El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, quiere saber quién ha sido dueño de la aerolínea y desde cuándo. Ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional —la brigada especializada en delitos económicos y blanqueo— «un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra». Lo hizo mediante una providencia, la resolución breve con la que un juez ordena trámites, a la que tuvo acceso Europa Press el 4 de agosto de 2026. Con ella, el instructor concede lo que había pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Qué quiere reconstruir el fiscal

El escrito del Ministerio Fiscal, al que también accedió la agencia, arranca en el origen de la compañía: Plus Ultra se constituyó en 2011 y sus socios fundadores fueron Julio Martínez Sola —investigado en la causa y hasta el 24 de julio presidente de la aerolínea— y Fernando González Enfedaque.

A partir de ahí, la fiscal subraya «la existencia de diversos cambios accionariales, particularmente significativos a partir del año 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano». Desde ese año, añade, «la sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital», como el empresario Rodolfo Reyes, sobre el que pesa una orden de busca y captura.

El punto que interesa a la instrucción es si ese cambio de dueños pesó cuando la aerolínea pidió dinero público. «El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis», sostiene el escrito. Por eso pide a la UDEF «un exhaustivo informe de análisis de la historia registral completa de Plus Ultra desde su constitución hasta la fecha actual» —es decir, todo el rastro que la empresa ha dejado en el Registro Mercantil—, con los cambios accionariales, «los desembolsos concretos y efectivos» y cuanto afecte a su financiación.

elDiario.es recoge el mismo encargo y atribuye la petición a la fiscal Elena Lorente, que busca esclarecer el «impacto» que la entrada de los inversores venezolanos «pudo tener en la concesión del rescate». Ese medio sitúa la constitución de la empresa en agosto de 2011 y describe a Reyes como accionista mayoritario mientras se tramitaba la ayuda.

Una fecha que no encaja del todo

La fecha que da el escrito fiscal para la solicitud de la ayuda —1 de septiembre de 2021— es posterior a la concesión. El Consejo de Ministros autorizó los 53 millones el 9 de marzo de 2021, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE): un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19, a devolver en un máximo de siete años, según la referencia oficial de aquella reunión, como ya detalló Actualidad Libre el 24 de julio. Actualidad Libre no ha podido consultar el escrito de la Fiscalía ni la providencia —no son documentos públicos— y reproduce ambas piezas atribuidas a las agencias que dicen haber tenido acceso a ellas, sin poder aclarar a qué trámite concreto se refiere esa fecha de septiembre.

La causa, en pie desde diciembre de 2025

El caso Plus Ultra investiga presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros que el Estado concedió a la aerolínea en plena pandemia. Europa Press señala que el juez sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias —valerse de la relación con quien decide para inclinar una decisión pública a cambio de un beneficio— que habría obtenido dinero por influir en esa concesión, hechos por los que acordó su imputación. Es una decisión de instrucción, no una condena: rige la presunción de inocencia mientras no haya sentencia. La Policía registró su despacho el 19 de mayo de 2026, en un episodio del que salió la pieza separada de las joyas.

El encargo a la UDEF es la segunda diligencia policial conocida en una semana. El 29 de julio de 2026, el mismo juez autorizó a los agentes a investigar decenas de cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y su secretaria, según adelantó Europa Press.

En la aerolínea, el calendario judicial sigue su curso. Martínez Sola y el consejero delegado, Roberto Roselli, están citados a declarar como investigados el 7 y el 8 de septiembre de 2026, y dimitieron de sus cargos el 24 de julio sin que eso los aparte del procedimiento. Ambos fueron detenidos en diciembre de 2025 por la propia UDEF y quedaron después en libertad con medidas cautelares.

Fuentes y límites

El hecho lo sostienen dos fuentes independientes que dicen haber accedido a la providencia y al escrito fiscal: Europa Press y elDiario.es. Ninguna de las dos publica los documentos, de modo que las citas literales van atribuidas a ellas. Ni Plus Ultra ni la Fiscalía se han pronunciado públicamente sobre este encargo. Un informe policial pedido en instrucción no prejuzga su resultado: lo que la UDEF concluya sobre la propiedad de la aerolínea está por escribir.