El Pleno del Congreso vota el jueves 10 de septiembre de 2026 la proposición de ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, cuando el territorio estaba bajo administración española. La fecha del debate la adelantó Europa Press, que cifra en unas 80.000 los posibles beneficiarios. Lo que se somete a votación es el dictamen de la Comisión de Justicia, publicado el 7 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

La vía elegida es la carta de naturaleza, el atajo excepcional para hacerse español: el artículo 21.1 del Código Civil la reserva a quienes concurran «circunstancias excepcionales» y la concede el Gobierno de forma discrecional, caso por caso. La ley da esas circunstancias por acreditadas para todo un colectivo —los saharauis nacidos en el territorio antes de aquella fecha— «aun cuando no tengan residencia legal en España».

Quien pida la nacionalidad tendrá que probar dónde y cuándo nació. Sirven el documento nacional de identidad español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo del referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, el certificado de nacimiento apostillado o legalizado, y los certificados de nacimiento, libros de familia o acreditaciones de empleado público expedidos por la administración española en el Sáhara. La Comisión de Justicia añadió una segunda lista, que se valorará en conjunto: certificados de escolarización, pensiones de jubilación, permisos de conducir españoles, certificados de hospitalización y asistencia médica y cualquier otro papel de una autoridad española donde figure ese nacimiento.

El procedimiento tiene plazos tasados. La solicitud es gratuita y se podrá presentar durante tres años desde la entrada en vigor de la ley, prorrogables un año más; la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública debe resolver en un año, con informe previo de Interior y de Justicia, y si no resuelve la petición se entiende denegada por silencio administrativo. Los hijos de quien obtenga así la nacionalidad tendrán cinco años para pedirla también. La ley entrará en vigor cuatro meses después de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y obliga al Gobierno a habilitar en seis meses un procedimiento específico en la aplicación informática de nacionalidad.

Hay una segunda pata, más silenciosa: el texto modifica el artículo 22.1 del Código Civil para sumar a los saharauis a la lista de quienes pueden nacionalizarse tras solo dos años de residencia legal, junto a los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y a los sefardíes. La norma general son diez años.

De la nevera al procedimiento de urgencia

La iniciativa (expediente 122/000072) la registró el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y la Mesa del Congreso la admitió a trámite el 19 de marzo de 2024. Arrancó con el voto en contra del PSOE, según Europa Press, y se reactivó de golpe en julio de 2026: el 14 de julio la Mesa acordó, a petición de socialistas y de Sumar, tramitarla por el procedimiento de urgencia; ese mismo día la ponencia elevó su informe a la Comisión de Justicia, que aprobó el dictamen el 23 de julio. En esa votación Vox votó en contra y el PP y Junts se abstuvieron, según la agencia.

El PP mantiene vivas ante el Pleno ocho enmiendas —de la 25 a la 32, firmadas el 24 de julio por su portavoz, Ester Muñoz—, que tocan la rúbrica, la exposición de motivos, los dos artículos, la disposición adicional y tres disposiciones finales, entre ellas la reforma del Código Civil. Junts, que dice compartir el fondo, acusó al PSOE y al Gobierno de «instrumentalización política» por reactivar «deprisa y corriendo» una norma parada año y medio, y Vox sostuvo que la medida animará a «muchos saharauis a cruzar el Estrecho», según recogió Europa Press. Si el Pleno aprueba el texto, este pasará al Senado (artículo 90 de la Constitución).

Una votación con Marruecos de fondo

Marruecos reivindica como propio el Sáhara Occidental —territorio que la ONU sigue considerando pendiente de descolonizar y del que España es de iure potencia administradora, como recordó el Frente Polisario en julio— y se ha opuesto a la tramitación de esta ley. Portavoces de partidos nacionalistas marroquíes la han presentado como una «ofensa», algo que rechaza uno de sus impulsores, el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago: la norma responde, dijo, «al abandono del pueblo saharaui por parte de España». El dirigente de Izquierda Unida confía en que lo ocurrido en Ceuta no mueva el voto de quienes ya se pronunciaron a favor y pidió a Vox que cambie de posición «para no situarse en una posición que sólo beneficia a Marruecos».

El calendario no ayuda a la calma. El Pleno vota seis semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio —más de 70.000 personas en un solo día, 72.000 según el Ministerio del Interior— y en plena polémica por el informe de la unidad de inteligencia de Extranjería de la Policía que atribuye a fuerzas de seguridad marroquíes el «guiado activo» de aquella avalancha: el ministro Fernando Grande-Marlaska pidió verificarlo y la cúpula policial se contradijo sobre su existencia. Desde 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez respalda el plan marroquí de autonomía para el territorio y dejó atrás la defensa del referéndum de autodeterminación que el PSOE sostuvo durante décadas.

Fuentes

• Europa Press, «La ley para conceder la nacionalidad española a saharauis llega al Congreso en plena crisis con Marruecos por Ceuta», 6 de septiembre de 2026, 11.14 CEST (09.14 UTC).
• Congreso de los Diputados, dictamen de la Comisión de Justicia y escrito de mantenimiento de enmiendas sobre la proposición de ley 122/000072, «Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie B, núm. 84-8, 7 de agosto de 2026.
• Congreso de los Diputados, acuerdo de tramitación por el procedimiento de urgencia, serie B, núm. 84-6, 17 de julio de 2026, y texto presentado por el Grupo Plurinacional Sumar, serie B, núm. 84-1, 22 de marzo de 2024.
• Código Civil, artículos 21 y 22, y Constitución española, artículo 90, en el «Boletín Oficial del Estado».

Fuente periodística única: la convocatoria del Pleno y las posiciones de los grupos proceden solo de Europa Press (confianza alta). El contenido de la ley y su tramitación están verificados en los boletines oficiales del Congreso enlazados arriba.