El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, dimitieron el viernes 24 de julio de 2026. La renuncia la adelantó ABC; fuentes cercanas a la compañía la confirmaron a Europa Press y fuentes de los accionistas, a EFE, según recogió elDiario.es. Ninguno de los dos ha hecho pública una explicación, y la aerolínea no ha difundido comunicado alguno.

Los dos están investigados por un presunto delito de tráfico de influencias —valerse de la relación con quien decide para inclinar una decisión pública a cambio de un beneficio— en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre el rescate estatal de 53 millones de euros a la compañía.

El relevo lo tiene que autorizar la SEPI

Para dirigir la empresa se ha propuesto al accionista minoritario Hugo Castaño, que reuniría en un solo cargo la presidencia y la dirección ejecutiva. El nombramiento no depende solo de la aerolínea: Plus Ultra es una compañía «supervisada» desde que recibió el dinero público, de modo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —el holding público que gestiona las participaciones empresariales del Estado y administra el fondo del rescate— debe dar su visto bueno en las próximas semanas.

Lo que los propios directivos han reconocido ante el juez

La dimisión llega días después de que Martínez Sola y Roselli enviaran al juzgado sendos escritos en los que admiten que Plus Ultra firmó un contrato con una sociedad del empresario Julio Martínez Martínez —amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero— para pagarle «elevadas cantidades de dinero» por labores de «acompañamiento» en la tramitación de la ayuda pública.

Según esos escritos, el contrato —suscrito, precisa elDiario.es, con la sociedad Idella Consulenza— vinculaba «directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI» y fijaba el precio en el 1% del rescate: 530.000 euros. El dinero se canalizó a través de tres empresas ligadas a Martínez Martínez —249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 a Voli Analítica y 110.799,47 a IOT Domotic Europe— y en esa suma se computaron también 46 vuelos en clase preferente que el empresario pidió y no pagó. El contenido de esos escritos y las cifras que los acompañan se detallaron el 24 de julio por la mañana.

Conviene subrayar qué son esos documentos: alegaciones de las defensas, no hechos declarados probados por un tribunal.

Un calendario judicial que sigue en pie

Dimitir no aparta a nadie de una causa. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citó el 24 de julio a los dos directivos para declarar como investigados el 7 y el 8 de septiembre de 2026. Estar investigado significa que el juez aprecia indicios para llamar a alguien a declarar con derechos de defensa: no es una acusación formal ni una condena, y rige la presunción de inocencia mientras no haya sentencia.

Ambos fueron detenidos en diciembre de 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tras más de un año de investigación, y quedaron después en libertad con medidas cautelares.

El rescate, en el documento original

El Consejo de Ministros autorizó la operación el 9 de marzo de 2021: 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), repartidos en un préstamo participativo de 34 millones y uno ordinario de 19, con un plazo máximo de siete años para devolverlos, según la referencia oficial de aquel Consejo de Ministros. El fondo, creado en julio de 2020 y dotado con 10.000 millones, se destinó a reforzar la solvencia de empresas no financieras consideradas estratégicas y golpeadas por la pandemia. Esa misma referencia cifraba entonces la plantilla de Plus Ultra en 345 trabajadores directos.

Fuentes y límites de esta información

La dimisión la sostienen dos fuentes independientes: Europa Press, que cita a fuentes cercanas a la aerolínea, y elDiario.es, que se apoya en EFE y en fuentes de los accionistas y acredita a ABC como el medio que lo adelantó. Los escritos de las defensas y las resoluciones del juez Calama no son documentos públicos: Actualidad Libre no ha podido consultarlos ni verificarlos de forma independiente, y los reproduce atribuidos a las agencias que dicen haber tenido acceso a ellos. Ni Plus Ultra ni la SEPI se habían pronunciado públicamente sobre las dimisiones ni sobre el relevo al cierre de esta información.

Sobre la fecha del rescate conviene un apunte, porque las coberturas bailan: Europa Press lo ha situado unas veces en 2020 y otras en marzo de 2021, y elDiario.es se limita a fecharlo «en pandemia». La referencia del Consejo de Ministros enlazada más arriba lo fija sin ambigüedad el 9 de marzo de 2021, sobre un fondo aprobado en julio de 2020.