor. El curso escolar en la ciudad arranca el 8 de septiembre.

El decreto justifica el cambio en que los nuevos espacios «ofrecen, en este momento, la oportunidad de estar en condiciones de ser usados de forma más inmediata» y generan «un menor impacto en las actividades de la población ceutí». Quien decidió es el Comité de Situación para Ceuta, que revisó la lista el 28 de agosto «con presencia de la ciudad de Ceuta en su calidad de vocal» y la elevó al Consejo de Seguridad Nacional para informe.

Ese procedimiento es el que el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, habían pactado el 25 de agosto —lista revisable, decidida por consenso, con los polideportivos solo para casos extremos— y que no llegó a escribirse en el decreto publicado. El compromiso no está en la norma, pero la primera revisión lo ha seguido.

Fuentes

• «BOE» núm. 216, de 2 de septiembre de 2026: Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta (páginas 118281 a 118324) y Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta (118325 a 118328).
• Redacción anterior del artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023: Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, disposición final sexta. Redacción anterior del artículo 36 de la Ley 20/2007: Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, disposición final segunda.
• La Moncloa, «El Gobierno aprueba el plan de choque para Ceuta…», 1 de septiembre de 2026.
• Europa Press, «El Gobierno aprueba 309 millones en ayudas para los servicios, seguridad y tejido económico de Ceuta», 1 de septiembre de 2026.