La Universidad Complutense de Madrid (UCM) reclama que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, le abonen 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil, la compensación económica por el perjuicio que la acusación atribuye al presunto delito. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales —el documento en que cada parte fija su posición antes del juicio— que la universidad, personada en la causa como perjudicada, ha remitido al juez instructor, Juan Carlos Peinado, según informó el 28 de julio de 2026 Europa Press, que ha tenido acceso al documento. Sobre ambas rige la presunción de inocencia: no hay juicio celebrado ni condena.

Cómo calcula la cifra

La UCM hace suyos los hechos del auto de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó «indicios racionales suficientes» de un presunto delito de malversación de caudales públicos —el desvío de dinero o bienes públicos a fines particulares—, tras archivar los de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y que mantuvo el juicio con jurado popular.

La universidad identifica dos focos del perjuicio. El primero es el software desarrollado en el marco de la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez: la Complutense lo considera un activo propio, financiado con aportaciones de entidades colaboradoras y recursos de la institución, y aprecia indicios de que habría sido «desviado al ámbito de disponibilidad exclusiva de la investigada» mediante el registro del dominio y de la marca a favor de la mercantil Transforma TSC «sin conocimiento ni autorización» de la universidad. Que parte de los recursos de la cátedra fueran privados, sostiene el escrito, «no altera su naturaleza», porque quedaban afectados a fines de interés público universitario.

El segundo foco son las retribuciones pagadas con fondos públicos a personal cuya actividad, indiciariamente, se habría destinado a fines particulares. La suma de ambos conceptos —la pérdida de disponibilidad del software y el coste de esas retribuciones— arroja los 113.509,32 euros que la universidad cuantifica «provisionalmente».

Respecto a Álvarez, la UCM asume el argumento de la Audiencia de que su eventual responsabilidad sería como cooperadora necesaria —quien, sin ser autor del delito, aporta una colaboración imprescindible—, por una participación que habría excedido las funciones de su puesto en la Presidencia del Gobierno.

La Fiscalía, en sentido contrario

La Fiscalía ha trasladado al juez que «no se formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio» y que presentará conclusiones absolutorias para Gómez y Álvarez, según otro escrito al que también accedió Europa Press. El ministerio público ya defendió esa posición antes de que la Audiencia archivara dos de los delitos que atribuía el instructor.

Por otra parte, en una providencia del 28 de julio, Peinado dio tres días a las defensas para comunicar si renuncian a la audiencia preliminar sobre la procedencia de abrir juicio oral y cinco días para presentar sus escritos de defensa.

Un caso camino del jurado popular

La reclamación de la UCM llega con la causa en su recta final hacia un juicio con jurado —nueve ciudadanos sorteados— por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial rebajara de cuatro a dos los delitos imputados y levantara las medidas cautelares. Gómez acaba de cambiar de abogado para ese juicio: el penalista Jaime Campaner sustituye al exministro Antonio Camacho. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, pide para ella 13 años de prisión.

Fuentes

• Europa Press: «La UCM pide que Begoña Gómez y su asesora devuelvan más de 100.000 euros por presunto delito de malversación», 28 de julio de 2026. La agencia cita el escrito de la UCM, el de la Fiscalía y la providencia del juez, a los que dice haber tenido acceso.