La instrucción del llamado «caso Begoña Gómez» llegó a su final el martes 8 de septiembre de 2026 con media hora de vista y una petición: la absolución. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se opuso a que el juez Juan Carlos Peinado la envíe a juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación —desviar dinero o bienes públicos a fines privados— y tráfico de influencias, según informó Europa Press citando fuentes jurídicas. Rige la presunción de inocencia: no hay juicio celebrado ni condena.

El trámite se llama audiencia preliminar y es el último paso previsto en la Ley del Jurado antes de que el instructor decida si abre juicio oral. Las partes exponen sus posiciones; el juez resuelve después.

La Fiscalía pide el archivo; Hazte Oír, 13 años de cárcel

El abogado de Gómez, Jaime Campaner —el penalista mallorquín que la defiende desde julio—, solicitó el sobreseimiento del caso, es decir, su archivo sin juicio. En la misma línea se pronunciaron la defensa de Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en Moncloa, también acusada, y la Fiscalía, que pide la absolución de ambas.

La acusación popular —la que ejerce un particular o una entidad sin ser víctima del delito— que lidera la organización Hazte Oír mantuvo su posición contraria: reclamó la apertura de juicio oral, con penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez por presunta malversación. No pidió medidas cautelares para ninguna de las dos; según El País, renunció a solicitar de nuevo la retirada del pasaporte de Gómez.

La defensa de Gómez fue más allá y planteó la ineficacia de esa acusación popular por defectos que considera insubsanables: reprocha a Hazte Oír haber trufado su escrito de referencias a atestados policiales y a declaraciones de la fase de instrucción, cuando —sostiene— debía limitarse a narrar hechos.

Un vuelo desde Palma y una vista con hora y cuarto de retraso

La vista estuvo a punto de no celebrarse ese día. El lunes 7 de septiembre, Gómez y Álvarez pidieron aplazarla: Campaner, que reside en Palma de Mallorca, tenía billete para volar el martes a Barcelona por otro proceso judicial, y Álvarez está de vacaciones fuera de España hasta el 28 de septiembre, según su escrito. Peinado mantuvo la convocatoria y citó a las partes a las 18.00 en los juzgados de Plaza de Castilla. La mañana del martes, Campaner comunicó al juez que el asunto de Barcelona se había anulado y que podía volar a Madrid, aunque no aterrizaría antes de las 17.50. La audiencia arrancó a las 19.15, cuando llegó el letrado, y duró media hora. El abogado de Álvarez se reservó el derecho a recurrir por nulidad por la premura de la convocatoria.

El juez dio el paso pocas horas antes de irse unos días de vacaciones, según comunicó a las defensas en un escrito al que se refiere El País.

Qué se investiga y qué queda por delante

La causa se sigue por la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y por las labores de Álvarez en Moncloa. En sus escritos de defensa, ambas reclamaron ser absueltas. Gómez sostiene que «en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse» y que «no se apropió» del software de la UCM, que colaboraba con la universidad «mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno», desde 2012, y que no influyó en autoridades ni funcionarios aprovechando su vínculo matrimonial. Álvarez afirma que no intervino en el registro, la contratación ni la transferencia de ese software y que actuó «siempre siguiendo instrucciones» de Gómez, convencida de no hacer nada ilegal.

La audiencia llega después de que en julio la Audiencia Provincial de Madrid confirmara la decisión de Peinado de enviar a Gómez a juicio con jurado popular, pero corrigiéndolo en dos puntos: archivó dos delitos y ordenó levantar las medidas cautelares que el instructor le había impuesto —retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y obligación de firmar cada quince días en el juzgado—. La UCM, personada como perjudicada, reclama a Gómez y Álvarez 113.509,32 euros de responsabilidad civil. En agosto, Peinado remitió a la Fiscalía Europea y archivó en su juzgado la pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés.

Esta es, además, una causa distinta de la que llevó a un juez de Majadahonda a citar a Gómez a declarar el 23 de octubre por un presunto delito de denuncia falsa contra el comunicador Vito Quiles.

Fuentes

• Europa Press, «Begoña Gómez se opone la apertura de juicio y pide su absolución en la audiencia preliminar», 8 de septiembre de 2026.
• El País, «El juez Peinado encamina a Begoña Gómez hacia el banquillo antes de irse unos días de vacaciones», José María Jiménez Gálvez, 8 de septiembre de 2026.

No ha sido posible enlazar el documento primario: ni el auto de convocatoria de la audiencia preliminar ni los escritos de defensa son públicos. Todo lo atribuido a esos escritos procede de las dos fuentes citadas.

Proceso judicial en curso. Al tratarse de una causa penal abierta contra personas identificables, esta pieza va marcada push: nunca y no puede publicarse automáticamente: queda a la aprobación del editor, según la política editorial de CLAUDE.md.