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Anticorrupción pide ampliar la tasación de las joyas intervenidas a Zapatero

La fiscal del «caso Plus Ultra» ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que requiera a la joyería Ansorena una ampliación de su informe sobre las joyas halladas el 19 de mayo de 2026 en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros. Quiere conocer su valor actual de mercado y la fecha en que se engarzaron las piezas.

Renato · 24 de julio de 2026 · nacional

Fachada del palacio del marqués de Fontalba, sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid, con su verja de hierro cerrada y el rótulo «Fiscalía General del Estado» sobre el muro.
Imagen de archivo: sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid, de la que depende la Fiscalía Anticorrupción (fotografía de mayo de 2022). (Foto: Zarateman, CC0 (Wikimedia Commons))

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para que requiera a la joyería y casa de subastas Ansorena —autora del primer informe— una ampliación del análisis de las joyas intervenidas el 19 de mayo de 2026 en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La fiscal del caso, Elena Lorente, pide dos datos que no da por resueltos: el valor actual de mercado de las piezas y la fecha en que fueron engarzadas, es decir, cuándo se montaron las piedras sobre su soporte de metal.

La información la adelantó El Mundo la noche del 23 de julio, citando fuentes fiscales. La confirmaron después Europa Press, también con fuentes fiscales, y elDiario.es y La Vanguardia, estos dos con fuentes jurídicas propias, en la mañana del 24 de julio.

Ni el escrito de la Fiscalía ni el informe de Ansorena son documentos públicos: no hay original que enlazar y esta redacción no ha podido leerlos. Todo lo que sigue procede de esas cuatro informaciones y de las fuentes que citan.

Por qué la Fiscalía no se queda con la primera tasación

Ansorena valoró el conjunto de lo hallado en 1,3 millones de euros, una cifra que el propio informe presentaba como preliminar. Según El Mundo, la casa de subastas tasó 103 piezas con apoyo del Instituto Gemológico Español y advirtió de que aplicaba el «valor de reposición»: el que se usa para asegurar una joya, no el que alcanzaría al venderse. Ese criterio, decía la joyería en el mismo informe según ese diario, arroja «precios moderados» y puede «no ajustarse a los valores medios de mercado».

De ahí la primera petición. Anticorrupción sospecha que el valor real de las joyas es superior a 1,3 millones de euros, según coinciden El Mundo, La Vanguardia y elDiario.es. Es una sospecha de la acusación pública, no un hecho acreditado: solo una nueva tasación podría confirmarla o desmentirla.

En el desglose que publican El Mundo y elDiario.es, la pieza más valorada es un collar de oro blanco cuajado de diamantes y rematado por dos esmeraldas naturales de Zambia, tasado en 278.000 euros. Otros dos collares alcanzan 220.000 y 155.000 euros. elDiario.es añade que a otras piezas del lote los tasadores no les asignan precio por considerarlas bisutería.

La fecha del engarce y la prescripción

La segunda pregunta —cuándo se montaron las piezas— tiene, según La Vanguardia, un objetivo procesal: la prescripción, el plazo pasado el cual un delito ya no puede perseguirse. Fechar el engarce permitiría acotar la antigüedad de las joyas y responder a una eventual alegación de que los presuntos delitos ya han prescrito. Conviene subrayar de dónde sale esa lectura: es de La Vanguardia, que cita fuentes jurídicas. Ni Europa Press ni elDiario.es la recogen, y la Fiscalía no ha hecho público el escrito ni sus motivos.

La Vanguardia y elDiario.es coinciden en un detalle de calendario: la petición se cursó «hace unos días», antes de la entrevista televisada del expresidente del 23 de julio, y no como reacción a ella.

Dónde encaja esto en la causa

Zapatero está investigado —la ley llama así a la persona a la que un juez atribuye indicios de participación en un delito y a la que, por eso mismo, reconoce derecho de defensa; no es una acusación formal ni una condena— en la causa que instruye Calama por su presunta influencia en el rescate de 53 millones de euros que el Estado concedió en 2020 a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

En ese marco, la Policía Nacional registró su despacho el 19 de mayo de 2026 y encontró las joyas en una caja fuerte. El registro lo practicó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según El Mundo y La Vanguardia. Tras la tasación preliminar, el juez amplió la investigación y le atribuyó dos presuntos delitos más: contra la Hacienda Pública y de contrabando. El expresidente no ha explicado ante el juez el origen de las joyas, según Europa Press y La Vanguardia.

El mismo 24 de julio, Calama citó como investigados al presidente y al consejero delegado de Plus Ultra para el 7 y el 8 de septiembre, y rechazó por presentarse fuera de plazo el incidente de nulidad con el que la defensa del expresidente pedía anular una docena de resoluciones, entre ellas el registro del despacho.

Qué ha dicho Zapatero

El 17 de junio, cuando declaró como investigado en la Audiencia Nacional, no respondió a las preguntas sobre las joyas. Según La Vanguardia, dijo al juez que en siete o diez días estaría en condiciones de aportar la documentación sobre su procedencia; más de un mes después, esa explicación no ha llegado al juzgado.

El 23 de julio, en una entrevista en Televisión Española —la primera desde que se abrió la investigación—, sostuvo que las joyas fueron «un regalo de cortesía personal de hace muchos años», sin precisar quién se lo hizo, y negó tener «afán patrimonial» o «intención de defraudar». Añadió que la valoración de Ansorena «será sometida a contradicción», esto es, discutida en el procedimiento con un perito de parte.

Zapatero no ha sido acusado formalmente ni condenado por estos hechos, y le ampara la presunción de inocencia. Ninguna de las sospechas atribuidas a la Fiscalía en esta información ha sido declarada probada por un tribunal.

Fuentes

Los cuatro medios trabajan con fuentes no identificadas —fiscales o jurídicas— y ninguno publica el escrito de Anticorrupción, que no es público. Actualidad Libre no ha tenido acceso a él.