El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del llamado «caso Plus Ultra», ha citado a declarar como investigados al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. Las declaraciones están señaladas para el 7 y el 8 de septiembre de 2026, respectivamente. El juez lo ha acordado en una providencia —una resolución breve, de trámite— a la que dice haber tenido acceso Europa Press.

Estar investigado —lo que antes se llamaba estar imputado— significa que el juez aprecia indicios para llamar a alguien a declarar con derechos de defensa. No es una acusación formal ni una condena: rige la presunción de inocencia mientras no haya sentencia.

Qué dicen los escritos de las defensas

La citación llega después de que los dos directivos remitieran al juzgado, el lunes 20 de julio, dos escritos de idéntico contenido, también recogidos por Europa Press. En ellos sostienen que Plus Ultra pagó «elevadas cantidades de dinero» al empresario Julio Martínez Martínez, dueño de la sociedad Análisis Relevante y socio —según la agencia— del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Estado concedió a la compañía en 2020 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que gestiona las participaciones empresariales del Estado.

Todo lo que sigue procede de esos escritos de defensa, no de una resolución judicial que lo dé por probado. Según ese relato:

• El precio pactado fue el 1% del rescate, 530.000 euros, abonados a plazos entre 2020 y 2025: 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 a Voli Analítica y 110.799 a Domotic Europe.
• Parte se pagó en especie: 69.000 euros en billetes de clase preferente puestos a disposición del empresario desde 2021, después de que este aceptara no cobrar íntegramente en metálico.
• Se emitieron unas 40 facturas de entre 6.050 y 7.250 euros con el concepto «Honorarios mensuales. Elaboración de informe», pese a que, dicen, esos informes no existieron o los seis o siete que se entregaron eran «irrelevantes» para la compañía y una actividad «encubridora».
• A esos servicios los llamaron «eufemísticamente» de «acompañamiento». Las propias defensas los definen como «mordida», apoyándose en una conversación intervenida por la Policía Nacional en la que Roselli dice a un exconsejero de la aerolínea: «Así que por ahí vendrá la mordida».
• Los directivos afirman que nunca tuvieron «constancia fehaciente» de gestiones concretas ante la SEPI, pero que contratar al empresario fue «una medida desesperada» con el espacio aéreo paralizado por la pandemia.
• Hubo «otros pagos», de cuantía no precisada, por trabajos del empresario en Venezuela, entre ellos la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.

Los escritos fechan el primer contacto el 30 de abril de 2020: Martínez Sola, cuentan, recibió una llamada desde un número oculto que resultó ser la de Zapatero, de unos diez minutos, en la que le expuso la situación financiera de la empresa y la necesidad de un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En esa conversación, precisan, «no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones». Las defensas cierran admitiendo que «Plus Ultra ha cometido errores», pero niegan que la aerolínea sea «una sociedad pantalla»: alegan nóminas, cotizaciones y actividad real.

El otro frente: la nulidad que pidió Zapatero

El mismo día, Europa Press informó de que Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones —la vía para pedir que se anule lo actuado por vulneración de derechos fundamentales— que presentó la defensa de Zapatero, sin entrar en el fondo: lo hizo por presentarse fuera del plazo legal de veinte días, «un límite perentorio, que no admite ampliación ni interpretación extensiva», según el auto recogido por la agencia.

El juez sitúa el arranque del plazo el 25 de mayo, cuando las partes personadas pudieron consultar las actuaciones en la plataforma documental del procedimiento; el escrito se presentó el 25 de junio, dos días después del límite. En él, el expresidente pedía expulsar de la causa doce resoluciones, entre ellas el registro de su despacho del 19 de mayo y la pieza separada abierta para investigar el origen de unas joyas intervenidas allí, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros. La inadmisión no se pronuncia sobre si hubo o no vulneración de derechos.

Contexto y trazabilidad

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra se aprobó en 2020 con cargo al fondo de la SEPI para empresas estratégicas afectadas por la pandemia, y ha sido objeto de controversia política y judicial desde entonces. La causa la instruye la Audiencia Nacional tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Esta información se apoya en una única fuente, la agencia Europa Press, que cita documentos judiciales a los que ha tenido acceso. La providencia de citación, los escritos de las defensas y el auto sobre la nulidad no son documentos públicos, por lo que Actualidad Libre no puede enlazar el original ni ha podido verificarlos de forma independiente. Ninguno de los hechos atribuidos a las defensas ha sido declarado probado por un tribunal.