El Gobierno extiende el mercado de CO₂ a carburantes y edificios
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre de 2026 un real decreto-ley que obliga desde 2028 a quienes venden combustibles para edificios y transporte por carretera a pagar derechos de emisión de CO₂. Completa una transposición europea que vencía a finales de 2023 y abre la puerta a unos 6.800 millones del Fondo Social para el Clima.
Llenar el depósito y encender la caldera de gas o de gasóleo tendrán un precio de carbono en Europa a partir de 2028. España dio el 20 de noviembre de 2026 el paso legal que le faltaba. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que modifica la Ley 1/2005 del comercio de derechos de emisión e incorpora el ETS2, el nuevo mercado europeo de emisiones para los combustibles de edificios y del transporte por carretera, según la referencia oficial del Consejo de Ministros.
Un mercado de emisiones funciona así: la autoridad fija un techo de toneladas de CO₂ y lo reparte en derechos, que se subastan o se regalan; quien emite debe entregar un derecho por cada tonelada. Hasta ahora ese sistema europeo —el ETS, por sus siglas en inglés— cubría centrales eléctricas, industria pesada, aviación y navieras. El ETS2 lo lleva a la calefacción y los carburantes.
Quién paga
La obligación no recae sobre el conductor ni sobre la familia que calienta su casa, sino sobre las empresas que comercializan los combustibles. Ellas vigilan y notifican sus emisiones desde 2024 y deberán entregar los derechos a partir del 1 de enero de 2028, según la referencia de La Moncloa. Que ese coste acabe trasladándose al precio del surtidor y de la factura es precisamente la razón de ser del fondo que acompaña a la norma. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifró en la rueda de prensa posterior al Consejo a quienes afecta el conjunto de la reforma: 900 instalaciones industriales y energéticas, 30 operadores aéreos, 600 navieras, 1.000 distribuidores de combustibles y más de 2.000 importadores, que según ella «llevan tiempo pidiendo esa seguridad» jurídica, recoge Europa Press. Esas cifras son del ministerio y no constan en la referencia oficial.
El decreto-ley actualiza además las reglas para la industria y la generación eléctrica, que deberán recortar sus emisiones un 62% en 2030 respecto a 2005, adapta el régimen de la aviación e integra del todo el transporte marítimo. Asigna derechos gratuitos a tecnologías nuevas como el hidrógeno renovable.
El dinero: 6.800 millones europeos, 9.000 con la parte española
La transposición era requisito para acceder al Fondo Social para el Clima, el instrumento con el que la Unión Europea pretende amortiguar el golpe del ETS2 en los hogares y las pequeñas empresas vulnerables. Según la referencia del Gobierno, España «podrá optar» a recibir alrededor de 6.800 millones de euros entre 2026 y 2032. Como el fondo exige que cada país ponga al menos el 25% de su plan, la suma movilizable ronda los 9.000 millones. La cifra de 9.000 millones no es, por tanto, dinero europeo adicional: incluye la cofinanciación que sale del presupuesto español.
Aagesen dijo que ese dinero irá a rehabilitar barrios y viviendas, a intervenir en entornos urbanos vulnerables, a promover vivienda social, a la movilidad rural y a un transporte público «accesible y asequible». A ello se sumarán los ingresos de las subastas de derechos del ETS2. «Estamos dando un paso necesario para ese compromiso de una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables», defendió.
Tarde y con el plan pendiente
El «podrá optar» de la referencia no es un matiz. El dinero del fondo llega a través de planes sociales para el clima que cada Estado presenta y la Comisión Europea aprueba uno a uno. El 27 de agosto de 2026, catorce meses después del plazo del 30 de junio de 2025, España seguía sin haber presentado formalmente el suyo, mientras Grecia ya tenía aprobado un plan de 4.770 millones (lo contamos aquí).
Tampoco la transposición llega a tiempo. La Directiva (UE) 2023/959, una de las dos que traslada este decreto-ley junto a la 2023/958, obligaba a los Estados a ponerla en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y el 30 de junio de 2024 para algunas de las piezas del ETS2. El Gobierno la completa casi tres años después de la primera fecha. Ambas directivas forman parte del paquete «Objetivo 55», que busca recortar al menos un 55% las emisiones netas de la UE en 2030 respecto a 1990.
Como todo decreto-ley, entra en vigor sin pasar antes por las Cortes, pero el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en los 30 días siguientes a su promulgación (artículo 86 de la Constitución). Con las Cortes disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, esa votación corresponde a la Diputación Permanente. A la hora de cerrar esta pieza, el texto aún no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Contexto
El mercado europeo de carbono está, a la vez, en revisión en Bruselas: el 19 de noviembre la comisión de Industria del Parlamento Europeo tumbó el compromiso que proponía nuevas rebajas para la industria (lo contamos aquí). En la misma rueda de prensa, Aagesen presentó el real decreto que exige renovables a los centros de datos (la noticia, aquí) y pidió que la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía), en su recta final, recoja la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, que el último borrador había suprimido, según Europa Press (la posición de la UE, aquí).
Fuentes
- La Moncloa, Referencia del Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2026, apartado «Nuevo mercado de emisiones para edificios y transporte por carretera» (documento primario).
- Europa Press, «El Gobierno vincula la reforma del mercado de emisiones a un fondo social de 9.000 millones para vivienda y transporte», 20 de noviembre de 2026.
- Europa Press, «España reclama que el acuerdo de la COP31 incluya la salida de los fósiles y el objetivo de electrificación», 20 de noviembre de 2026.
- EUR-Lex, Directiva (UE) 2023/959, artículo 2 (plazos de transposición).
- BOE, Constitución Española, artículo 86.